Sucesos contemporáneos · Serie microensayos
Toda fricción genera desgaste: lo que el ciclo de Carnot y el segundo principio de la termodinámica enseñan sobre los límites de la productividad y el trato a las personas en las organizaciones.
Por Juan B. Lorenzo de Membiela
⏱ 4 min de lectura
| Idea principal | Conclusión |
|---|---|
| Fricción y desgaste | Afecta por igual a las personas y a las máquinas. |
| Carnot (1824) | Describió un motor térmico ideal de rendimiento máximo, inalcanzable en la práctica. |
| El segundo principio | Ningún proceso puede convertir íntegramente el calor en trabajo. |
| La productividad absoluta es imposible | Exigirla traslada injustamente los fracasos al nivel operativo. |
| Competitividad | Se ansía más, sin adjetivo, aunque el trabajador se sienta prescindible. |
| Burocracia y taylorismo | Dos modelos que comparten la obediencia y la jerarquía como pilares. |
Toda fricción genera desgaste. Tanto en personas como en máquinas. El deterioro causa mantenimiento y reparación de motores. No es extraño entonces encontrar en cualquier país talleres mecánicos y centros médicos.
¿Puede ser la persona demostración práctica del « ciclo de Carnot»?. ¿Puede ser exigida una productividad constante: sin límite de rendimiento y sin límite de reducción retributiva?
Nicolas Sadi Carnot, en 1824, describió un motor térmico de eficiencia perfecta en el que el todo calor o energía se convierte en trabajo. Pero nunca llegó a desarrollar máquina alguna que alcanzara esa conversión.
Esta imposibilidad motivó el enunciado del Segundo Principio de la termodinámica formulado por Clausius y Thomson en el siglo XIX y desarrollada en el siglo XX por Lars Onsager, Ilya Prigogine, Sybren de Groot, Peter Mazur.
Su enunciado: no puede existir ningún proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor del depósito y la conversión de todo ese calor en trabajo.
Es decir, la productividad maquinal absoluta es inalcanzable, hoy y en el futuro, con recesión o sin ella, con recuperación o sin ella.
El prof.-catedrático Rubí de la Universidad de Barcelona, en su estudio « El largo brazo de la segunda ley » razona su validez universal (2009: 28). Todos los sistemas, naturales o no, se encuentran bajo su vigencia, incluso en organizaciones, públicas o privadas.
Dado este imperativo las exigencias de productividad tienen por su naturaleza un límite finito. Alcanzar una mayor eficiencia no solamente depende de lo humano sino también, y principalmente, de otros factores: la gestión directiva y la automatización de tareas son relevantes pero apenas se incide en ellas.
Y es injusto porque delegar fracasos al nivel operativo o menos cualificado de la organización no deja de ser una paradoja por la propia esencia de lo burocrático.
En donde la jerarquía y la obediencia imperan como elementos estructurales, derivan deberes de quienes ejercen gerencia y, a través de ella, estrategia para alcanzar los objetivos fijados. Ser lo preeminente en cualquier organización lleva aparejado la carga del fracaso que no siempre es fácil asumir. Douglas Mcgregor, describió como principio en las relaciones entre el personal y la línea de mando, que la autoridad debe igualar a la responsabilidad (2007:199).
Y, sin embargo, la alta competitividad en las organizaciones, agudizada en esta crisis, ansia más trabajo que no necesariamente es productivo, tampoco contributivo de un mejoramiento de los servicios o productos.
Se ansía más, sin adjetivo; se ansía más, enfatizando lo maquinal y marginando lo creativo. En ese recorrido se salva, en ocasiones, la subsistencia, pero desaparece el sentimiento de pertenencia con efectos perturbadores.
Ser prescindible es algo que aunque intuyamos que lo somos no siempre es grato recordarlo. Y hoy se vive bajo esa ambigüedad anímica que nos lleva a un constante acecho sin tregua. Ello provoca una tensión cognitiva y emocional que incide en el cuerpo y en la mente: neurotoxicidad por estrés oxidativo (cfr. Von Hopffgartem, 2013, 50-6 y Sanfeliu, 2005:41-2).
Entre la burocracia y el taylorismo concurren relaciones no solamente de fondo, también temporales: Max Weber y Taylor, fueron coetáneos. Ambos apostaron por la voluntad de eliminar la incertidumbre ligada al comportamiento humano.
Ambos construyeron instituciones racionales de carácter impersonal y deshumanizado. Y ambos encontraron en lo rutinario un instrumento eficaz para eliminar la incertidumbre ligada al comportamiento del hombre (Muller, 2010:62).
Con esta racionalización se buscaba acabar con el desperdicio y la ociosidad de los operarios y reducir costes de producción (Chiavenato, 2006: 64).
