Lazo negro
In memoriam víctimas de Urda (Toledo)

martes, 17 de noviembre de 2026

Sanidad y relativismo gestor: el caso del Mid Staffordshire NHS Foundation Trust

Hospital de Stafford (Inglaterra), fotografía de Bill Boaden, 2010
Stafford · 2005-2015
La compasión perdida
En un hospital público inglés, el control de costes se impuso al cuidado del enfermo. Dos investigaciones, un perdón público y nuevas leyes intentaron reparar el daño.
Baje para seguir
Vista general del hospital de Stafford, hoy County Hospital
El abandono · 2005-2010
El palacio de Westminster, sede de la Cámara de los Comunes, visto desde el Támesis
La reparación · 2013-2015
Enero de 2005: comienza en el hospital de Stafford el periodo de mortalidad anómala que después se investigará.
Marzo de 2009: la Healthcare Commission publica un informe muy crítico con la atención que presta la fundación.
24 de febrero de 2010: el abogado Robert Francis publica su primer informe: pacientes sucios, sin comida ni bebida, privados de toda dignidad.
6 de febrero de 2013: se presenta el informe final de la investigación pública, y el primer ministro, David Cameron, pide perdón por lo ocurrido.
16 de abril de 2013: la fundación es la primera sometida a administración especial; se disolverá el 1 de noviembre de 2014.
13 de abril de 2015: entra en vigor el delito de maltrato o negligencia deliberada que pedía la investigación.
Cronología, 2004-2020
2004
Foundation Trusts
Primeras fundaciones del NHS con autonomía de gestión.
2005
Mortalidad anómala
Comienza el periodo investigado, hasta marzo de 2009.
2009
Healthcare Commission
Su informe de marzo denuncia la atención en Stafford.
2010
Primer informe Francis
24 de febrero; el 9 de junio se anuncia la investigación pública.
2013
Informe final
6 de febrero; el primer ministro pide perdón.
2013
Administración especial
16 de abril; la primera de una fundación del NHS.
2014
Disolución
1 de noviembre; el hospital pasa a llamarse County Hospital.
2014
Deber de franqueza
27 de noviembre; obligación legal de informar al paciente.
2015
Negligencia deliberada
13 de abril; nuevo delito para profesionales y centros.
2020
Salida de la Unión Europea
31 de enero; el Reino Unido deja la Unión.
Una sala del hospital de Escutari, litografía de 1856
Siglo y medio antes de Stafford, esta sala de Escutari mostraba ya la primera tarea de un hospital: cuidar al enfermo. Donde falta la compasión, ninguna ley llega a tiempo.William Simpson (dibujo) y E. Walker (litografía), «One of the wards in the hospital at Scutari» [una sala del hospital de Escutari], Londres: Paul and Dominic Colnaghi, 21 de abril de 1856. Wellcome Collection, Londres. Wikimedia Commons (CC BY 4.0).
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Sucesos contemporáneos · Serie microensayos

Sanidad y relativismo gestor: el caso del Mid Staffordshire NHS Foundation Trust

Entre 2005 y 2009, en un hospital público inglés murieron entre 400 y 1200 pacientes por causas evitables mientras primaban el control de costes y el interés corporativo. Qué ocurrió, qué se investigó y qué cambió después.

Por Juan B. Lorenzo de Membiela
⏱ 7 min de lectura

Vista general del hospital de Stafford (Inglaterra), hoy County Hospital
Alistair Rose, «Stafford Hospital Overview» [vista general del hospital de Stafford (Inglaterra), hoy County Hospital], Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Fuente.

