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Sucesos contemporáneos · Serie microensayos
Aspectos de teoría general de las situaciones administrativas en la Administración General del Estado
La inamovilidad del funcionario de carrera, el sistema de mérito y la débil protección de las expectativas jurídicas frente a las reformas normativas.
Por Juan B. Lorenzo de Membiela
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Sinopsis
| Idea principal | Conclusión |
|---|---|
| La inamovilidad del funcionario de carrera | Es un derecho del art. 14.a) TREBEP que no alcanza a interinos, laborales, eventuales ni directivos. |
| Fundamento constitucional | Garantiza la imparcialidad (art. 103.3 CE) y el servicio objetivo a los intereses generales (art. 103.1 CE). |
| No es un privilegio corporativo | Es una garantía de objetividad, profesionalidad e imparcialidad frente al poder político. |
| Inamovilidad absoluta y relativa | La relativa protege la función; la absoluta, la residencia; el puesto concreto admite más limitaciones. |
| Libre designación | Quien ocupa un puesto de libre designación tiene un mero interés en su permanencia, no un derecho (STS 1198/2019). |
| Reserva de ley | Solo la ley puede crear y tipificar situaciones administrativas (arts. 103.3 CE y 85.2 TREBEP); en la AGE rige aún el RD 365/1995. |
| Límite a la potestad de organización | Los cambios por razones organizativas deben fundarse en una eficacia real y comprobable. |
| Merit system frente a spoils system | Las situaciones administrativas solo tienen sentido allí donde se selecciona por mérito, implantado en España en 1852. |
| La burocracia weberiana | Permanencia, preparación técnica e inamovilidad son condiciones de una administración eficaz y no partidista. |
| Buena administración | El art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE inspira la eficacia administrativa interna. |
| Expectativa jurídica | Es un derecho en formación, no consolidado, que puede desaparecer con la reforma normativa. |
| Sin derechos adquiridos al régimen estatutario | El funcionario no puede oponer la normativa anterior a la modificación de su estatuto (STS de 20 de abril de 1998). |
| Compensación excepcional | El Tribunal Constitucional admitió que la frustración de expectativas pudiera merecer algún género de compensación. |
| Responsabilidad del Estado legislador | El art. 32 LRJSP exige un daño efectivo, evaluable e individualizado; la expectativa no lo es. |
| Derecho de la Unión | La STJUE de 28 de junio de 2022 obliga a reformar ese régimen; está en tramitación un nuevo art. 32 bis LRJSP. |
Cronología, 1852-2025
Real Decreto de 18 de junio: el mérito entra en la función pública
Estados Unidos abandona el spoils system
Arts. 103.1 y 103.3: objetividad, mérito e imparcialidad
Cuestión planteada por la Audiencia Territorial de Albacete
Reglamento de Situaciones Administrativas de la AGE
Inamovilidad como garantía esencial de imparcialidad
Ley 7/2007, de 12 de abril
RDLeg 5/2015 y nuevo régimen del Estado legislador
El régimen español vulnera el principio de efectividad
BOCG de 26 de julio; regula las situaciones administrativas
BOCG de 17 de octubre; nuevo art. 32 bis
I. Situaciones administrativas e inamovilidad del funcionario
Inmediata al derecho al cargo, y estrechamente unida a él, se halla la inamovilidad del funcionario. Se encuentra en el art. 14.a) RDLeg 5/2015, TREBEP, que reconoce al funcionario el derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. No poseen este derecho ni los funcionarios interinos, ni el personal laboral, ni el personal eventual, ni el personal directivo: art. 14.a) en relación con los arts. 8.2 y 13 RDLeg 5/2015, TREBEP.
Se trata de una inamovilidad, como apunta Sánchez Morón, circunscrita exclusivamente a los funcionarios de carrera1 . Cumple dos importantes funciones: ser garantía de imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas, art. 103.3 CE, y servir con objetividad a los intereses generales, art. 103.1 CE.
El origen de esta institución, como resalta el Informe de la Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público2 , se encuentra en los antecedentes históricos de la legislación de función pública, pues constituye la garantía esencial de la imparcialidad del funcionario en el ejercicio de sus funciones.
