Sucesos contemporáneos · Derecho y jurisprudencia

Dimensión constitucional de los motivos de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo

Requisitos procesales, principio pro actione y subsanación de defectos: cómo ha ponderado el Tribunal Constitucional la inadmisión del recurso contencioso-administrativo frente al derecho a la tutela judicial efectiva, con la doctrina posterior hasta 2026.

Por Juan B. Lorenzo de Membiela · Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia · Lectura: 20 min · Actualizado el 25 de octubre de 2026

Sede del Tribunal Constitucional, Madrid. Fotografía: Zarateman (2016), dominio público (CC0). Fuente

Sinopsis

Idea principal	Conclusión
Tensión de fondo	Los requisitos procesales limitan el acceso a la jurisdicción que garantiza el art. 24.1 de la CE.
Primera línea del TC	La inadmisión es constitucional si se funda en una causa legal aplicada de forma razonada y razonable.
Principio pro actione	El contencioso es acceso a la jurisdicción, no a un recurso: el control de la inadmisión es más intenso.
Subsanación	Los defectos reparables deben poder corregirse antes de inadmitir (art. 11.3 LOPJ; arts. 45.3 y 138 LJCA).
Tutela bilateral	La inadmisión también protege a la parte demandada y al orden público procesal.
Evolución 2012-2026	SSTC 83/2016, 163/2016, 12/2017 y 161/2025; LO 1/2025, de 2 de enero.

Planteamiento

Un sector de la dogmática se ha cuidado en destacar la oposición entre las exigencias formales a que la Ley Jurisdiccional somete la sustanciación del recurso y, entre ellas, las causas de inadmisibilidad, y el principio de tutela judicial efectiva, ex art. 24 de la CE. Es lógica esta oposición si las exigencias formales, vistas abstractamente, limitan el acceso a la jurisdicción especializada sobre la concurrencia de formalidades procesales previstas en los artículos 45, 51 y 69 de la LJ de 1998.

El centro de la tensión radica en si el derecho fundamental del art. 24.1º de la CE, de acceso a la jurisdicción y decisión sobre el fondo del asunto, queda conculcado por la inadmisión del recurso a causa del incumplimiento de algún requisito procesal exigido en la Ley¹. El Tribunal Constitucional ha dictado pronunciamientos dispares:

I. La inadmisión como respuesta fundada en Derecho

Una línea argumental justificaba su mantenimiento sobre diversos postulados:

a) El derecho a la tutela judicial efectiva consiste en que se dicte una resolución en Derecho siempre que se cumplan los requisitos procesales para ello. Paradigma de esta tesis la STC de 31 de marzo de 1981², FD cuarto:

«En relación con otras alegaciones del demandante, ha de afirmarse que la pretendida indefensión (artículo 24,1 de la Constitución) no se ha producido en el incidente de ejecución, ya que la parte actora ha podido promoverlo y alegar lo que ha convenido a su derecho.

Y es también claro, a nuestro juicio, que en el incidente de ejecución no se ha violado el derecho de la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales (artículo 24.1 de la Constitución), dado que tal derecho no comprende -obviamente- el de obtener una decisión judicial acorde con las pretensiones que se formulan, sino el derecho a que se dicte una resolución en Derecho, siempre que se cumplan los requisitos procesales para ello[…]».

Y SSTC 11 de diciembre de 1995³, 7 de mayo de 1984⁴, 8 de febrero de 1982⁵, FD noveno:

«En consecuencia, si la Constitución no ha operado la modificación pretendida por el recurrente, es claro que tampoco se ha producido una ausencia de tutela judicial efectiva, dado que el auto de 22 de mayo de 1979 emana de un órgano judicial que ejerce una función jurisdiccional y dado, como hemos señalado en reiteradas ocasiones, que el artículo 24 de la Constitución reconoce el derecho a una resolución jurisdiccional fundada en derecho, siempre que se cumplan los requisitos procesales para ello, sea o no favorable a las pretensiones del ciudadano, resolución que se ha producido en el caso planteado[…]».