Sinopsis

Idea principalConclusión
Una mortalidad inusual entre 2005 y 2009Hospital de Stafford, más de 276 500 habitantes atendidos
Las Foundation Trusts descentralizan la sanidad pública británicaEstructuras de tipo cooperativo creadas desde 2004
Primera investigación de Robert FrancisInforme de febrero de 2010
Investigación pública conforme a la Inquiries Act 2005Conclusiones de 6 de febrero de 2013; Cameron pide perdón
«Preocupante falta de compasión»Miedo y represalias contra quien discrepaba
Pacientes desatendidos y sin dignidadEntre 400 y 1200 muertes evitables
Primó el control de costes sobre la saludLos fines se convirtieron en medios
Fallaron la gestión y la supervisión públicaSe propuso tipificar delitos por infracción de la lex artis
La privatización extrema no es la única salidaCabe rediseñar un servicio eficiente
Actualización 2026La fundación se disolvió en 2014 y se creó el delito de negligencia deliberada

Cronología, 2004-2020

2004Primeras NHS Foundation Trusts
2005-2009Mortalidad anómala en el hospital de Stafford
2010Primer informe Francis y anuncio de la investigación pública
Febrero y junio
2013Informe final de la investigación pública
6 de febrero
2013La fundación es intervenida
16 de abril
2014Disolución de la fundación
1 de noviembre
2014Deber legal de franqueza en el NHS
27 de noviembre
2015Se crea el delito de negligencia deliberada
Criminal Justice and Courts Act
2020El Reino Unido sale de la Unión Europea
31 de enero

I. Los hechos

Durante el periodo de enero de 2005 a marzo de 2009 se produjo una tasa inusual de muertes en el Mid Staffordshire NHS Foundation Trust, hospital británico de ámbito local situado en el centro de Inglaterra. El complejo sanitario atiende a las localidades de Stafford, Cannock, Rugeley y sus alrededores, con una población de más de 276 500 personas.

Las NHS Foundation Trusts son una forma de organización sanitaria desconcentrada del sistema público de salud británico que delega la toma de decisiones en las comunidades locales. Persiguen con ello conectar directamente con las necesidades de la población. Son estructuras similares a las cooperativas, en las que pueden participar la población local, los pacientes y el personal sanitario. En el Reino Unido, la primera Foundation Trust comenzó en 2004. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados.

II. Las investigaciones

Las insuficiencias de la gestión, con perjuicio para los pacientes, fueron documentadas por una primera investigación independiente encargada al abogado Robert Francis, experto en negligencias médicas, cuyo informe se publicó en febrero de 2010. El 9 de junio de 2010, el secretario de Estado de Salud, Andrew Lansley, anunció ante la Cámara de los Comunes una investigación pública.

Esta investigación se ordenó conforme a la Inquiries Act 2005 (Ley de Investigaciones de 2005) y su Reglamento de 2006. Sus conclusiones se presentaron ante la Cámara de los Comunes el 6 de febrero de 2013, y obligaron al primer ministro, David Cameron, a pedir perdón a la ciudadanía por lo ocurrido1.

El palacio de Westminster, sede de la Cámara de los Comunes, visto desde el Támesis
«Houses of Parliament from the river, London, England» [el palacio de Westminster, sede de la Cámara de los Comunes, visto desde el Támesis], fotocromo, Library of Congress, Photochrom Print Collection, entre 1890 y 1900. Fuente.

La investigación trató de esclarecer los hechos documentados en el primer informe, en el que se constata una «preocupante falta de compasión» por parte del personal sanitario, junto a la extorsión y el miedo que coaccionaban a quienes discrepaban de los defectos de práctica, gestora y médica, que tenían amplitud sistémica (diario The Guardian, 30 de enero de 2013).

Se constató cómo las recepcionistas decidían quién era o no aceptado para su ingreso, la falta de formación del personal para usar los equipos o la inexperiencia de algunos médicos a los que se encomendaron pacientes en estado crítico.

Los pacientes se encontraban desatendidos e indefensos. Estaban sucios, sin comida y sin bebida. Quienes no podían comer sin ayuda no comían. Otros llegaron a beberse el agua de los floreros porque era el único líquido al que podían acceder. Los que tenían problemas de movilidad no podían ir al baño y hacían sus necesidades en la cama. Los medicamentos estaban prescritos, pero no se suministraban. «Estaban privados de toda dignidad y respeto […]», narra el informe. En total, se estima que entre 400 y 1200 personas fallecieron por causas que podrían haberse evitado (diario ABC de Sevilla, 10 de febrero de 2013).

La investigación arroja una historia de sufrimiento terrible e innecesario, en la que primaron el interés corporativo y el control de costes sobre la salud de los pacientes.

