Sucesos contemporáneos · Serie microensayos
Ética y gerencia pública y privada
Del concepto de ética a la ética organizacional y el liderazgo ético: por qué la ética es garante de la dignidad, de la democracia y del buen funcionamiento de las organizaciones públicas y privadas.
Por Juan B. Lorenzo de Membiela
⏱ 18 min de lectura
Ambrogio Lorenzetti,
Alegoría del Buen Gobierno, detalle de la Concordia (1338-1339). Siena, Palazzo Pubblico. Wikimedia Commons, dominio público.
FuenteSinopsis
| Idea principal | Conclusión |
|---|
| Concepto | La ética, del griego ethos, es la rama de la filosofía que estudia la moralidad de los actos humanos. |
| Ética y derechos fundamentales | Para Victoria Camps hay una sola ética universal, fundada en la dignidad y en los derechos fundamentales. |
| Ética pública y moral | Para Adela Cortina toda moral es pública, porque toda moral aspira a ser compartida. |
| Garante de la dignidad y la democracia | Villoria Mendieta rastrea los antecedentes de la ética pública en distintos países. |
| Organización pública y empleado público | Desde Eaton (1880), la profesionalidad y el mérito como base de una función pública íntegra. |
| Expansión a las organizaciones | La ética alcanza a las Administraciones, a las asociaciones profesionales y a la empresa privada. |
| Ética organizacional | Finalidad de la ética y su proyección sobre la gestión de las organizaciones. |
| Liderazgo ético | El directivo como ejemplo y garante de los valores de la organización. |
I. Concepto
Etimológicamente ética procede del griego ethos que significa uso o costumbre, pero se emplea usualmente como sinónimo de moral. Moral, etimológicamente, procede del latino mos-moris, perteneciente al carácter de la persona, o modo acostumbrado de obrar, acción o costumbre1.
La ética es una de las ramas de la filosofía que se ocupa del estudio de la voluntad y la acción moral. La ética es clasificada como disciplina normativa, o como teoría de los principios formales de la moralidad y de los valores morales o como lógica de los conceptos morales y análisis deontológico de las normas.
II. Ética y derechos fundamentales
Para Victoria Camps, la ética en un sentido abstracto y universal es una sola ética porque, unos son los derechos fundamentales y únicos los principios que establecen, por ejemplo, la dignidad absoluta de la persona humana o la exigencia de universalidad como criterio absoluto de moralidad de las acciones2.
Por ello, fundamenta la inadmisibilidad de distinguir una ética pública y otra privada porque, son unos solos los derechos fundamentales reconocidos a todas las personas, públicas y privadas, individuales o jurídicas en la CE, como también el valor de la dignidad del art. 10.1º complementado por los derechos fundamentales de los diversos Tratados Internacionales ratificados por España en virtud de la cláusula abierta del art. 10.2º CE.
III. Ética pública y moral
Para Cortina es incorrecto mantener la distinción entre «ética pública» y «moral o morales privadas», porque -por suerte o por desgracia, toda moral es pública, porque todas tienen vocación de publicidad, de hacerse públicas, de invitarse, de manifestarse3. Macintyre, sostiene la existencia de una sola ética, refutando la polémica surgida entre las dos éticas definidas por Max Weber: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad4.
Sin embargo es admitida la existencia de una ética pública y otra privada en atención a los valores o principios que se intentan potenciar en la actividad de sus miembros, sea a través de Códigos éticos, sea a través de Códigos de Conducta (en una correlación con las normas jurídicas de aplicación al ámbito público excluyendo al privado). Por ello, aunque la dignidad es un valor insoluble, sí contiene matices de distinta intensidad según donde se manifiestan: en lo público o en lo privado. Matizaciones leves, en todo caso, en atención al objeto de aplicación.
IV. La ética como garante de la dignidad y la democracia
Sobre esta breve diferenciación y aceptando la existencia de una ética pública, Villoria Mendieta profundiza en sus orígenes, encontrando lo que puede considerarse como antecedentes en diferentes países: China, en textos de Confucio o en la escuela de los Legistas que desde el s. VI a. C determinó criterios claros sobre la importancia de la eficiencia o de la objetividad5. También en la India observamos en el s. a.C. las reflexiones de Kautilya sobre la acción de gobierno6. También en los textos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y romanos, Séneca, existen obras que explican la acción de gobierno.