La inamovilidad no supone un privilegio corporativo, sino más bien una garantía de la objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio, conforme al art. 1.3.e) RDLeg 5/2015, TREBEP.
Se concibe, dice Castillo Blanco, como una garantía funcional, de imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas, que protege al funcionario frente a cualquier pretensión arbitraria del poder político de remoción o cambio del puesto de trabajo3 .
Precisamente, Parada estima que la inamovilidad se manifiesta con una poderosa intensidad en la garantía contra la libre revocación del funcionario, pero es más débil en la inamovilidad del puesto de trabajo4 .
Para Martín Mateo, en la inamovilidad relativa se conjugan la normal estabilidad de los funcionarios en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de la potestad de organización de la Administración pública, que puede adoptar las medidas oportunas para la mejor prestación de los servicios5 . Martín Mateo se refiere a la inamovilidad relativa, que, conforme a Ubierna y a otros muchos autores, sería la inamovilidad en cuanto a la función o servicio que se desempeña.
Existe otra inamovilidad, la absoluta, que protege la residencia del funcionario6 . Hay que señalar que la STS de 13 de abril de 1992 estima como derecho adquirido la inamovilidad geográfica relativa, en relación con la STSJ de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 2.ª, de 22 de octubre de 20017 , FD primero, y la STSJ de Castilla y León, Valladolid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de enero de 20118 , FD segundo.
La imparcialidad opera como mandato al legislador para que apruebe un estatuto funcionarial que la garantice, art. 103.3 CE; como fundamento de la actuación funcionarial, art. 1.3.e) RDLeg 5/2015, TREBEP; como deber del funcionario público, art. 52 RDLeg 5/2015, TREBEP, y como principio ético, art. 53.2 RDLeg 5/2015, TREBEP.
En este sentido la recoge la STSJ de Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, n.º 844/2022, de 7 de noviembre de 2022 (rec. 256/2021)9 , en cuya fundamentación se lee:
«[...] El art. 103 CE, [opera] como garantía de que los funcionarios públicos van a servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales, evitándose con la inamovilidad la injerencia de intereses clientelares y las presiones de la Administración empleadora, que puedan afectar a su imparcialidad y objetividad [...]».
La doctrina ha encontrado razones adicionales para justificar la inamovilidad del funcionario público. Así, Parada Vázquez declara que la inamovilidad venía a compensar los esfuerzos que requería una preparación específica para la función pública y el implícito compromiso de entrega de por vida del funcionario al servicio del Estado10 . Es decir, se despliega para aquellos funcionarios que hayan accedido a la Administración pública tras procesos selectivos en los que concurre una fuerte competitividad y en los que el estudio se prolonga durante años.
Este argumento encuentra su razón en las consecuencias del merit system, en el que el reclutamiento de los empleados públicos implica ímprobos esfuerzos para su acceso a la Administración.
También Morell Ocaña predica la inamovilidad respecto a los puestos obtenidos mediante concurso, pero no para aquellos provistos mediante libre designación11 , criterio recogido en la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, n.º 1198/2019, de 19 de septiembre de 201912 , que fija como doctrina que el funcionario de carrera que desempeña un puesto clasificado como de libre designación tiene un mero interés en su permanencia, no un derecho a la inamovilidad en ese puesto concreto.
En un supuesto no idéntico, la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, n.º 712/2020, de 9 de junio de 202013 , rechaza las pretensiones de la Administración por haber ofrecido una motivación falsa en el cese del funcionario, al no concurrir las razones organizativas alegadas.
Tanto el derecho al cargo como la inamovilidad resultan garantizados por la incidencia de las situaciones administrativas, que preservan estos derechos y generan dos limitaciones distintas.
La primera impide que la Administración pública pueda crear nuevas situaciones administrativas, las causas que puedan generarlas, sus efectos jurídicos y los procedimientos de reingreso a la plaza de origen. Esta es una competencia reservada a la ley (art. 103.3 CE y art. 85.2 RDLeg 5/2015, TREBEP), si bien en la AGE, a falta de una ley de función pública propia, sigue rigiendo el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la AGE, aprobado por el RD 365/1995, de 10 de marzo14 . Se evita de este modo la creación de situaciones administrativas ad hoc que puedan aplicarse al funcionario y a la actividad que desarrolla en un momento determinado.