III. Un modelo en crisis

El modelo de Foundation Trust de Mid Staffordshire se consideraba, ya en 2013, económica y financieramente insuficiente y médicamente insostenible para 2015.

Una solución propuesta era compartir la infraestructura médica especializada con grandes hospitales, según comentó a la BBC en diciembre de 2012 Lyn Hill-Tout, directora ejecutiva de la fundación.

El Real Colegio de Médicos declaró entonces que los hospitales estaban al borde del colapso y vaticinó más muertes de pacientes por negligencia, a menos que el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) fuera reformado radicalmente (diario The Times, 10 de febrero de 2013).

Este suceso, lamentable, se manifestó en pleno debate sobre la privatización de los servicios sanitarios, tema sensible para la sociedad. Preocupante es que se produjera en un país que era entonces miembro de la Unión Europea, donde existe una Carta de Derechos Fundamentales y varias directivas sobre servicios sanitarios, sin olvidar los tratados y declaraciones internacionales. Pero una cosa son las leyes y otra muy distante lo que se interioriza y asume en las conciencias. La incapacidad de asumir el deber que dimana del derecho lo relativiza y frustra su eficacia.

Si la maximización económica o la viabilidad de cualquier organización pasa por prescindir del paciente, el sistema creado legitima una crueldad propia de lo bárbaro y el fracaso de lo democrático.

Una cosa son las leyes y otra muy distante lo que se interioriza y asume en las conciencias.

IV. Lecciones

Concurren hechos que deben considerarse para evitar que se produzcan de nuevo en cualquier parte, porque el dilema financiero de la crisis globalizada convierte los fines en medios:

  1. El fracaso de la gestión estricta de costes en centros sanitarios sin supervisión ni control de la Administración. Las recomendaciones de la investigación oficial proponen una actividad fiscalizadora del Gobierno y la tipificación de delitos por infracción de la lex artis médica, pero también gestora.
  2. La banalización de la vida del enfermo y del anciano, despojado de toda dignidad y cosificado como un insumo económico.
  3. La impiedad de los gestores y del personal implicado, pero también una sociedad insolidaria. Gestores institucionalizados incapaces de adoptar medidas correctoras, lo que evidencia una carencia de valores que los inhabilita para dirigir organizaciones de servicios públicos. Y una sociedad sumida en el pavor, que anuló sus derechos.

No es fácil encontrar soluciones ante un sistema de salud precario por su extensión, pero la privatización extrema no es la única opción, tampoco lo público supone una garantía cuando la integridad de alguno de sus miembros está corrompida. Cabe, como alternativa, reinventar y rediseñar un servicio que ofrezca garantías de eficiencia económica y médica; al fin y al cabo, la carga impositiva sobre los ciudadanos es lo bastante elevada como para exigir al menos un mínimo vital.

V. Actualización (2026)

Las recomendaciones del informe Francis tuvieron consecuencias. La fundación fue intervenida en abril de 2013, la primera en sufrir esa medida, y se disolvió el 1 de noviembre de 2014: el hospital de Stafford pasó a llamarse County Hospital y quedó integrado en otra fundación de la región.

En 2014 se impuso a los centros sanitarios un deber legal de franqueza (duty of candour), que obliga a informar al paciente de los errores que le hayan causado daño2. Y la Ley de Justicia Penal y Tribunales de 2015 creó el delito de negligencia o maltrato deliberado (wilful neglect) por parte de profesionales y organizaciones sanitarias, tal como pedía la investigación3. Desde el 31 de enero de 2020, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea.

En España no existe una regulacion equivalente pues todo se regula a traves o de la responsabilidad patrimonial del Estado, art 32  LSP 40/2015 ,  o por la via penal. 

El supuesto ingles castiga la negligencia deliberada cuando el autor haya actuado a sabiendas, por ejemplo negando conscientemente una medicación necesaria, o con indiferencia ante si el paciente la necesita o no . No exige daño real .  En este sentido, en España  existe un vacio legal que debería tipificarse  maxime en aquellas acciones hechas por la administración  en su función de control o inspeccion cuando impide la dispensacion de medicamentos que de no ser suministrados pueda provocar daños serios o  severos a  la persona. 