El cristianismo produjo una gran revolución ocasionando dos grandes cambios: El primero, la separación y la desconfianza de la política entendida como participación en la vida asociada pero admitiéndola como mal necesario. El segundo y más espectacular es que el cristianismo rompió con las teorías del naturalismo y del organicismo que se encontraban en todas las concepciones políticas de la antigüedad. Con ello, lo privado se impone sobre lo público, el hombre rompe los ligámenes que lo sujetaban a la sociedad y se eleva y se sitúa por encima de esta. Solo el hombre es partícipe de lo verdadero y de lo necesario7.
Con Agustín la política cristiana está sujeta a una serie de valores eternos y universales. Incidencia que constituirá el germen de la democracia y la construcción de la dignidad humana y con ello su motivación ética8. Por ello la moderna teoría de la democracia se encuentra fundada sobre la consideración del individuo en cuanto elemento originario, causa primera de la sociedad y del Estado. El hombre confiere la soberanía al Estado sobre una concepción contractualista, exigiendo que el Estado proteja y defienda sus derechos. Eso debería evitar la actuación arbitraria del Estado y la de los Poderes. Al final todo concluye con un razonamiento irrefutable: la democracia se construye sobre la dignidad9 de la persona y sobre sus organizaciones garantizando la libertad individual y la proyección de esa libertad y dignidad en las distintas facetas de las relaciones del hombre con otros como con el Estado y sus Poderes. Y ello nos lleva a otra conclusión, un Estado predador de la dignidad humana es un Estado que se deslegitima en tanto aliena a quien le sirve de causa originaria de existencia.
En la teoría de la organización pública se verá cómo estas ideas cristalizan en la actualidad con el surgimiento de la ética en la actuación pública, interna y externa, sobre la concurrencia de la dignidad del hombre y de sus derechos inalienables. Surge también como consecuencia de una demanda social que exige comportamientos transparentes de sus dirigentes y de los empleados del Poder Ejecutivo asumiendo compromisos que hagan respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La tensión entre profesionalidad – independencia del empleado frente al Poder político. También - y servicio al interés general – subordinación y sometimiento del funcionario con el poder ejecutivo marcará toda la lucha intelectiva hasta la actualidad.
V. Organización pública y empleado público: política y ética
En el siglo XIX, es destacable el estudio de Eaton en 1880 y su tesis sobre la profesionalidad y el mérito en el acceso a lo que hoy entendemos como función pública. Desarrolla la tesis de que el buen funcionamiento del servicio civil marca la pauta moral de la política nacional. Idea rescatada por Etzioni-Halevi en 1990, que postulan que el nivel de corrupción es una variable dependiente del bajo nivel de profesionalidad del servicio civil10. Esta tesis calará en otros autores pero no entrando a valorar la incidencia de la política en el desempeño de la gestión. Bajo una visión pesimista de la condición humana confiará en la razón y en la educación pero propuso medios de control y de autoridad sobre los empleados públicos. Su postulado ideológico radica sobre el mérito, unido al control de la imparcialidad que garantizaba el comportamiento ético de la Administración.
La separación entre política (partidista) y administración era admitida sin condiciones. Max Weber mantiene la tesis. Para Weber la burocracia es la forma organizativa propia de la modernidad como la legitimidad racional-legal es la más coherente forma de dominio en esta época. Sobre el funcionario pesa el deber de objetivar sus respuestas frente al ciudadano y para ello el sistema debe impedir que los intereses de partido influyan en la forma de gestionar intereses públicos. Existe una clara diferencia entre la política – esfera en la cual deben plantearse las divergencias éticas- y la administración, que se centra en la ejecución de esos planes con jerarquía, eficiencia, imparcialidad y búsqueda de la verdad11 (estimo que esa búsqueda de la verdad podría generar problemas con principios tales como jerarquía y eficiencia. Aunque es un concepto moralizante que pudo ser empleado para evitar arbitrariedades y con ello un control ético personal e interno de la propia Administración por sus empleados. Ejecución de las políticas públicas encomendadas pero con discernimiento del binomio justicia-injusticia equivalente al binomio objetivo-arbitrario).
Tras una etapa en la cual se barajaban distintos enfoques se llega a una situación en la cual hoy, renace de nuevo: control político en la administración o autocontrol deontológico del empleado público. Mientras Friedrich12 defiende los controles derivados de la profesionalidad y la aplicación de códigos deontológicos; Finer, en cambio, propone controles externos del derecho y la política13. Una posición ecléctica, la de Morstein Marx que refunde ambos criterios político y judicial pero también imponer a los funcionarios códigos deontológicos de buena conducta, junto a la lealtad a la organización. Además, Levitan considera que los empleados públicos están obligados a una entrega política a la democracia y a los ciudadanos.
