JUAN B. LORENZO DE MEMBIELA, AUTOR DE LA OBRA ‘RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS’
(10 min.)
9 de Diciembre de 2010
(10 min.)
“No creo que las retribuciones públicas de personal salven o quiebren la economía de un país”
9 de Diciembre de 2010- España es el país de la UE-15, con el número más bajo de funcionarios: 6,5 por 100 habitantes".
- La retribución "es el precio por un trabajo, que además suele ser eficiente y objetivo".
En tiempos de crisis económica muchos miran inmediatamente a la mensualidad de los trabajadores públicos como una de las amenazas para las cuentas del Estado. Por ello es una buena noticia la aparición de la monografía de Juan B. Lorenzo de Membiela, la cual, dotada de una amplísima documentación y un sólido cuerpo de doctrina pone negro sobre blanco que función pública es una institución compleja que merece ser tratada con objetividad no sólo en su dimensión económica sino también en su dimensión humana.
¿Qué vacío viene a llenar esta monografía?
No hablaría de "vacío", España cuenta con grandes administrativistas. Sí hablaría de diferente enfoque. Se ha trabajado sobre la idea de recoger un cuerpo de doctrina que fundamente jurídicamente el estudio pero complementado con resoluciones judiciales y especialmente resoluciones dictadas por órganos consultivos de la Administración Pública.
¿Desde qué óptica ha enfocado el amplio argumento de las retribuciones de los funcionarios?
He querido hacer un trabajo objetivo y riguroso. Amplio. Contrastado. En la práctica del Derecho la única óptica posible es la del imperativo de la Ley.
¿Con qué criterio seleccionó los dictámenes que incluye la obra en su parte final?
Las resoluciones vinculantes de la Dirección General de Tributos, sobre las diferentes retribuciones de los funcionarios, bajo un criterio temporal. Dada su importancia incorpora un índice analítico para un fácil manejo.
Los dictámenes de la Comisión Superior de Personal he intentado aportar los más recientes pero también los que recogen principios y reflexiones que pueden resultar operativos, bien por el criterio asumido por el órgano o por el razonamiento administrativo empleado.
¿Cómo pueden argumentarse las diferencias retributivas que hay entre funcionarios que desempeñan labores semejantes por el hecho de depender de diferentes administraciones?
El único argumento posible es el adoptado por cada Comunidad Autónoma, pues han actuado en ejecución de unas competencias transferidas previstas en la CE .
Mi opinión es la de evitar discriminaciones salariales territoriales en cuanto que esa constacion afecta negativamente a la motivación del empleado y a su autoestima profesional. No favorece la retención del talento y ello podría haber motivado distintas calidades en la gestión de los servicios.
¿Cree que son lícitas las quejas que han hecho públicas los funcionarios por el recorte en las retribuciones debido a la crisis económica española?
Son licitas y además legítimas en tanto que perjudicados. La retribución ha sido considerada como un derecho adquirido, propio, consolidado. Es el precio por un trabajo, que además suele ser eficiente y objetivo. La profesionalidad y responsabilidad de nuestros funcionarios es lo que ha permitido asumir esta medida restrictiva que aumenta la pérdida de poder adquisitivo que ya se arrastraba desde años atrás.
¿Hay estudios acerca del impacto de las retribuciones de los funcionarios en la economía?
Sobre criterios económicos, la decisión presenta distintas soluciones que no todas concurren en una reducción del personal público o de sus retribuciones. Por ejemplo, tanto el Primer Ministro Brown del Reino Unido como el Presidente Obama de EEUU con su American Recovery and Reinvestment Act , fomentan el empleo público como medida paliativa de la crisis, con óptimos resultados.
Otras alternativas apuntan a una congelación de las retribuciones como medida de austeridad pero no a una reducción o a una amortización de puestos de trabajo, conseguidos, hay que recordarlo, después de un proceso selectivo que es duro y muy competitivo, que responde a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
No creo que las retribuciones públicas de personal salven o quiebren la economía de un país, máxime cuando España es el país de la UE-15, con el número más bajo de funcionarios: 6,5 por 100 habitantes, alejado del 10% de Francia, del 12% de Finlandia, del 14% de Suecia o del 17% de Dinamarca, como justifica el Profesor-Catedrático Vicente Navarro de la Universidad Pompeu Fabra.