Actualización normativa (noviembre de 2026)

  • Inquiries Act 2005 e Inquiry Rules 2006: en vigor. El proyecto de ley de responsabilidad de los cargos públicos (Public Office (Accountability) Bill), en tramitación en la Cámara de los Lores (segunda lectura, 1 de septiembre de 2026), propone modificar la ley.
  • Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014, reg. 20 (deber de franqueza): en vigor para el NHS desde el 27 de noviembre de 2014 y para los demás centros registrados desde el 1 de abril de 2015.
  • Criminal Justice and Courts Act 2015, arts. 20 a 25 (maltrato o negligencia deliberada): en vigor en Inglaterra y Gales desde el 13 de abril de 2015; el art. 20.9 se modificó en 2022.
  • Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: dejó de formar parte del Derecho británico al terminar el periodo transitorio del Brexit, el 31 de diciembre de 2020 (European Union (Withdrawal) Act 2018, art. 5.4).

Comprobado en legislation.gov.uk.

Infografía del microensayo «Sanidad y relativismo gestor: el caso del Mid Staffordshire NHS Foundation Trust»
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Notas

  1. Francis, R. (2013): Report of the Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public Inquiry, Londres: The Stationery Office. Disponible en: gov.uk. ↩
  2. The Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014, reg. 20, en vigor para los centros del NHS desde el 27 de noviembre de 2014. Disponible en: legislation.gov.uk. ↩
  3. Criminal Justice and Courts Act 2015, arts. 20 a 25 (en vigor desde el 13 de abril de 2015). Disponible en: legislation.gov.uk. ↩

Para seguir leyendo

  • Healthcare Commission (2009): Investigation into Mid Staffordshire NHS Foundation Trust, Londres: Commission for Healthcare Audit and Inspection.
  • Francis, R. (2010): Independent Inquiry into Care Provided by Mid Staffordshire NHS Foundation Trust, January 2005 – March 2009, Londres: The Stationery Office.
  • Francis, R. (2013): Report of the Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public Inquiry, Londres: The Stationery Office.
  • Keogh, B. (2013): Review into the quality of care and treatment provided by 14 hospital trusts in England: overview report, Londres: NHS England.
  • Berwick, D. (2013): A promise to learn – a commitment to act. Improving the Safety of Patients in England, Londres: Department of Health.

Imágenes: Wikimedia Commons (dominio público, salvo las fotografías del hospital de Stafford, de Bill Boaden, CC BY-SA 2.0, y Alistair Rose, CC BY-SA 4.0, y la litografía de William Simpson, Wellcome Collection, CC BY 4.0). Infografía: elaboración propia.

domingo, 15 de noviembre de 2026

La empresa y la empresa pública: el mismo nombre, otra lógica

Sucesos contemporáneos · Serie microensayos

La empresa y la empresa pública: el mismo nombre, otra lógica

Llamamos empresa a la panadería del barrio y a una sociedad estatal. El nombre es el mismo; las fuerzas que las obligan a ser eficientes, no.

Por Juan B. Lorenzo de Membiela
⏱ 9 min de lectura

Quentin Massys, El cambista y su mujer (1514). París, Museo del Louvre.
Quentin Massys, El cambista y su mujer (1514), óleo sobre tabla. París, Museo del Louvre. Fuente.