Y AATC de 4 de diciembre de 1981⁶ y 18 de noviembre de 1981⁷.

b) Igualmente es conforme al principio constitucional de tutela judicial efectiva siempre que la causa impeditiva a la jurisdicción fuese razonada y no arbitraria o razonable, vid. STC de 26 de julio de 1983⁸, FD sexto:

«Como ha declarado el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho, que podrá ser de inadmisión cuando concurra alguna causa legal para ello y así lo acuerde el Juez o Tribunal en aplicación razonada de la misma. El contenido normal de este Derecho es, según hemos señalado, el de obtener una resolución de fondo, salvo cuando exista alguna causa impeditiva prevista por la Ley que no vaya en contra del contenido esencial del derecho, que ha de respetar el legislador […]».

Del mismo cariz la STC de 16 de noviembre de 1992⁹, FD segundo:

«Este Tribunal Constitucional ha declarado de manera constante y reiterada que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface mediante la obtención de una resolución fundada en Derecho, que podrá ser de inadmisión cuando concurra alguna causa legal para ello y así lo acuerda el órgano judicial en aplicación razonada y razonable de la misma, siendo operaciones que, en principio, no trascienden al ámbito de la legalidad ordinaria, las de precisar el alcance de las normas procesales y, más en concreto, la concurrencia de los presupuestos que condicionan la válida constitución del proceso[…]»

c) Queda justificada la compatibilidad de los requisitos (o presupuestos) procesales siempre que respondan a la naturaleza del proceso y a la finalidad del mismo. Era admitida su apreciación por los órganos jurisdiccionales teniendo presente el origen de los mismos impidiendo que puedan ser esgrimidos como meros obstáculos procesales. Tesis mantenida en la STC de 14 de febrero de 1991¹⁰, FD cuarto:

«Para determinar si se ha respetado el derecho invocado conviene recordar de forma resumida cuál es el contenido dado por este Tribunal en reiterada doctrina a la tutela judicial efectiva consagrada por el art. 24.1 de la Constitución. Este precepto supone, como regla general, que cualquier persona que acuda ante los órganos judiciales debe obtener una respuesta motivada y fundada en Derecho a las pretensiones planteadas ante los mismos. No obstante, este derecho no es absoluto ni condicionado, sino que debe someterse al cumplimiento de los requisitos procesales que legalmente se impongan. Ello supone que la tutela judicial efectiva se ve también satisfecha cuando la respuesta obtenida consiste en la negativa a entrar en la cuestión de fondo planteada, siempre que esta negativa se encuentre justificada de manera motivada y razonable en la falta de cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para acceder a las distintas acciones y recursos previstos por el ordenamiento procesal [SSTC 37/1982 (RTC 1982\37), 19/1983 (RTC 1983\19), 68/1983 (RTC 1983\68), 93/1984 (RTC 1984\93) y 62/1989 (RTC 1989\62), entre otras muchas).

D) Son admitidos los requisitos procesales siempre que el tribunal no incurra en un exceso de formalismo, vid STC de 13 de mayo de 1992¹¹ con remisión a la STC de 22 de octubre de 1986¹², FD segundo:

«La interpretación realizada por los Tribunales de los motivos de inadmisión del recurso de casación, puede ser objeto de revisión por la vía del recurso de amparo, toda vez que los motivos deben ser cuidadosamente interpretados y aplicados, porque el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser comprometido u obstaculizado mediante la imposición de formalismo enervante contrario al espíritu y a la finalidad de las normas reguladoras del recurso de casación. Es decir, aunque hay que cumplir los presupuestos procesales que no pueden dejarse al arbitrio de las partes, no toda irregularidad meramente formal puede convertirse en un obstáculo insalvable para la prosecución del proceso, de forma que no es lo mismo un rigor formal justificado que un exceso de formalismo[…]».

O la más clarificadora de 8 de junio de 1981¹³, FD segundo:

«En lo que aquí interesa, el artículo 24-1 reconoce el derecho de todos a la jurisdicción, es decir, a promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas, en el bien entendido que esa decisión no tiene por qué ser favorable a las peticiones del actor, y que aunque normalmente recaiga sobre el fondo, puede ocurrir que no entre en él por diversas razones. Entre ellas se encuentra que el órgano judicial instado no se considera competente. Ello supone que el artículo 24-1 no puede interpretarse como un derecho incondicional a la prestación jurisdiccional, sino como un derecho a obtenerla siempre que se ejerza por las vías procesales legalmente establecidas, tal y como declaran los autos de 30 de octubre de 1980 y 18 de febrero de 1981[…]».