Esta estadística y su estudio disiente del informe "El coste de la Administración Pública en España" de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona, muy difundido por los medios en estos últimos meses. La función pública es una institución muy compleja que requiere ser tratada con objetividad, no sólo en su dimensión económica, también, y para mí de forma prioritaria, en su dimensión humana.
El colectivo funcionarial siempre ha estado cuestionado en tiempos de crisis, cabe consultar alguna bibliografía clásica para verificarlo, pero es ignorado en tiempos de bonanza económica. Para mí, este detalle, implica que nos encontramos con causas emotivas y no estrictamente científicas. Ahora bien, un agravamiento de la crisis y sobre un escenario de austeridad generalizada, sería insolidario no participar del mejor modo posible pero sin estereotipos previos que puedan desvirtuar la autentica naturaleza de la función pública.
Con independencia de todo ello, hace años que la tasa de reposición de efectivos, es decir, las plazas que quedan libres por jubilación u otros motivos extintivos es muy reducida, lo que motiva una disminución importante del personal, produciéndose, en ocasiones, una escasez de efectivos que puede comprometer el cumplimiento de los objetivos impuestos.
¿Cómo valoraría el incorporar criterios de productividad a la hora de fijar las retribuciones?
La gestión por objetivos, el llamado ‘Management for objetives' (MBO), se acordó implantar en las Administraciones Públicas de los países de la OCDE desde al menos 1986. Por ejemplo, la LOFAGE de 1997 los regula con detalle. Son fijados y controlados por los órganos superiores y directivos de la Administración. En función de su cumplimiento el funcionario percibe un incremento mayor o menor en su retribución.
Pero no olvidemos que el alcanzar o no objetivos responde a una estrategia gestora que debe ser elaborada por el directivo competente, no por el funcionario que cumple las órdenes recibidas.
¿Es viable reenfocar la jerarquía funcionarial a criterios más empresariales como trabajo en equipo, liderazgo, méritos en el desempeño del trabajo, coaching etc.?
En la práctica, la empresa privada padece las mismas deficiencias gestoras que las Administraciones Públicas. Para mí no hay una confrontación entre lo público y lo privado. Herbert Simon defendió esta tesis en su libro "Comportamiento Administrativo".
Muy pocas empresas incorporan otros esquemas directivos que no sean los burocráticos. Y tampoco incorporan otras estrategias que modifiquen estructuras y cultura clásica de gestión.
De mi experiencia como directivo hace algunos años como desde algunos estudios que he publicado he adoptado y defendido medidas disgregadoras de la excesiva concentración de poder. Este fenómeno suele producirse en prácticamente todas las organizaciones pues operan sobre un sistema burocrático en donde jerarquía-autoridad y subordinación-obediencia diseñan una administración insuficiente para cumplir altos niveles de eficiencia.
Las gestiones horizontales, con redistribución de parcelas de poder mucho más amplias, los equipos de alto rendimiento, la solución de problemas en un plazo adecuado, el fomento de la comunicación entre distintas unidades u otras administraciones o entidades privadas, así como una comunicación interna fluida y sincera. El respeto por el funcionario como persona y no como cosa, asumiendo sus circunstancias personales son prácticas de dirección enriquecedoras tanto para la organización como para el elemento humano, con resultados recíprocos muy provechosos a todos los niveles.
Las últimas tendencias de gestión administrativa, al menos en un ámbito doctrinal, han enfatizado la importancia de la persona como capital intangible en cualquier empresa. La crisis no debe ocasionar ni dar oportunidad a infracciones de derechos humanos, no puede reducirse al funcionario a un simple ‘input' productivo pues sería privarle de su dignidad como trabajador.
¿Qué criterios empresariales se han incorporado ya?
Como funcionario he visto la implantación del programa EFQM, modelo de calidad total que presenta ciertas semejanzas con las Normas ISO de calidad y su certificación para la empresa privada y algunas Administraciones que las haya solicitado . Aunque de mis estudios sobre este tema he observado que en gran medida la adopción de unas u otras medidas y más allá, que es lo complejo, su mantenimiento y vigencia, depende del directivo, de su formación, técnica y humana, y su talento.
La gestión del cambio en la organización siempre resulta costoso si de obtener eficiencia hablamos.
De ahora a diez años, ¿prevé algún cambio sustancial en el sistema retributivo a los funcionarios?
El Derecho no es una disciplina que permita ver más allá que las normas publicadas en el BOE cada día. Se podrían hacer pronósticos pero eso ya no es Derecho, sería otra cosa.
¿Quiere conocer el libro "Retribuciones de los funcionarios públicos"?