Por ello, la dualidad de posiciones, hoy vigente, son: o los principios de burocracia, denominado ethos burocrático con sus valores de eficacia, eficiencia, jerarquía, centralización. Y aquellos que defienden el sometimiento del empleado (y por supuesto de la Administración) al régimen democrático y al interés general, como subraya Pugh14, el llamado ethos democrático.
Ambos criterios cohabitan en una tensión continua precisamente por la presión de la política que tiende a redireccionar las actividades públicas objetivas a los intereses subjetivos, que no siempre deben ser identificados con el interés general, aunque formalmente puedan ser disfrazados como tales. Pero la tensión está y estará allí, con mayor o menor intensidad en atención al intervencionismo que se intente aplicar. Por ello, hablar de ética en la política es importante y lo es porque la presión sobre la Administración afecta directamente a sus empleados pero también a los ciudadanos por un servicio que se presta que no es el más optimizado.
Vienen a colación las reflexiones de Aranguren 15 cuando afirma la problemática constitutiva de la relación entre ética y política, que ocasiona una tensión entre la lucha por la moral y el compromiso político, criterio sostenido por Fernández García16,pues la inexistencia de esa tensión únicamente se manifiesta en sistemas totalitarios. Criterio dramático sostenido además por Weber, Popper, Berlin y Aron.
Cabe la compatibilidad entre la tensión moral-política si se admite una ética cívico-política de mínimos sometida al respeto de la dignidad del ser humano, la seguridad, la autonomía, la libertad y la igualdad. Este primer nivel es garantizado por el Derecho cuando aquella falla, otorgándole un plus, una garantía de efectividad, siempre que el Poder judicial no se encuentre cooptado por las instituciones ejecutivas.
No conviene olvidar que la construcción de un Estado de Derecho se inició a raíz de las revoluciones burguesas del s. XVIII en donde se publicaron los Derechos del hombre y ese Estado de Derecho solo posee una finalidad, la lucha contra la arbitrariedad del poder, la tiranía absolutista
El Estado de Derecho equivale entonces a hablar del Estado liberal-democrático y de derechos humanos fundamentales, con los valores e instituciones que comprenden. Fernández García determina que por esta vía se moraliza la vida política y con ello, muy directamente, la Administración Pública.
En esta situación surgieron los Códigos éticos, que no precisamente fueron impulsados por la Administración sino adoptados por la misma del sector privado. Mendieta referencia el Código de la International City Manager´s de 192417.
VI. La necesaria expansión de la ética a las organizaciones e instituciones del Estado
Entre ambas concepciones, hoy, de plena actualidad, se desarrolla la actividad de las Administraciones Públicas, pero también, indiscutiblemente, asociaciones profesionales pertenecientes a otros Poderes del Estado. El binomio en sí tiene una trascendencia crucial pues la opción de uno u otro sistema, o aun imperando uno explícito, de modo legal, el ejercicio del otro, implícitamente, lesiona derechos de los ciudadanos, sometiéndolos a los criterios partidistas, a los criterios del Estado que en suma es lo que se denomina interés general. En el mayor número de las veces contrario a la pervivencia de los derechos de la persona. Y esa negación se manifiesta con más intensidad en conflictos con personas privadas, simples ciudadanos, que ven pisoteados sus derechos sin pudor basándose en el argumentum baculinum. En situaciones en donde la conflictividad ponga en entredicho la buena administración de cualquier Poder quiebran los derechos, por muchas garantías que se intenten reconocer a quienes corresponda enjuiciar. Y sobre esta consideración las políticas intervencionistas rompen la esfera de derechos del ciudadano.
En esta tesitura la creación de un órgano de fiscalización ajena a cualquier Poder seria conveniente, lejos de corporativismos que impiden la acción de la justicia, permitiendo, con ello, lagunas inmunes a la fiscalización democrática que son inadmisibles en un Estado de Derecho. Pero también, no olvidemos que muchas veces las limitaciones personales junto a las ideológicas provocan aberrantes razonamientos lejos de cualquier técnica o mecánica jurídica, pero se admiten y se respetan, sencillamente porque es inexistente – por inoperativa- la responsabilidad personal o colegial de personas u órganos investidos con poder. Lo que se está fraguando no es otra cosa que el agnosticismo del ciudadano respecto al Estado y sus Instituciones, lo que equivale a identificar como corrientes de pensamiento excluyentes de opciones que aniquilan el pluralismo jurídico y cultural.