La segunda exige la tipificación de las situaciones administrativas —requerida por el principio de legalidad de los arts. 9.3 y 103.1 CE— junto a su tipificación homogénea, demandada por el art. 149.1.18.ª CE para evitar discriminaciones.
En definitiva, las situaciones administrativas implican un plus de garantía añadido al reconocimiento del derecho al cargo en su aspecto subjetivo, es decir, a la inamovilidad relacional, en tanto que no se condiciona la pervivencia de la relación funcionarial a la continuidad en el servicio activo15 .
Debe matizarse, no obstante, que, si bien la Administración puede alterar la inamovilidad del funcionario por causas organizativas, estas deberán estar siempre fundamentadas en el principio de eficacia, como recoge, entre otras, la STSJ de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28 de mayo de 200316 . Una eficacia que no es etérea, sino cuantificable por una mejora de los servicios constatable en el cumplimiento de los objetivos fijados. Esa constatación permite calificar la decisión administrativa como plenamente ajustada a Derecho o como una resolución arbitraria sin cobertura legal.
II. Situaciones administrativas y el merit system
Jordana de Pozas nos explica que la problemática de las situaciones administrativas solamente concurre cuando se implanta como sistema de selección el merit system, el sistema de mérito, frente al spoils system17 , tributario del sectarismo político, típico de la organización administrativa norteamericana del siglo XIX y hasta la Pendleton Civil Service Reform Act de 1883. Se implanta en España con el Real Decreto de 18 de junio de 1852, conocido como Estatuto de Bravo Murillo.
Mediante este sistema, la Administración pública se provee de personal por oposición pública o concurso-oposición, lo que implica la selección de un conjunto de funcionarios preparados intelectualmente, con unos estudios acreditados y una solvencia técnica, a cambio de un empleo permanente, una retribución dineraria y una jubilación. Este procedimiento de selección contrasta con el spoils system, que es electivo18 .
El merit system es esencial en la administración burocrática, en la que impera la obediencia por el conocimiento (dominación legal-racional, en la sociología weberiana). Aquí reside su carácter racional fundamental y específico: la contratación de los más capacitados, una meritocracia del conocimiento en interés de la profesionalidad.
La eficacia, la productividad y la eficiencia deben ser las dinámicas dominantes en el funcionamiento de las organizaciones. Y estos propósitos requieren fijeza o permanencia e inamovilidad. Lo expresa Weber con estas palabras:
«En el moderno derecho burocrático se aspira con la independencia, esto es, con la inamovilidad de los funcionarios, que solo la condena puede deponer, a establecer ciertas garantías jurídicas de su comportamiento objetivo en favor de los dominados [es decir, administrados] [...]»19 .
De estas notas se deduce un apriorismo: el merit system permite la existencia de un personal funcionario inamovible, preparado, solvente, objetivo e imparcial, frente al spoils system, con un personal esencialmente temporal, profano y oportunista que integra una administración sumida en el subjetivismo y en la arbitrariedad.
Sin este funcionariado preparado, conforme a la dogmática de Max Weber, caería sobre nosotros el riesgo de una terrible corrupción y de una incompetencia generalizada, e incluso se verían amenazadas las realizaciones técnicas del aparato estatal20 . Además, la Administración pública con funcionarios electivos se convertiría en una burocracia de partido y no en una burocracia profesional.
Conforme a la teoría de Weber, el carácter técnico de la burocracia implica los siguientes elementos:
- Deberes oficiales fijos. Las actividades regulares dirigidas a las metas de la organización se distribuyen como deberes oficiales fijos.
- Jerarquía. La organización sigue los principios de la jerarquía.
- Reglas abstractas. Las operaciones se rigen por un sistema coherente de reglas abstractas aplicadas a casos individuales.
- Impersonalidad. El jefe ideal actúa con un formalismo impersonal, carente de emociones.
- Aptitud técnica y estabilidad. El empleo en la organización se basa en aptitudes técnicas y no está sujeto a una terminación arbitraria.
- Cultura del cuerpo. La cultura del cuerpo general o especial modula el cumplimiento profesional, pues avala la honorabilidad, so pena de una devaluación profesional. Otras consideraciones subjetivas en las organizaciones podrían llevarnos a la llamada Administración participada, de corte no democrático, que supone una gestión contraburocrática con resultados no deseados.
