Potestad
directiva en la gestión pública ( 1 min.)
por
Juan B Lorenzo de Membiela
Nos encontramos en momentos en los cuales
la gestión publica se haya mediatizada por la explosión del management
directivo, intentando superar anquilosados modos gestores yuxtaponiéndose a
un curioso fenómeno cual es la creciente devaluación del principio de autoridad
,teóricamente recocido a los responsables públicos. Este hecho es
palpable en cualquier Administración pero tambien en cualquier organización, tambien privada, en donde impere un fatum burocrático . En donde, en ocasiones, la razón
del derecho se somete a la razón de la oportunidad en pos del mantenimiento del buen orden gestor o del mantenimiento de
la apariencia de la normalidad gestora .
Se produce en esos supuestos una colisión
de intereses evidente, en donde el interés publico residenciado en el titular
del órgano administrativo se enfrenta a
situaciones particularizadas reacias a cambios que supongan una pérdida o
devaluación de su influencia o estatus dentro de la organización .
Todo cambio estructural implica una modificación del medio y ante ello los sujetos afectados pueden adoptar distintas actitudes, desde la omisiva, prácticamente constituyendo una dejación de sus funciones , sin mayor repercusión administrativa aunque parezca insólito, hasta la más activa, que podrá ser ofensiva y grosera , persiguiendo crear una alarma en el centro laboral .
La solución a estos conflictos individuales o plurales, según los casos y dependiendo del ámbito subjetivo de aplicación, no suele ser otra, en el mayor número de ocasiones, que declinar la decisión directiva adoptada y retrotraer actuaciones , con la consiguiente pérdida de credibilidad y autoridad en la dirección del organismo administrativo. Ésta es una solución pragmática no jurídica . Oportunista pero no efectiva. Retrograda que no avanzada.
Todo cambio estructural implica una modificación del medio y ante ello los sujetos afectados pueden adoptar distintas actitudes, desde la omisiva, prácticamente constituyendo una dejación de sus funciones , sin mayor repercusión administrativa aunque parezca insólito, hasta la más activa, que podrá ser ofensiva y grosera , persiguiendo crear una alarma en el centro laboral .
La solución a estos conflictos individuales o plurales, según los casos y dependiendo del ámbito subjetivo de aplicación, no suele ser otra, en el mayor número de ocasiones, que declinar la decisión directiva adoptada y retrotraer actuaciones , con la consiguiente pérdida de credibilidad y autoridad en la dirección del organismo administrativo. Ésta es una solución pragmática no jurídica . Oportunista pero no efectiva. Retrograda que no avanzada.
Ante esta situación existirán directivos
que afronten estos desafíos pero la gran mayoría replegarán las ansias
modernizadoras entregándose a la
burocracia organizacional , dejándose llevar por el dulce aroma de la
normalidad gestora e impidiendo con ello los
cambios incentivadores de la
eficiencia y eficacia del servicio publico, tanto desde un prisma administrativo[1]
como del elemento humano de la organización.
Ello frustrará la evolución de la
Administración en beneficio y provecho de los ciudadanos . Y es que no debemos
olvidar que la forma de provisión de los puestos de trabajo directivos es la libre
designación, que si bien posee
indudables ventajas[2],
tiene como inconveniente su frágil estabilidad .
Este artículo persigue fundamentar y
potenciar la potestad directiva como mecanismo esencial de cambio en las formas anticuadas de organización y como cauce de modificación de estructuras
implantando los nuevos retos directivos que exige una Administración moderna.
[1] En la acepción empleada por Cosculluela Montaner, Manual de Derecho Administrativo, t. I, Aranzadi, Pamplona, 2003,
p. 33, que engloba las actividades
gestora , ejecutiva
normativa y jurisdiccional.
[2] Lorenzo
de Membiela, La libre designación como medio de optimizar
la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, Actualidad
Administrativa, 2004, 5, pp. 531 y ss..