No quiero que se interprete esta reflexión como una crítica al sistema. No, los poderes como tales y sus miembros son desempeñados por personas y a ellas corresponde direccionar la actividad de un modo u otro. A ellos compete crear climas propicios para que los derechos se expandan y se apliquen o por el contrario se coacte a la persona para ensanchar la acción de gobierno. A ellos corresponde respetar las instituciones y hacer que los Poderes actúen conforme a la CE. O, por el contrario, se fomente la crispación social como estrategia política, presionando a modo a quienes no participen de su particular festín. En esos momentos, como los de hoy, la palabra crisis cobra una nueva dimensión porque un nuevo tiempo impera. La desconfianza hacia el Estado ha alcanzado cotas difíciles de sostener. Sin embargo, no opto por la solución dada por Nietzsche de que, a lo que se viene abajo, lo mejor es empujarlo, recogida por Haberrnas18. Más bien propicia un nuevo intento para restaurar lo destruido y crear un clima de confiabilidad para evitar el errático clima de incertidumbre.
VII. Ética organizacional, finalidad de la ética y excelencia
La causa por la cual la ética emerge en las organizaciones públicas y privadas obedece a varios motivos, no únicamente escándalos que han deteriorado la imagen de integridad en la gestión de servicios públicos. También como resultado de acomodar las conductas de las corporaciones a determinados cánones morales que las hagan públicamente respetables como medio de alcanzar y mantener en la sociedad un prestigio social y humanamente habitables. Porque ello comunica confiabilidad y prestigio, valores muy apreciados en la actualidad. Además de todo ello, encontrándonos en la sociedad de la tecnología – con un progresivo abandono de valores humanos- su desarrollo provoca, en ocasiones, encrucijadas que deben superarse sobre unas reglas conductuales que eviten daño a las personas19.
Este medio transaccional de carácter hostil cohabita con la cultura interior de la organización pública en donde, en ocasiones. La falta de un liderazgo ético provoca una deshumanización gestora si no brutalización convirtiendo la Administración en apéndice político más que gestora de servicios públicos.
Consecuencia de ello autores propugnan un nuevo modelo de gestión basado en una dirección éticamente correcta, dando lugar a la que se denomina ética de tercera generación. Junto a las funciones de dirección tradicionales el modelo añadiría seis nuevas funciones:
I. Manejo de crisis: (previsión de amenazas y sus respuestas).
II. Manejo de problemas (Evaluación de tendencias y sus respuestas).
III. Manejo de la calidad total.
IV. Ambiente.
V. Globalización (seguridad de que los procesos de producción, mercadotecnia y administrativos de la organización se sintonicen con la economía política global).
VI. Ética (observación cuidadosa de las consecuencias éticas y morales del comportamiento, políticas, decisiones y procedimientos de la organización).
Junto a estas nuevas funciones el diseño abarcaría cuatro divisiones mayores o centros:
- Centro de reconocimiento/aprendizaje: ¿Qué necesitamos saber para poder producir y/o proporcionar productos y/o servicios de clase mundial?
- Centro de recuperación/desarrollo: ¿Cómo ayudar a nuestros empleados a recuperarse de cualesquiera de las disfunciones o problemas que traen consigo a la organización?
- Centro mundial de servicio/espiritual: ¿Cómo puede nuestra organización usar todos sus recursos para desarrollar una sociedad y un mundo más sanos?
- Centro de operaciones. ¿Cómo llevar de verdad a la práctica y operar una organización manufacturera y/o de servicios de clase mundial?.
Aunque no todas las funciones son asumidas en la actualidad por cualquier organización, sí han sido adoptadas algunas de ellas20.