Sinopsis

Idea principalConclusión
El Diccionario da a «empresa» dos sentidos principales: la tarea difícil y la organización económica.Ambos coinciden en lo esencial: un propósito que exige decisión y esfuerzo.
El Diccionario panhispánico del español jurídico define la empresa pública por la influencia dominante de los poderes públicos.El criterio es el control, no la propiedad del cien por cien del capital.
Stern y De Geus ven en la empresa un organismo con fines, memoria e instinto de supervivencia.La metáfora ilumina, pero no basta para definir.
Coase explicó en 1937 por qué existen las empresas: organizar dentro cuesta menos que contratar fuera.La empresa es la frontera entre el mercado y la jerarquía.
El Derecho de la Unión adopta un concepto funcional de empresa (Höfner y Elser, 1991).Es empresa quien ejerce una actividad económica, sea cual sea su forma jurídica.
El Derecho español adopta un concepto orgánico de empresa pública (Ley 40/2015).Es sociedad mercantil estatal aquella sobre la que el Estado ejerce control.
La Constitución reconoce a la vez la libertad de empresa (art. 38) y la iniciativa pública (art. 128.2).Empresa privada y empresa pública conviven por mandato constitucional.
Hirschman distinguió dos respuestas al deterioro: la salida y la voz.Al usuario de un servicio público le queda poco más que la voz.
Niskanen describió al gestor público que tiende a maximizar su presupuesto.El tamaño sustituye al beneficio como medida del éxito.
Kornai acuñó la «restricción presupuestaria blanda».La empresa que sabe que será rescatada pierde el incentivo de ser eficiente.
Lo que separa a la empresa pública de la privada no es la organización, sino la eficiencia exigible.La diferencia está en quién paga las consecuencias del error.
Sin mercado que discipline, la eficiencia pública necesita otros cauces de control.La voz del ciudadano debe tener efectos jurídicos.

Cronología, 1937-2015

1937Coase publica «The Nature of the Firm»
La empresa como alternativa al mercado
1970Hirschman publica Exit, Voice, and Loyalty
Salida y voz ante el deterioro
1971Niskanen publica Bureaucracy and Representative Government
El gestor que maximiza su presupuesto
1978Constitución Española, arts. 38 y 128.2
Libertad de empresa e iniciativa pública
1979Kornai formula la restricción presupuestaria blanda
Econometrica, vol. 47, núm. 4
1991Sentencia Höfner y Elser (asunto C-41/90)
Concepto funcional de empresa en la Unión
1997De Geus publica The Living Company
La empresa como organismo vivo
2006Directiva 2006/111/CE, de 16 de noviembre
Define la empresa pública por la influencia dominante
2015Ley 40/2015, de 1 de octubre
Regula las sociedades mercantiles estatales

I. La palabra

Antes de ser un concepto económico o jurídico, «empresa» es una palabra con historia. El Diccionario de la lengua española, en su vigesimotercera edición, le da cinco acepciones. Las dos primeras explican casi todo: «acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo» y «unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos»1.

El orden no es casual. Primero fue la hazaña; después, la organización. La empresa del caballero, la del navegante y la del comerciante comparten un rasgo: alguien se propone un fin difícil y reúne medios para alcanzarlo. La sociedad anónima moderna no ha perdido esa raíz, aunque la haya cubierto de balances y estatutos.

La segunda acepción, en cambio, plantea ya el problema de este microensayo. Si la empresa persigue «fines lucrativos», ¿qué es la empresa pública, que a menudo no los persigue? El Diccionario panhispánico del español jurídico responde con un criterio distinto: no el fin, sino el control. Es empresa pública aquella sobre la que los poderes públicos pueden ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante2. La misma palabra designa, pues, dos realidades que se definen por cosas diferentes.

II. La empresa como organismo vivo

Una corriente de pensamiento ha querido ver en la empresa algo más que una suma de contratos. William Stern, fundador del personalismo crítico, consideraba persona a todo ente orientado a metas, consciente de sí, abierto al mundo y con instinto de supervivencia. Arie de Geus, que fue directivo de Shell, llevó la idea a la gestión en The Living Company (1997): las empresas más longevas se comportan como organismos que aprenden, se adaptan y cuidan de su propia continuidad3.

La metáfora tiene valor. Explica por qué dos empresas con los mismos recursos obtienen resultados distintos, y por qué la cultura de una organización sobrevive a quienes la fundaron. Pero tiene un límite: todo organismo vivo, sea público o privado, quiere sobrevivir. La metáfora no distingue la empresa de la Administración, ni la empresa privada de la pública. Para eso hace falta otra herramienta.