II. El principio pro actione como criterio de ponderación

Otra tesis esgrime el principio de tutela judicial efectiva como criterio ponderativo de las causas de inadmisibilidad evitando interpretaciones extremas en lo que es la consagración del principio pro actione. La aplicación de éste afecta al recurso contencioso en cuanto si bien no ostenta la misma fuerza en el acceso a la jurisdicción que en el acceso al recurso¹⁴, el contencioso no puede considerarse propiamente como recurso judicial, sino como vehículo de acceso a la jurisdicción, recibiendo, consecuentemente, toda su fuerza interpretativa. Es clarificadora en esta orientación la STC de 30 de abril de 1996¹⁵, FD segundo:

«Y aún será de añadir que el denominado recurso contencioso-administrativo no es propiamente un recurso -no genera una segunda instancia o una casación- pues viene a dar vida a un proceso en primera o única instancia, de suerte que no se instala en el terreno del acceso a los recursos sino en el del acceso a la jurisdicción (SSTC 3/1983, 37/1995 [RTC 1995\37] y 55/1995 [RTC 1995\55]), lo que intensifica las exigencias que derivan del principio de proporcionalidad que tan destacada función cumple en el ámbito de los derechos fundamentales (STC 55/1996 [RTC 1996\55])[…]».

Sobre estos antecedentes, la interpretación del Tribunal Constitucional sobre las causas de inadmisibilidad provoca la utilización de criterios flexibles en la eficacia obstativa de las mismas. Entre estas posturas destacamos:

a) Las causas de inadmisibilidad provocan lesión al art. 24.1º de la CE, tutela judicial efectiva, cuando se deniegue el acceso al recurso de forma inmotivada. Vid. STC de 12 de febrero de 1990¹⁶, FD segundo:

«A la postre, la declaración de improcedencia dictada por el TCT es pertinente tanto por aplicación del art. 151 de la L. P. L. (RCL 1980\1719 y ApNDL 8311), como del art. 1687.2 de la L. E. C., por lo que no cabe objetarle defecto alguno desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva. Como ha dicho reiteradamente este Tribunal, las exigencias del art. 24.1 C. E. quedan satisfechas igualmente si la decisión judicial que declara la improcedencia del recurso encuentra su origen en la aplicación razonada y fundada de la norma procedimental a la que se anuda tal efecto[…]».

b) Igualmente lesiona el art. 24 de la CE la inadmisión del recurso contencioso basado en una causa legal inexistente o en un error patente, STC 26 de julio de 1983¹⁷, FD sexto:

«Cuando se declare la inadmisión de un recurso en vía judicial sobre la base de una causa inexistente tal ilegalidad es también una inconstitucionalidad, ya que afecta al contenido del derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución, y por ello este Tribunal puede entender de la existencia de aquella causa, especialmente en los casos en que se ha padecido un error patente.

En el presente recurso nos encontramos ante un caso en el que se ha producido un error del carácter señalado, por lo que debe reconocerse al demandante de amparo su derecho a que se dicte una nueva resolución judicial en la que no se tenga en cuenta tal causa de inadmisión indebidamente apreciada[…]».

También la STC de 26 de septiembre de 1994¹⁸. La eficacia del error requiere dos elementos: Uno, que sea patente, verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia. Dos, que incida en algún derecho fundamental, vid. STC de 7 de noviembre de 1995¹⁹, FD tercero:

«A propósito de la determinación del error con relevancia constitucional, este Tribunal ha establecido una doctrina, que ahora procede reiterar. Hemos manifestado varias veces que los errores de los órganos judiciales, cuando no son imputables a la negligencia de la parte y cierran las vías de defensa, no deben producir efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, siendo el recurso de amparo el cauce adecuado para restablecer el derecho de tutela (así, entre otras, SSTC 190/1990 [RTC 1990\190] y 101/1992 [RTC 1992\101]), puesto que «dentro de este recurso tiene cabida la corrección de cualquier interpretación arbitraria o totalmente infundada o que resulte de un error patente» (SSTC 55/1993 [RTC 1993\55] y 107/1994 [RTC 1994\107]). Ahora bien, como se ha recalcado en la STC 219/1993 (RTC 1993\219), para la aplicación de esta doctrina se hace necesaria la presencia de dos requisitos esenciales: de una parte, que el error sea patente o, lo que es lo mismo, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia; y de otra parte, que incida en algún derecho fundamental[…]».