Pero generó la imposibilidad de comprender la totalidad del proceso productivo.
Organizaciones con operarios superespecializados y gerentes con visión microscópica, preocupados más por hacer cosas que cómo hacerlas y por qué hacerlas.
Ello tiene una importancia extrema porque no se trataría de productividad exclusivamente sino de excelencia productiva, es decir, cuando la eficacia y la eficiencia se cumplen plenamente, cuando los factores de producción son empleados y alcanzan un total aprovechamiento.
Y eso es difícil de alcanzar incluso para aquellas empresas privadas de gran prestigio, pocas, desde luego, que ofrecen a sus empleados gimnasios en el centro de trabajo, guarderías infantiles y otras medidas de motivación.
Publicado en este blog en octubre de 2014.
Sucesos contemporáneos · Serie microensayos
La obligación de resolver de la Administración, los efectos del silencio positivo y negativo y su aplicación a los procedimientos de gestión de personal del Real Decreto 1777/1994.
Por Juan B. Lorenzo de Membiela
⏱ 8 min de lectura
| Idea principal | Conclusión |
|---|---|
| Obligación de resolver | La Administración debe dictar resolución expresa en todos los procedimientos (art. 42 de la Ley 30/1992). |
| Plazos | No pueden exceder de seis meses salvo norma con rango de ley; a falta de previsión, tres meses. |
| Deber de informar | La Administración debe comunicar el plazo y los efectos del silencio; su incumplimiento puede causar indefensión. |
| Silencio positivo | Regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado (art. 43). |
| Silencio negativo | Solo permite interponer el recurso que proceda; no impide la resolución expresa posterior. |
| Gestión de personal | El Real Decreto 1777/1994 adapta a la Ley 30/1992 los procedimientos de gestión de personal. |
| Hoy | La Ley 39/2015 regula la obligación de resolver (art. 21) y el silencio (arts. 24 y 25). |
La Administración, al amparo del art. 42 Ley 30/1992 de RJAPPAC, tiene obligación de resolver todos los procedimientos y notificarlos, art. 42.1º, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Ese plazo máximo de resolución administrativa en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea, art. 42.2º.
Cuando la norma que regule el procedimiento no determine un plazo máximo, art. 42.3º, este será de 3 meses a contar:
« a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación».
En cualquier caso, la Administración Pública deberá informar a los interesados del plazo máximo normativamente previsto para la resolución y notificación de los procedimientos así como los efectos del silencio administrativo.
Esta información, según el art. 42.4º in fine , deberá evacuarse tanto en los procedimientos iniciados de oficio como en aquellos a instancia de parte.
Obligación, que no siempre se cumple y que puede provocar indefensión y por ello, la nulidad del procedimiento por incidencia del art. 62.1.º.a) Ley 30/1992 de RJAPPAC, por violación del art. 24.1º CE.
En todo caso, ponderando esa infracción, véase la STSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6.ª, 26 de septiembre de 20061, FD tercero:
« […] En cuanto a la extemporaneidad del recurso por haberse interpuesto pasados los dos meses a partir de los seis meses para considerar que ha operado el silencio administrativo a tenor del artículo 42.2 de la Ley 30/92 desde que se formuló la petición hay que decir que el plazo fijado en el mismo no opera sino a efectos de que el particular que no ve contestada expresamente la solicitud pueda entender denegada la misma y tener expedita la vía jurisdiccional para revisar el acto en cuestión.
Ello no quiere decir que no siendo contestada expresamente una solicitud dicho plazo haya de entenderse de naturaleza preclusiva a efectos de la interposición del recurso jurisdiccional sino que, por el contrario, la ausencia de contestación expresa por parte de la Administración que tiene la obligación de resolver (art. 42.1) no puede entenderse sino en el sentido de que el solicitante puede optar por interponer el recurso cuando lo considere oportuno a partir del momento en que, en virtud de la norma prevista, la solicitud puede entenderse desestimada por silencio administrativo.
En el caso que nos ocupa es aplicable esta norma en la forma indicada máxime cuando ,además, la resolución expresamente dictada después no indica recurso alguno ni las demás previsiones contenidas en el artículo 58.2 de la Ley 30/92 por lo que no habiendo sido correctamente notificada la posibilidad de recurrir contra la misma tampoco perjudica al actor el transcurso del plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo[…] ».
El art. 43 regula el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a instancia del interesado. La petición del funcionario de proveer a otro puesto de trabajo o a otra unidad es un procedimiento administrativo de gestión de personal.
El precepto citado determina el silencio positivo de modo genérico salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario.
