Nota de la Real Academia Española sobre las «Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria»
El documento de la Mesa del Congreso da a entender, desde su mismo título («Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria») que los hablantes que no aplican los recursos allí expuestos se expresan en un lenguaje sexista. También se aplica ese criterio en otros documentos oficiales de la Administración elaborados en los últimos años. Sería, pues, sexista, el lenguaje cotidiano de la mayor parte de los millones de hispanohablantes de todo el mundo, incluyendo el de los propios parlamentarios españoles cuando no hablan desde la tribuna o no redactan proyectos legislativos. Sería igualmente sexista —aplicando este razonamiento implícito— el lenguaje de la literatura, el ensayo, la ciencia, el cine, el periodismo, la legislación y tantos otros ámbitos (no necesariamente coloquiales ni informales) en los que los textos escritos en español no se suelen redactar aplicando los recursos que nuestra Administración recomienda.
La Mesa del Congreso parece darse cuenta de la contradicción a la que apunta su criterio cuando hace notar (pág. 15) que sus recomendaciones sobre el lenguaje no sexista no podrían aplicarse a ciertos textos «más literarios o argumentativos». No explica, en cambio, si esos otros discursos dejarían de ser sexistas, o bien desea dar a entender que a sus autores se les tendría que dispensar su sexismo lingüístico, ya que escriben en español sin aplicar las recomendaciones que han de caracterizar los documentos oficiales.
En efecto, es oportuno hacer notar que el término «lenguaje no sexista» —que la Mesa del Congreso adopta en sus recomendaciones y que varios organismos oficiales han aplicado en otras muchas similares— conduce a una peculiar disyuntiva. Cabe pensar, por un lado, que las expresiones propias del lenguaje supuestamente sexista dejan misteriosamente de serlo cuando no aparecen en textos oficiales. La otra opción, más preocupante incluso, consiste en suponer que los hispanohablantes están autorizados a expresarse en un lenguaje sexista a menos que representen a la Administración o redacten discursos públicos. Sospechamos que, tras esa peculiar disyuntiva, se esconde el deseo implícito de acrecentar la distancia —ya considerable en la actualidad— entre el universo oficial y el mundo real. Si bien sería de esperar que las administraciones trabajaran para acortarla, parecen más interesadas en aplicar una y otra vez las dobles varas de medir que tan patentemente la ponen de manifiesto.
Es más que evidente que cada uno puede expresarse con las fórmulas lingüísticas que libremente elija. En cualquier caso, la RAE ha defendido en sus documentos que no son sexistas muchos usos gramaticales y léxicos del español que las autoridades presentan como tales. Ha sostenido asimismo que no se apoya la igualdad de los hombres y las mujeres de nuestro país pidiendo a los ciudadanos (sean parlamentarios o no) que hagan constantes equilibrios sintácticos, morfológicos y léxicos para evitar opciones lingüísticas que pertenecen a su forma natural de expresarse. La RAE ha manifestado también que no se avanza en la consecución de la igualdad democrática de hombres y mujeres forzando de manera artificial la gramática y el léxico de la lengua española, sino arbitrando medidas legislativas que conduzcan a la equiparación de derechos, mejorando la educación que nuestros jóvenes reciben en la escuela y trabajando de otras muchas formas por una sociedad que refleje de manera efectiva todos esos valores […] » .
Fuente: RAE
PD