c) Queda lesionado el art. 24 de la CE, cuando se realice una interpretación arbitraria e infundada ajena al ejercicio de la justicia vid. STC de 12 de mayo de 1994²⁰, FD cuarto:

«Aunque la sentencia judicial pueda ser jurídicamente errónea, y constituir una infracción de ley o de doctrina legal, ello no le da al tema trascendencia constitucional, en cuanto que el art. 24.1 CE, según reiteradamente viene declarando este Tribunal, no ampara el acierto de las resoluciones judiciales, de modo que la selección e interpretación de la norma aplicable corresponde en exclusiva a los órganos judiciales sin otra excepción que la de aquellos supuestos en que la resolución judicial sea manifiestamente infundada, arbitraria, que no podría considerarse expresión del ejercicio de la justicia, sino simple apariencia de la misma. A efectos del art. 24.1 CE, la cuestión no es, pues, la de la mayor o menor corrección en la interpretación de la legalidad sino para respetar el propio ámbito del recurso de amparo constitucional, el terreno de la arbitrariedad o manifiesta irrazonabilidad y el de la motividad suficiente.

Las sentencias objeto de los presentes recursos de amparo contienen una motivación que aunque incorrecta, en cuanto al alcance del derecho fundamental del que hacen derivar la inejecución, no puede considerarse como arbitraria, ni manifiestamente irrazonable, por lo que aquéllas no son contrarias al art. 24.1 CE».

Igualmente, STC de 6 de marzo de 1995²¹. Este criterio ha sido identificado como preferente por algún autor²².

d) La tutela judicial efectiva, ex art. 24 de la CE, comprende el derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho, a ser posible, sobre el fondo de las pretensiones formuladas. Tal y como es descrito en la STC de 6 de marzo de 1995²³, FD tercero:

«Así las cosas, es claro en los supuestos -como es el que ahora nos ocupa- en que se haya interpuesto con carácter potestativo el recurso de reposición, el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo ha de ser -como por lo demás ha venido declarando reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo- el establecido en el art. 58.1 y 2 de la LJCA, lo que significa que al haberse interpuesto potestativamente recurso de reposición y haber transcurrido un mes sin que la Administración hubiese resuelto (art. 34.1 LJCA), el plazo para el recurso contencioso-administrativo era el dispuesto en el ap. 2 del art. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; esto es, el de un año a contar desde la fecha de interposición del recurso de reposición (en el caso, el 1 de agosto de 1990).

Por todo ello, la sentencia impugnada que inadmitió por extemporáneo el recurso contencioso-administrativo resulta manifiestamente errónea y arbitraria, lesiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, al cerrar al demandante de amparo su derecho al acceso mismo al proceso y a obtener de los Jueces y Tribunales un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo planteada[…]».

III. La subsanación de los defectos procesales

Una tercera postura, la esgrimida por la STC de 16 de septiembre de 1997²⁴, FD sexto, ponderando la concurrencia de los requisitos procesales y la subsanación que pueda ofrecerse:

«Es conocida la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual no conculca el derecho a la tutela judicial la resolución judicial meramente procesal o de inadmisión que, comprobando la inexistencia de un requisito procesal, se ve impedida de conocer del fondo del asunto, siempre y cuando la parte perjudicada haya tenido la posibilidad de subsanar este requisito (STC 158/1994 [RTC 1994\158], fundamento jurídico 3.º, entre otras muchas).

La sentencia examina, pues, con detalle el escrito de demanda para concluir que concurre un defecto legal y funda su pronunciamiento de inadmisión en la causa prevista en el artículo 82, g), en conexión con el artículo 69.1, ambos de la LJCA. La razonada justificación de la concurrencia de una causa legal de inadmisión, unida a la falta de diligencia de la confederación recurrente, veda que pueda imputarse a la sentencia la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues es reiterada doctrina de este Tribunal «que no existe lesión del derecho a la tutela judicial efectiva cuando es debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o de los profesionales que las representan o defienden (SSTC 112/1993 [RTC 1993\112]; 364/1993 [RTC 1993\364]; 158/1994) (STC 262/1994 [RTC 1994\262], fundamento jurídico 4.º)[…]».