- Eficiencia. Desde un punto de vista técnico, la burocracia obtiene un alto grado de eficiencia.
La conexión entre burocracia y eficacia administrativa ha sido recogida en distintas resoluciones. La STSJ de Cantabria, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 26 de mayo de 199721 , con remisión a las SSTC de 5 de abril de 199022 y 2 de noviembre de 198923 , explica la relevancia de la eficacia en la actividad administrativa, en la organización y, en consecuencia, en el aparato burocrático. Su FD tercero explicita:
«[...] Si la Constitución proclama expresamente en su art. 1.1, que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, una de sus consecuencias es, sin duda, la plasmación real de sus valores en una organización que, legitimada democráticamente, asegure la eficacia en la resolución de los conflictos sociales y la satisfacción de las necesidades de la colectividad, para lo que debe garantizarse la existencia de unas Administraciones Públicas capaces de cumplir los valores y los principios consagrados constitucionalmente [...]».
La buena administración del art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (versión adaptada de 2007, vinculante desde el Tratado de Lisboa) y los derechos allí reconocidos —que, si bien obligan directamente a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, inspiran el principio de buena administración en el ámbito interno— condicionan el significado de la eficacia administrativa y, por consiguiente, de la gestión de la burocracia en la organización pública, pues exigen el cumplimiento de estos derechos:
«1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
2. Este derecho incluye en particular:
a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente;
b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial;
c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones».
III. Expectativas jurídicas en las situaciones administrativas
El Diccionario del español jurídico, en su acepción 3.ª, define la expectativa jurídica como una situación cuya falta de consolidación en la esfera jurídica del particular excluye la responsabilidad patrimonial de las administraciones o poderes públicos a cuya actuación se imputa el efecto lesivo que dicha situación genera. En esta orientación puede examinarse la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16 de junio de 201424 .
Escribano Collado la define como un derecho in fieri, en formación: una situación en la que un sujeto está en fase de consolidar todos los elementos, condiciones o grados previos requeridos por la ley para la existencia plena de un derecho, algunos de los cuales ya se han realizado, mientras existe incertidumbre sobre los restantes25 . Se trata, como ha reseñado el Tribunal Supremo, de situaciones de diferente naturaleza que se encuentran en un momento anterior a su perfección y que, por ello, pueden ser destruidas sin consecuencias jurídicas. Son situaciones no consolidadas y, por tanto, prescindibles, como aduce la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28 de mayo de 200126 , FD tercero, cuando razona:
«[...] Allí se dice que “para que un derecho subjetivo pueda considerarse existente, dentro de una relación intertemporal o de sucesión de normas, tiene que haberse producido la consolidación de una situación jurídica bajo el imperio del ordenamiento anterior (...) y por ello no basta que el derecho haya nacido, ya que ello es una mera expectativa, sino que tiene que haberse producido la consolidación de la situación jurídica bajo el imperio del ordenamiento anterior, lo que se justifica por el respeto que merece el campo de acción del legislador y las posibilidades de reforma del ordenamiento propio de un Estado social y democrático de derecho” [...]».
La STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de abril de 199827 declara que en las relaciones funcionariales no existen derechos adquiridos y que las expectativas jurídicas derivadas de la anterior regulación desaparecen por el hecho de la reforma. Expone su FD quinto:
«[...] Cualquier reforma normativa incide en las expectativas derivables de la normativa precedente, que por el hecho de la reforma desaparecen; pero ese es un efecto inevitable de la dinámica del cambio de normas. Tan sólo los derechos adquiridos deben, en su caso, ser tenidos en cuenta como límite a la hora de la modificación de las normas, pero en el régimen estatutario de las relaciones funcionariales es hoy criterio jurisprudencial consolidado el de que no existen derechos adquiridos del funcionario al mantenimiento de su régimen vigente en cada momento, sino que su estatus funcionarial (fuera del derecho a la función y al montante global de su retribución) será el que en cada momento se derive de su norma rectora, quedando ésta bajo la disponibilidad del legislador o del titular de la potestad reglamentaria (según el contenido afectado), a la que no puede oponerse como límite ni el interés del funcionario ni la normativa precedente [...]».