III. Por qué existen las empresas

En 1937, un economista británico de veintiséis años, Ronald Coase, se hizo una pregunta que nadie se había planteado con claridad: si el mercado asigna los recursos de forma eficiente, ¿por qué existen las empresas? ¿Por qué no contrata cada persona, cada día, lo que necesita?4

Su respuesta fue sencilla y fecunda. Usar el mercado tiene costes: buscar quién ofrece qué, negociar, redactar contratos, vigilar que se cumplan. Cuando organizar una tarea dentro, bajo una jerarquía, cuesta menos que contratarla fuera, nace la empresa. La empresa es, en esta lectura, una isla de organización en el mar del mercado, y su tamaño se detiene allí donde organizar dentro empieza a costar más que comprar fuera.

La idea de Coase, que le valió el Premio Nobel de Economía en 1991, tiene una consecuencia decisiva para la empresa pública. La empresa privada vive en la frontera con el mercado: si organiza mal, el mercado se lo cobra. La empresa pública, con frecuencia, no tiene esa frontera, porque o actúa en monopolio o su financiación no depende de sus ventas.

IV. El concepto jurídico: función y control

El Derecho ha resuelto el problema de dos maneras distintas, y conviene no confundirlas.

El Derecho de la Unión Europea adopta un concepto funcional. En la sentencia Höfner y Elser, de 23 de abril de 1991 (asunto C-41/90), el Tribunal de Justicia declaró que el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación5. Una oficina pública de empleo podía ser, a estos efectos, una empresa. Lo que importa es lo que se hace, no quién lo hace.

El Derecho español, para su propio sector público, adopta un concepto orgánico. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, define la sociedad mercantil estatal por el control:

«Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal [...]».

Ese control existe, entre otros supuestos, cuando la participación directa del Estado y de su sector público institucional en el capital es superior al 50 por 100 (art. 111.1). Y el artículo 113 fija su régimen: Derecho privado, salvo en las materias presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación, en las que se aplica el Derecho público6.

La Directiva 2006/111/CE, sobre la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, une ambos enfoques. Define la empresa pública como aquella sobre la que los poderes públicos pueden ejercer una influencia dominante, y la presume cuando poseen la mayoría del capital, controlan la mayoría de los votos o pueden nombrar a más de la mitad de los administradores7.

La empresa en la Constitución

La Constitución de 1978 reconoce las dos empresas en dos artículos distintos. El artículo 38 dice:

«Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación».

Y el artículo 128.2:

«Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».

Dato final: la empresa privada nace de una libertad; la empresa pública, de una habilitación legal al servicio del interés general.

V. Lo que de verdad las separa

Si la organización es la misma (jerarquía, división del trabajo, dirección), ¿qué separa a la empresa pública de la privada? A mi juicio, la eficiencia: no porque la pública sea siempre menos eficiente, sino porque las fuerzas que la obligan a serlo son más débiles. Tres autores lo explican desde tres ángulos.

Hirschman: salida y voz (1970). Ante el deterioro de un producto o servicio, el cliente puede marcharse a la competencia o protestar. La empresa privada siente la salida en su cuenta de resultados y reacciona. El usuario de un servicio público rara vez puede marcharse: no elige su registro civil ni su oficina de la Seguridad Social. Le queda la voz, y la voz solo es eficaz si alguien está obligado a escucharla8.

Niskanen: el presupuesto como medida del éxito (1971). El gestor privado se mide por el beneficio. El gestor público, que no tiene beneficio que mostrar, tiende a medirse por el tamaño de su presupuesto y de su plantilla. Crecer se convierte en un fin en sí mismo9.

Kornai: la restricción presupuestaria blanda (1979). János Kornai observó en las economías socialistas que las empresas estatales no quebraban: cuando perdían dinero, el Estado las rescataba. Una empresa que sabe de antemano que será rescatada no tiene el incentivo de ajustar su gasto a sus ingresos. El concepto ha resultado útil mucho más allá de su origen: sirve para analizar bancos, hospitales y entidades públicas de cualquier país10.

En la empresa pública, el error lo paga el contribuyente, que no lo decidió ni puede evitarlo.

En la empresa privada, el error lo pagan los accionistas y, en último término, la propia empresa, que desaparece. En la empresa pública, el error lo paga el contribuyente, que no lo decidió ni puede evitarlo. Por eso la eficiencia, que en la empresa privada es una condición de supervivencia, en la pública debe ser un mandato jurídico. Y lo es: el artículo 31.2 de la Constitución somete el gasto público a los criterios de eficiencia y economía, y la Ley 40/2015 incluye la eficiencia entre los principios de todo el sector público.