Con antecedentes en la STC de 18 de enero de 1989²⁵, que exigía un trámite de subsanación siempre que no concurriera negligencia de la parte. La fundamentación jurídica de esta posibilidad estribaba en el empleo bien del art. 11.3º de la LOPJ como del art. 24 de la CE.

Es importante detenerse en esta doctrina. Bajo la LJ de 1956 se postulaba no un derecho a la subsanación de los defectos procesales sino la abstención de los órganos jurisdiccionales a la substanciación del procedimiento. Esta posibilidad quedaba amparada sobre la concurrencia de los artículos 57.3º, 62.2º, 72.1º y 129 - artículos 45.3º, 56.2º, 59.1º, 88.2º, 93.2º.b), 138.1º y 2º de la LJ de 1998 -, artículos 11.3º y 243 de la LOPJ²⁶ y art. 24.1º de la CE. Cabe aducir, bajo la conjunción de estos preceptos, que procederá la inadmisibilidad respecto a los defectos insubsanables no respecto a los subsanables, y todo ello sobre el acervo legislativo expuesto, no únicamente por el art. 24.1º de la CE – y su eficacia normativa- como expuso la STC de 17 de diciembre de 1986²⁷. Pues, contrariamente, la STC de 15 de diciembre de 1987, no reconoce un derecho a la subsanación, en todo caso, únicamente permitiendo a los Juzgados y Tribunales a abstenerse de resolver sobre las pretensiones que se formulen cuando el defecto fuere insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las Leyes²⁸.

Sin embargo, la doctrina procesalista ha discrepado de la dualidad tradicionalmente admitida entre vicio insubsanable y nulidad absoluta junto a la subsanabilidad y nulidad relativa o anulabilidad, pues como apuntó De la Oliva Santos, resulta imposible una exacta caracterización de la nulidad y anulabilidad basada en la esencia de los defectos que la provocan, sino que incluso es errónea la correlación entre la imposible o posible subsanación de los vicios y la nulidad absoluta o relativa, pues hay nulidades absolutas provocadas por vicios o defectos subsanables y hay vicios insubsanables, en sí mismos, que no originan nulidad radical, sino simple anulabilidad.

Esta dicotomía doctrinal fue recogida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 14 de noviembre de 1983²⁹, FD quinto, diferenciando entre incumplimiento absoluto e irregularidad formal o vicio de escasa importancia:

«Para la ordenación adecuada del proceso, existen impuestos, formas y requisitos procesales, que, por efectuar al orden público, son de necesaria observancia, por su racionalidad y eficacia, y que no pueden dejarse en su cumplimiento al libre arbitrio de las partes, ni tampoco la disponibilidad en el tiempo en que han de realizarse. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el incumplimiento de esos requisitos y formas procesales no generan iguales efectos en todo supuesto, pues, si se trata de un incumplimiento absoluto debido a una opuesta voluntad a su realización de la parte procesal, llevará a la consecuencia de la pérdida del derecho a que se anudaba la observancia, más aún si el legislador precisa este efecto taxativamente, mientras que si se trata de una irregularidad formal o vicio de escasa importancia, por cumplimiento defectuoso, debido a un error o equivocación disculpable y no malicioso, que no genere consecuencias definitivas, debe otorgarse la técnica de la subsanación de las irregularidades que permita atender a la voluntad de cumplimiento, pues, como aún con mayor amplitud precisó la Sentencia del Pleno de este Tribunal, de 25 de enero de 1983 (CI número 222/1982) (RTC 1983\3), no son válidos los obstáculos procesales que «sean producto de un innecesario formulismo, y que no se compaginan con el derecho a la justicia[…]».