Pero algunas resoluciones han considerado pertinente, por una cuestión de justicia material —«resto de mala conciencia» del Alto Tribunal, en palabras del profesor Garrido Falla28 —, reconocer algún género de compensación; véanse las SSTC 108/1986, de 29 de julio29 , FJ 22; 99/1987, de 11 de junio30 , FJ 2, y 100/1989, de 5 de junio31 , entre otras. La STC 70/1988, de 19 de abril, lo expresa en el FJ 3:
«[...] No impide que se pueda apreciar en el marco de la legalidad ordinaria, como ya se dijo en la STC 108/1986, de 29 de julio, y se reitera en la 99/1987, de 11 de junio, cuya doctrina estamos siguiendo, que esa modificación legal origine una frustración de las expectativas existentes y, en determinados casos, perjuicios económicos que puedan merecer algún género de compensación [...]».
Reproducen este criterio compensatorio las SSTSJ de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sevilla, de 12 de diciembre de 200832 , FD primero; de 12 de diciembre de 200833 , FD primero, y de 19 de diciembre de 200834 , FD primero, entre otras de otros tribunales.
Precisamente, la cuestión compensatoria sobre normas que alteraban las expectativas jurídicas de los funcionarios fue planteada mediante cuestión de inconstitucionalidad por la Audiencia Territorial de Albacete. La STC 70/1988, de 19 de abril35 , la desestimó y señaló en su FJ 3 que no se había vulnerado el art. 33.3 CE, e hizo suyos los razonamientos de la STC 99/1987, de 11 de junio36 . En esta se justifica, por un lado, la capacidad de la Administración pública de modificar los derechos de los funcionarios por tratarse de una relación estatutaria y, por otro, que las expectativas jurídicas no son indemnizables; solo lo son los derechos.
Sin embargo, como algunas sentencias del Tribunal Supremo insinuaron una vía compensatoria para indemnizar las expectativas jurídicas frustradas, se presentaron ante los tribunales peticiones compensatorias. Esta vía está reconocida, entre otras, por la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 15 de julio de 198737 , FD noveno.
La Audiencia Territorial de Valencia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su sentencia de 9 de mayo de 1988, estimó el recurso planteado por un funcionario que postulaba una indemnización por el daño ocasionado por la privación de una expectativa de derecho. Fue una de las pocas sentencias en que se reconoció la compensación por daño.
En la actualidad, el art. 32.3 de la Ley 40/2015, LRJSP, regula la responsabilidad del Estado legislador por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos, cuando así lo establezcan los propios actos legislativos, y por los daños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea. En estos dos últimos supuestos, conforme a los apartados 4 y 5 del mismo precepto, se requiere que el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que hubiera alegado la inconstitucionalidad o la infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada. No obstante, la STJUE de 28 de junio de 2022 (asunto C-278/20, Comisión/España) declaró que este régimen vulnera el principio de efectividad en lo relativo a la infracción del Derecho de la Unión, lo que ha motivado el Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015 (BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, núm. 71-1, de 17 de octubre de 2025), que propone introducir un nuevo artículo 32 bis en la Ley 40/2015.
El daño, como exige el art. 32.2 de la Ley 40/2015, LRJSP, deberá ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
La jurisprudencia anterior a la Ley 40/2015 —así, las SSTS de 31 de mayo de 201138 y de 5 de noviembre de 201039 — declaró que la frustración de la expectativa jurídica no es reconducible al daño indemnizable al que se refería el art. 139 de la Ley 30/1992, LRJPAC, hoy art. 32 LRJSP. Mantiene este criterio la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 1 de julio de 201340 , que en su FD cuarto razona:
«[...] Ahora bien, la frustración de expectativas no es reconducible al daño indemnizable al que se refiere el artículo 139 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) y la jurisprudencia que lo ha interpretado [sentencias de 31 de mayo de 2011 (RJ 2011, 4865) (casación 944/2007) y 5 de noviembre de 2010 (RJ 2010, 7933) (casación 1767/2006) y las que en ellas se citan]. El resarcimiento previsto en ese texto legal y en las normas reglamentarias que lo desarrollan requiere daño efectivo, concepto distinto al de la expectativa, que es susceptible de producirse o no y, por esa razón, inhábil a los fines pretendidos por el recurrente [...]».