VI. Conclusión

La palabra «empresa» une dos realidades que la economía y el Derecho definen de forma distinta. La empresa privada se define por su fin y vive en la frontera del mercado; la pública se define por quién la controla y vive, con frecuencia, a resguardo de esa frontera. Coase explica por qué existen ambas; Hirschman, Niskanen y Kornai, por qué no se comportan igual.

La consecuencia práctica es clara. Si el mercado no disciplina a la empresa pública, alguien tiene que hacerlo. Los controles internos y el Tribunal de Cuentas cumplen parte de esa tarea, pero el ciudadano que la sostiene con sus impuestos carece hoy de una voz con efectos jurídicos. Darle esa voz es el paso que falta para que la eficiencia pública sea algo más que un principio escrito.

Actualización normativa (noviembre de 2026)

Constitución Española de 1978, arts. 31.2, 38 y 128.2: en vigor.

Directiva 2006/111/CE, de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas: en vigor.

Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas: en vigor; incorpora la Directiva al Derecho español.

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: en vigor.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3.1, 111 y 113: en vigor desde el 2 de octubre de 2016. Sustituyó a la Ley 6/1997 (LOFAGE) y, en esta materia, a la Ley 30/1992.

Infografía del microensayo «La empresa y la empresa pública: el mismo nombre, otra lógica»
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Notas

  1. Real Academia Española (2014): Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., Madrid: Espasa, s. v. «empresa», acepciones 1 y 2. ↩
  2. Real Academia Española (dir. Muñoz Machado, S.) (2017): Diccionario panhispánico del español jurídico, Madrid: Santillana, s. v. «empresa pública», acepción 1. ↩
  3. De Geus, A. (1997): The Living Company, Boston: Harvard Business School Press. ↩
  4. Coase, R. H. (1937): «The Nature of the Firm», Economica, 4 (16), pp. 386-405. ↩
  5. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (1991): sentencia de 23 de abril, Höfner y Elser, asunto C-41/90, apartado 21. ↩
  6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 111.1 y 113. ↩
  7. Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, art. 2.b). ↩
  8. Hirschman, A. O. (1970): Exit, Voice, and Loyalty, Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press. Traducción española: Salida, voz y lealtad, México: Fondo de Cultura Económica, 1977. ↩
  9. Niskanen, W. A. (1971): Bureaucracy and Representative Government, Chicago: Aldine-Atherton. ↩
  10. Kornai, J. (1979): «Resource-Constrained versus Demand-Constrained Systems», Econometrica, 47 (4), pp. 801-819; y Kornai, J. (1986): «The Soft Budget Constraint», Kyklos, 39 (1), pp. 3-30. ↩

Para seguir leyendo

  • Kornai, J., Maskin, E. y Roland, G. (2003): «Understanding the Soft Budget Constraint», Journal of Economic Literature, 41 (4), pp. 1095-1136.
  • Lorenzo de Membiela, J. B. (2004): «Los principios de eficacia y organización en la estructura de la Administración Pública», Revista de Administración Pública, 164, pp. 331-348.
  • Lorenzo de Membiela, J. B. (2009): «Democracia, gobernanza y desarrollo sostenible en la nueva gerencia pública», Revista Aragonesa de Administración Pública, 34, pp. 325-342.
  • Real Academia Española: Diccionario panhispánico del español jurídico, en línea: dpej.rae.es.

Imágenes: Wikimedia Commons (dominio público).

sábado, 14 de noviembre de 2026

De nuevo la inacción y la ausencia de España complican el escenario internacional del Sáhara

Noticia · Geopolítica · 14 noviembre 2026
Carretera N1 entre El Aaiún y El Marsa, en el Sáhara Occidental
Carretera N1 entre El Aaiún y El Marsa, en el Sáhara Occidental. (Foto: dimitri from Millau, 2007, CC BY 2.0, vía Wikimedia Commons. Fuente)

La Asamblea General de la ONU debate el veto que liquidó la MINURSO mientras el Gobierno español guarda silencio.