Cabrá adoptar o no la ética en las organizaciones creyendo que la eficacia y eficiencia es lo único tangible en una entidad dadora de servicios, pero quienes piensan de esta manera desconocen la sostenibilidad de la organización como cauce de desarrollo personal de la persona. El hombre goza de libre arbitrio para hacer o no hacer lo que estime pertinente pero irremediablemente deberá responder de sus actos. Actos que afectarán a sí mismo pero también a su medio, a su centro de trabajo, a su empresa, a su Administración. Obviar la ética, comportarse con cánones distintos a los éticamente exigibles deshumaniza a las personas y deshumaniza a las organizaciones cuyo soporte físico son las personas. Un trabajo en donde no exista respeto a la dignidad de la persona, a sus derechos fundamentales, es éticamente responsable por ser predador de la condición humana del funcionario, de su desarrollo interno, de su crecimiento moral, y en suma, complica de la corrupción de la sociedad. En definitiva, como apunta Guillen Parra, la ética es para quienes quieren un lugar de trabajo eficaz, eficiente y humano.21
La ética pública nace como disciplina científica en EEUU en los años 70, dentro del campo de la Ciencia de la Administración. La ética pública es una especie dentro del género ética especial en tanto aplica los principios de la ética general a la conducta de los hombres respecto de la sociedad o del Estado. En EEUU, la ética empleada allí es la ética dirigida hacia la responsabilidad. En cambio, la ética europea nace en los años 90 en el seno de la Ciencia de la Administración y Ciencia Política, mediatizada por sus circunstancias particulares como son los escándalos políticos en España, Francia, Italia y Bélgica.
Las principales vías de actuación de la ética se concretan en dos principales manifestaciones de los que García Mexía califica de criminalidad gubernativa: violación de derechos fundamentales y corrupción22. Ambos ilícitos en distinto plano axiológico, aunque paradójicamente en la sociedad de consumo tienda a dar más relevancia a los temas crematísticos que a las violaciones de derechos fundamentales contra la persona, el aquilatado reconocimiento de la dignidad humana y la violación de los derechos fundamentales que erosionan y destruyen poseen mayor entidad ontológica y jurídica que aquellos, aunque la morbosidad social se manifiesta con distinto interés frente a la consumación de ambos ilícitos.
Pero también la ética cumple otra función dentro del ámbito organizativo: referencia a la calidad humana, a la excelencia de las personas y de sus acciones en el marco de trabajo de las organizaciones23. Y todo ello, dentro del esquema organizacional, público o privado, implica respeto hacia los demás, ejercer la potestad de mando con flexibilidad, sinceridad, transparencia, optimismo, lealtad, generosidad, integridad y justicia. También la receptividad a los dificultades que acusa la organización y adoptar decisiones que impidan daño a la misma o a sus miembros. Y ello se proyecta sobre la empresa o institución, creando confianza y creando una cultura de la verdad.
VIII. Liderazgo ético
Un liderazgo ético infunde naturalidad y fluidez en la comunicación intra-organizacional y también seguridad y durabilidad en el mandato del gerente y su equipo directivo. Ello es producido por distintas variables, de contenido ético, entre ellas cabe citar:
1. Cumplir con la palabra dada.
2. Sinceridad.
3. Comprensión.
4. Flexibilidad hacia la persona y su circunstancia.
5. Delegación de responsabilidades.
6. Comunicación de criterios de actuación.
7. Comunicación horizontal entre dirigentes y subordinados.
8. Ponderación de la cualidad humana para atribuirle competencias.
Todas estas conductas son éticamente exigibles porque actúan dentro del marco de la dignidad del hombre en su trabajo. Las conductas directivas no éticas generan conflictos, rompiendo la armonía de la organización; producen recelos, desconfianza y provocan la alienación del funcionario y del trabajador en su centro de trabajo. Si importa la eficiencia esto debe preocupar.