En todo caso, baste esta referencia a una problemática que nos indica el estado de la cuestión. El estudio completo de cada situación administrativa —servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencias y suspensión de funciones—, con su jurisprudencia y su doctrina, lo he desarrollado en mi obra Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos (4.ª ed., Aranzadi, 2024), a la que remito al lector.
Para el estudio completo de las situaciones administrativas
Lorenzo de Membiela, J. B.: Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos, 4.ª ed., Aranzadi, 2024 (ISBN 978-84-1162-922-5). Obra de referencia en la materia, sus 1.600 páginas, actualizadas conforme al TREBEP y al RD 365/1995, analizan cada situación administrativa —servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencias y suspensión de funciones— con sus antecedentes históricos, la jurisprudencia y la doctrina científica más relevantes, los dictámenes de la Comisión Superior de Personal y esquemas de aplicación práctica.
En resumen: una herramienta para funcionarios, responsables de recursos humanos, abogados y jueces. Disponible en Aranzadi y en las principales librerías jurídicas.
Notas
- Sánchez Morón, M. (2021): Derecho de la función pública, 14.ª ed., Madrid: Tecnos, p. 185; Linde Paniagua, E. (2008): El Estatuto Básico del Empleado Público y su desarrollo por el Estado y las comunidades autónomas, Madrid: Colex, p. 82. ↩
- Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público (2005): Informe, Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, p. 129. ↩
- Castillo Blanco, F. (2007): «Los derechos individuales de los empleados públicos», en Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Valladolid: Lex Nova, p. 140. ↩
- Parada Vázquez, R. (2000): Derecho administrativo, t. II, Organización y empleo público, Madrid: Marcial Pons, p. 491; Parada Vázquez, R. y Fuentetaja Pastor, J. (2019): Derecho de la función pública, Pamplona: Aranzadi, p. 437. ↩
- Martín Mateo, R. (1966): «La inamovilidad de los funcionarios públicos», Revista de Administración Pública, 51, p. 20. ↩
- Ubierna, J. A. (1932): El funcionario público español (sus derechos y deberes), Madrid: Editorial Castro, p. 113. ↩
- STSJ de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 2.ª, de 22 de octubre de 2001 (ECLI:ES:TSJCLM:2001:2910). ↩
- STSJ de Castilla y León, Valladolid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de enero de 2011 (rec. 2882/2008; RJCA 2011, 213; ECLI:ES:TSJCL:2011:365). ↩
- STSJ de Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, n.º 844/2022, de 7 de noviembre de 2022 (rec. 256/2021; ECLI:ES:TSJGAL:2022:7511). ↩
- Parada Vázquez, R. (2007): Derecho del empleo público, Madrid: Marcial Pons, p. 171. ↩
- Morell Ocaña, L. (2001): «Dirección de la Administración pública por el Gobierno y garantías de imparcialidad administrativa», Revista de Administración Pública, 156, p. 48. ↩
- STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, n.º 1198/2019, de 19 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2798). ↩
- STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, n.º 712/2020, de 9 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1806). ↩
- El desarrollo legal previsto en el art. 85.2 RDLeg 5/2015, TREBEP, no se ha producido aún en la Administración General del Estado. El Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado (BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, núm. 31-1, de 26 de julio de 2024, expte. 121/000031), que regula las situaciones administrativas y suprime, entre otras, la excedencia forzosa, se encomendó con competencia legislativa plena a la Comisión de Hacienda y Función Pública; el Pleno del Congreso acordó el 13 de marzo de 2025 avocar su debate y votación final, y la iniciativa se encuentra en fase de informe de la Ponencia desde el 20 de febrero de 2025. Entretanto, rige el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. ↩
- Martínez de Pisón Aparicio, I. (1995): Régimen jurídico de la función pública y derecho al cargo, Madrid: Civitas, p. 331; Férez Fernández, M. (2007): «La función pública local (selección, provisión de puestos, carrera, situaciones administrativas)», en Palomar Olmeda, A. (coord.): El Estatuto Básico y su incidencia en el ámbito local, Granada: CEMCI, p. 322. ↩