La situación en el Sáhara Occidental se ha endurecido desde el pasado día 10 de noviembre. Marruecos y Francia dan por resuelto el contencioso a favor de Rabat, el Frente Polisario ha declarado la movilización general y España sigue sin pronunciarse sobre el fin de la misión de las Naciones Unidas en el territorio.

Claves

  • El 30 de octubre, el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad impidió renovar la MINURSO, que está en liquidación.
  • El 10 de noviembre, la Asamblea General debatió el veto y el Frente Polisario declaró la movilización general.
  • España no ha tomado la palabra en la Asamblea ni se ha pronunciado sobre el fin de la misión.

Un veto ante la Asamblea General

El 10 de noviembre, la Asamblea General de la ONU debatió el veto con el que Rusia bloqueó, el 30 de octubre, la renovación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Este mecanismo, aprobado en 2022 (resolución 76/262), obliga a la Asamblea a reunirse en un plazo de diez días hábiles tras cada veto.

La representante adjunta rusa, Anna Evstigneeva, justificó la decisión de Moscú en nombre del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Estados Unidos defendió su proyecto con el argumento de que «un referéndum que nunca se celebrará no beneficia a nadie». El texto estadounidense preveía cerrar el componente militar de la misión el 30 de abril de 2027 y sustituirlo por una misión política. Argelia insistió en que el Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización.

La Unión Europea, por boca de su embajador Stavros Lambrinidis, lamentó el veto y el final abrupto de la misión, sin periodo de transición. Aun así, reiteró su apoyo a la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad, que toma como base de la negociación el plan de autonomía marroquí.

La MINURSO, creada en 1991, continúa en fase de liquidación sin fecha de cierre. El secretario general, António Guterres, ha pedido «máxima contención» a las partes, y su enviado personal, Staffan de Mistura, sigue en el cargo.

El Polisario, en pie de guerra

El Frente Polisario respondió el mismo día 10. Tras una reunión de urgencia presidida por su secretario general, Brahim Gali, declaró el estado de «movilización general» ante posibles avances marroquíes hacia la franja de separación situada al este del muro. Ninguna fuente independiente ha confirmado esos movimientos militares.

Marruecos y Francia: «hasta el fin de los tiempos»

En la Asamblea, el embajador marroquí, Omar Hilale, culpó a Argelia del bloqueo y afirmó que el Sáhara «seguirá siendo marroquí hasta el fin de los tiempos». El ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Burita, ha anunciado que Rabat intentará sacar el asunto de la Cuarta Comisión de la ONU, la encargada de los territorios pendientes de descolonización.

El respaldo más claro llegó el día 13 desde Esauira. Allí, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó ante Burita de «irreversible» el apoyo de París a la soberanía marroquí sobre el territorio.

España, en silencio

No consta una intervención propia de España en el debate de la Asamblea, donde habló la UE en nombre del bloque. El Gobierno tampoco se ha pronunciado sobre el fin de la misión. Mientras, crece la presión desde varios frentes: el Partido Popular le pregunta por Ceuta, Melilla, Canarias y la gestión del espacio aéreo del Sáhara; sus socios de izquierda le reprochan su posición, y en Canarias preocupan la seguridad y la migración.

Para hoy, sábado 14, hay convocada en Madrid una manifestación en apoyo del pueblo saharaui, que coincide con la celebración en la capital de la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO).

Fuentes: Unión Europea, intervención del embajador Stavros Lambrinidis ante la Asamblea General de la ONU (Nueva York, 10 de noviembre de 2026); Frente Polisario, comunicado de su Secretariado Nacional (10 de noviembre de 2026), recogido en www.telesurtv.net; «Russia defends veto that ended UN mission in Western Sahara», Brussels Signal (noviembre de 2026), brusselssignal.eu; Omar Hilale ante la Asamblea General (10 de noviembre de 2026), recogido en Le360, fr.le360.ma; EFE, «Francia califica de “irreversible” su apoyo a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara» (Rabat, 13 de noviembre de 2026), www.infobae.com. Fotografía: dimitri from Millau (CC BY 2.0), Wikimedia Commons. Elaboración propia.

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