Con la importante salvedad, recogida en el art. 43.2º in fine Ley 30/1992 de RJAPPAC, de que interpuesto recurso de alzada contra la desestimacion por silencio administrativo de una solicitud o por el transcurso del plazo se entenderá estimado el mismo si llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.
Concurre, pues, la obligación de dictar resolución expresa por la Administración Pública del art. 42.1º Ley 30/1992 de RJAPPAC, sujetándose al régimen descrito en el art. 43.4º:
« a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio».
En cuanto a los efectos del silencio, el art. 42.3º Ley 30/1992 de RJAPPAC diferencia entre la estimación por silencio administrativo, silencio positivo , que tendrá la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
La desestimación por silencio administrativo, silencio negativo, tiene los únicos efectos de permitir a los interesados o bien la interposición del recurso administrativo procedente o bien la interposición del recurso contencioso-administrativo, en este último caso véanse los arts. 25 y 26 LJCA.
b) Procedimiento administrativo especial.
El RD 1777/1994, de 5 de agosto, constituye, en términos generales, una excepción a la regla general prevista en la Ley 30/1992 de RJAPPAC.
En atención a las previsiones de la Ley 4/1999 y la nueva redacción del art. 43 Ley 30/1992 de RJAPPAC, concretamente el carácter del silencio como positivo con carácter general. Se ordenó en su Disp. Adicional Primera, apdos. 1º y 2º:
« 1. El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, establecerá las modificaciones normativas precisas en las disposiciones reglamentarias dictadas en la adecuación y desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la simplificación de los procedimientos administrativos vigentes en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, atendiendo especialmente a la implantación de categorías generales de procedimientos, así como a la eliminación de trámites innecesarios que dificulten las relaciones de los ciudadanos con la Administración pública. En ningún caso, las especialidades de los distintos procedimientos podrán suponer una disminución o limitación de las garantías consagradas en esta Ley.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el Gobierno adaptará, en el plazo de dos años, las normas reguladoras de los procedimientos al sentido del silencio administrativo establecido en la presente Ley.
[…] ».
Previsión realizada mediante la Disp. Adicional 29ª, Ley 14/2000:
«En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de la disp. adic. 1.ª de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, los procedimientos que se relacionan en el Anexo-2 a esta disposición se entenderán incluidos en la excepción prevista en el apartado 2 del art. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (silencio positivo)».
Encontramos los siguientes procedimientos administrativos en materia de gestión de personal con indicación de su norma reguladora:
-Reingreso al servicio activo sin reserva de puesto de trabajo, regulado en el art. 29 bis de la Ley 30/19894, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
-Resolución de solicitudes sobre adscripción de puestos de trabajo y otros procedimientos regulados en el RD 469/1987, de 3 de abril, cuya resolución implique efectos económicos».
Por lo demás, dado el carácter especial de la norma de 1994, debe entenderse vigente.
El RD 1777/1994, de 5 agosto, sobre adecuación a la Ley 30/1992, de 26-11-1992, de los procedimientos administrativos en materia de gestión , art. 2 prevé:
« Las solicitudes formuladas en los siguientes procedimientos administrativos de gestión de personal se podrán entender desestimadas una vez transcurridos, sin que se hubiera dictado resolución expresa, los plazos máximos de resolución señalados a continuación:
[…]
h) Procedimientos de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, a excepción de los señalados en los epígrafes anteriores: Plazos fijados por su normativa específica y, en su defecto, el general de tres meses previsto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre».
Así pues rige la especialidad del RD 1777/1994, de 5 agosto, sobre adecuación a la Ley 30/1992, de 26-11-1992, de los procedimientos administrativos en materia de gestión para esas concretas materias, siendo de aplicación el art. 42.2º Ley 30/1992 de RJAPPAC en el resto de supuestos no regulados especialmente por el RD 1777/1994, de 5 agosto, sobre adecuación a la Ley 30/1992, de 26-11-1992, de los procedimientos administrativos en materia de gestión.
La eficacia del plazo especial de 3 meses del RD 1777/1994, de 5 agosto, sobre adecuación a la Ley 30/1992, de 26-11-1992, de los procedimientos administrativos en materia de gestión, art. 2.h) opera en cuanto a la eficacia desestimatoria del procedimiento de gestión de personal instado por el empleado público.
Debiendo entenderse que el plazo de 3 meses no es para dictar resolución, sino, para entender desestimada por silencio negativo el procedimiento instado por el funcionario público .
Publicado en este blog en octubre de 2014. Nota de actualización (2026): la Ley 30/1992 fue derogada por la Ley 39/2015, que regula la obligación de resolver en el art. 21 y el silencio administrativo en los arts. 24 y 25.
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