- STSJ de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28 de mayo de 2003 (rec. 220/2002; RJCA 2004, 249; ECLI:ES:TSJCAT:2003:6554). ↩
- Véase De la Cruz Ferrer, J. (2015): La función pública superior en Estados Unidos, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, pp. 36, 40-4 y 62. ↩
- Jordana de Pozas, L. (1952): «Situación y necesaria reforma del Estatuto de los funcionarios públicos», en Estudios dedicados al profesor Gascón y Marín, Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local. ↩
- Weber, M. (2002): Economía y sociedad, trad. de J. Medina Echavarría, J. Roura Parella, E. Ímaz, E. García Máynez y J. Ferrater Mora, Madrid: Fondo de Cultura Económica, pp. 179 y 782. ↩
- Weber, M. (1979): El político y el científico, Madrid: Alianza Editorial, p. 102; Rebollo Puig, M., Vera Jurado, D. et al. (2019): Derecho administrativo, t. IV, Madrid: Tecnos, p. 300. ↩
- STSJ de Cantabria, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 26 de mayo de 1997 (rec. 730/1996; RJCA 1997, 1448). ↩
- STC 68/1990, de 5 de abril (RTC 1990, 68). ↩
- STC 178/1989, de 2 de noviembre (RTC 1989, 178). ↩
- STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16 de junio de 2014 (RJ 2014, 3956). ↩
- Escribano Collado, P. (1995): voz «Expectativa», en Enciclopedia jurídica básica, vol. II, Madrid: Civitas, p. 2997. ↩
- STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28 de mayo de 2001 (RJ 2001, 7974). ↩
- STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de abril de 1998 (RJ 1998, 4524). ↩
- Garrido Falla, F. (1989): «Sobre la responsabilidad del Estado legislador», Revista de Administración Pública, 118, p. 38. ↩
- STC 108/1986, de 29 de julio (RTC 1986, 108). ↩
- STC 99/1987, de 11 de junio (RTC 1987, 99). ↩
- STC 100/1989, de 5 de junio (RTC 1989, 100). ↩
- STSJ de Andalucía, Sevilla, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 12 de diciembre de 2008 (rec. 345/2003; JUR 2009, 160713; ECLI:ES:TSJAND:2008:15728). ↩
- STSJ de Andalucía, Sevilla, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 12 de diciembre de 2008 (rec. 785/2005; JUR 2009, 160712; ECLI:ES:TSJAND:2008:15729). ↩
- STSJ de Andalucía, Sevilla, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 19 de diciembre de 2008 (rec. 1125/2005; JUR 2009, 160198; ECLI:ES:TSJAND:2008:15754). ↩
- STC 70/1988, de 19 de abril (RTC 1988, 70). ↩
- STC 99/1987, de 11 de junio (RTC 1987, 99). ↩
- STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 15 de julio de 1987 (RJ 1988, 10105). ↩
- STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 31 de mayo de 2011 (casación 944/2007; RJ 2011, 4865). ↩
- STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 5 de noviembre de 2010 (casación 1767/2006; RJ 2010, 7933). ↩
- STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 1 de julio de 2013 (RJ 2013, 6029). ↩
Para seguir leyendo
- Castillo Blanco, F. A. (dir.) (2009): Manual de empleo público, Madrid: Iustel.
- Gamero Casado, E. y Fernández Ramos, S. (2025): Manual básico de Derecho administrativo, 22.ª ed., Madrid: Tecnos.
- Muñoz Machado, S. (2015): Tratado de Derecho administrativo y Derecho público general, 4.ª ed., 14 tomos, Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (especialmente el t. X, La Administración del Estado). Descarga gratuita en la Biblioteca Jurídica Digital del BOE.
- Parada Vázquez, R. y Fuentetaja Pastor, J. (2019): Derecho de la función pública, Pamplona: Aranzadi.
- Sánchez Morón, M. (2021): Derecho de la función pública, 14.ª ed., Madrid: Tecnos.
- Lorenzo de Membiela, J. B. (2024): Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos, 4.ª ed., Aranzadi.
- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (texto consolidado).
- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (texto consolidado).
- Congreso de los Diputados: Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado (BOCG, serie A, núm. 31-1).
Imágenes: Wikimedia Commons (dominio público). Infografía: elaboración propia.
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