Notas
- Guillen Parras, M., Ética en las organizaciones. Construyendo confianza, Prentice Hall, Madrid, 2005, p. 3- ↩
- Camps, V., Virtudes Públicas. Editorial Espasa Calpe, 1992, Madrid. ↩
- Cortina, A., La ética cívica como ética de mínimos, en « Ética Pública y Moral Social. », dir. Núñez Ladeveze, L., Editorial Noesis, Madrid, 1996, pp. 92-3. ↩
- Macintyre, A., Tras la virtud crítica, Barcelona, 1987, p. 80. ↩
- Gabrelian, V., Public Administration in a Ancient China: The Practice and Thought, Public Voices, V. II, num. 1, 1996. ↩
- Sahuquillo, J., Ética y política, Claves de la razón Práctica, 1999, 98. ↩
- Sciacca, E., Dalla paura della politica alla politica della paura, en « La paura e la cittá » en D. Pasini, v. II, Facoltá di Science politiche, Universitat de Roma, 1984, pp. 13 y ss. ↩
- Sciacca, E., Interpretación de la democracia, EDERSA, Madrid, 1994, pp. 114 y ss.. ↩
- Idem, p. 129. ↩
- Etzioni-Halevy, E., Exchanging Material Beneficts for political support: A Comparative Analysis, en A. J., Heidenheimer et al., Political Corruption, transaction Publishers, New Brunswick, 1989. ↩
- Goodnow, F., Politics and Administration, Russel and Rusell, Nueva York, 1900. ↩
- Friedrich, C.J., Corruption Concepts in Historical Perspective, en A.J. Heidenheimer ET al., Political Corruption, Transaction Publishers, New Brunswick, 1989. ↩
- Vid. Villoria Mendieta, M., en Ética Pública y corrupción: Curso de ética administrativa, Tecnos, Madrid, 2000, pp. 28-9 con remisión a Cooper, The emergente of Administrative Ethics, 1994. ↩
- Pugh, D. L.: The Origins of Ethical Framework in Public Administration, en J. S. Bowman (ed.) Ethical Frontiers in Public Management, Jossey Bass, San Francisco, 1991. ↩
- López-Aranguren, J.L., Ética y política, Guadarrama, 1968, pp. 65-6.. ↩
- Fernández García, E., Las relaciones entre la ética y la política. El punto de vista dramático desde Max Weber y Raymond Aron, en « Raymon Aron: un liberal resistente», coor. Lasalle, J.M., FAES, Madrid, 2005, p. 97. ↩
- Villoria Mendieta, M., en Ética Pública y corrupción: Curso de ética administrativa, cit., p. 29. ↩
- Jürguen Habermas, Aclaraciones a la ética del discurso, 2000. ↩
- Véase, un ejemplo llamativo que se manifiesta en la sociedad de hoy, Nota de la Fiscalia del TSJ de Cataluña de noviembre de 2006 sobre la protección a médicos y profesores que son objeto de malos tratos, lesiones y vejaciones:
« […] Las agresiones a los profesionales merecen la más severa perspectiva jurídico-penal" para defender "bienes jurídicos no solo individuales, sino también colectivos, de esencial importancia constitucional.
Entre esos bienes, se cita el derecho a la educación, uno de los más relevantes que son fundamento del orden político y de la paz social según el artículo 10.1 de la Constitución. Para garantizar el disfrute de ese derecho los poderes públicos deben proteger ese derecho amparando a los profesionales que "personifican la realización de tan esenciales objetivos constitucionales".
Según la orden, las agresiones a estos profesionales significan la perturbación de la función pública que ejercen", lo que impide "el efectivo disfrute" de los derechos consagrados por la Constitución […]». ↩ - Ivancevich, Jhon M., Konopaske, Robert y Matteson, Michael T. Comportamiento organizacional, cit.,p. 533, Carson, T.L., Self-Interest and Business Ethics: Some lessons of the Recent Corporate Scandals, Journal of Business Ethics, 2003, 43,4, Cochran,T.A. Addressing the crisis in confidence in corporations: Roots causes, Victims and Strategies for reform, Academy of management executive, 2002, 16, pp.139-42 y Mitroff, I.I., The antediluvian Corporation, Across the board, 1994, 10, pp. 59-60. ↩
- Guillén Parra, M., Ética en las organizaciones, Pearson, Prentice Hall, 2003, p. 19. ↩
- Diez-Picazo, L. M., La criminalidad de los gobernantes, Critica, Barcelona, 1996, Diez-Picazo, L. M., Criminalidad gubernativa y acusación independiente. Del Watergate al Whitewater, Claves de razón práctica, 1997, 69, pp. 28-36, Rodriguez-Arana, J., Ética institucional. (Mercado «versus» función pública), Dykinson-Escola Galega de Administración Pública, Madrid, 1996, Saban Godoy, A., El marco jurídico de la corrupción, Civitas, Madrid, 1991, Villoría Mendieta, M., Ética pública y corrupción: Curso de ética administrativa, Tecnos- Universitat Pompeu Fabra, Madrid, 2000. ↩
- Guillén Parra, M., Ética en las organizaciones, cit., p. 11. ↩
Para seguir leyendo
- Cortina, A. (1994): Ética de la empresa, Madrid: Trotta.
- Camps, V. (1990): Virtudes públicas, Madrid: Espasa-Calpe.
- Villoria Mendieta, M. (2000): Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa, Madrid: Tecnos.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: código de conducta (arts. 52 a 54). Disponible en: www.boe.es.
Publicado en este blog en febrero de 2013.