Esta tesis fue superada por la STC de 13 de octubre de 1986³⁰ que introdujo como criterio ponderativo de la lesión a la tutela judicial efectiva la posibilidad o no de subsanación y la inadmisión consecutiva de esta última. Se superaba, de este modo, la graduación del defecto procesal cometido, véase su FD segundo:

«Y es aquí, en la posibilidad o imposibilidad de subsanar los defectos u omisiones padecidos, donde ha de centrarse la cuestión debatida en amparo, para determinar si hay proporcionalidad entre la sanción que supone la inadmisión y el defecto apreciado. La subsanación de defectos procesales que por su naturaleza sean susceptibles de ella, no es desconocida, ni siquiera excepcional, en nuestro ordenamiento jurídico. Está expresamente prevista en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art. 57.3) (RCL 1956\1890 y NDL 18435); en la Ley de Procedimiento Laboral (arts. 54 y 72); en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (arts. 50 y 85.2) y en la Ley de Enjuiciamiento Civil reformada por la Ley 34/1984, de 6 de agosto (RCL 1984\2040). Concretamente en esta última Ley, de aplicación supletoria en el proceso laboral, y con relación al recurso de casación, de naturaleza semejante al de suplicación, se establece en el art. 1.710, regla 1.ª, la subsanación por no haberse presentado «cualquiera de los documentos comprendidos en los ordinales 1.º y 3.º del art. 1.706 o apreciándose en ellos algún defecto». Y entre estos documentos cuya no presentación o defectuoso contenido es subsanable, figura el poder acreditativo de la legítima representación. Pudo, pues, subsanarse la omisión dada la naturaleza semejante de ambos recursos, la aplicación supletoria de la L.E.C. y la doctrina favorable a una interpretación flexible y no rigorista de los requisitos formales, más acorde con el art. 24.1 de la Constitución y con las Leyes procesales posteriores a su vigencia[…]».

El propio Tribunal Constitucional en Sentencia de 17 de diciembre de 1986³¹ establece como criterio para subsanar los defectos procesales evitar el menoscabo de la regularidad del procedimiento y el perjuicio de la posición de la parte adversa – criterio que encierra un concepto jurídico indeterminado cual evitar el perjuicio de la parte, máxime cuando el incumplimiento de las exigencias procesales constituyen verdaderas concesiones a favor del derecho. El FD cuarto establece:

«Se deduce sin dificultad de las consideraciones que acaban de recordarse que la inadmisión del recurso defectuosamente interpuesto no puede concebirse como la consecuencia ineluctable y automática del defecto apreciado, cualquiera que éste sea. La inadmisión, en otras palabras, no ha de verse tanto como la sanción adjudicada por el ordenamiento a la parte que incurrió en error cuanto como garantía y medio de preservación de la integridad objetiva del procedimiento al que se quiera dar inicio, de tal manera que el rechazo del recurso defectuosamente preparado o interpuesto no podrá dictarse sin dar antes ocasión a la subsanación del defecto mismo, cuando éste, examinada la ratio de su exigencia procesal, sea susceptible aún de reparación sin menoscabo de la regularidad del procedimiento y sin daño de la posición de la parte adversa y siempre que, en definitiva, no sea de apreciar una posición negligente o contumaz en el recurrente, actitudes que no pueden presumirse, sin embargo, sólo porque el mismo haya incurrido en un error al preparar o al dar forma a su pretensión (STC 22/1985, de 15 de febrero, fundamento jurídico 6.º) (RTC 1985\22). El que, en tales circunstancias, haya de darse ocasión para la subsanación del defecto apreciado, cuando éste resulte aún reparable, depende pues, no de la existencia de previsiones legislativas específicas para cada procedimiento sino del contenido normativo mismo del art. 24.1 de la Constitución, regla ésta que, según se acaba de recordar, impone al juzgador un deber de favorecer la defensa de los derechos e intereses cuya tutela ante él se reclame sin denegar dicha protección mediante la aplicación escasamente reflexiva o desproporcionada de las normas procesales que prevén una resolución de inadmisión o de eficacia equiparable. Este deber constitucional y sus consecuencias en orden a la permisión de la subsanación, aparece hoy reiterado, por lo que a los defectos de forma se refiere en el art. 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578 y 2635), pero como es claro, el ámbito específico de este precepto legal no podría ser argumentado para constreñir el de la norma constitucional en este punto explicitada cuando, aun sin hallarnos, en rigor, ante un defecto de forma, el contenido del derecho fundamental de referencia requiera de la aplicación proporcionada de las reglas que ordenan las condiciones para la admisión de los recursos[…]».

Valoración

Algunos autores han sistematizado, concisamente, la doctrina constitucional que estiman más idónea extrayendo los siguientes postulados:

1.- La utilización del criterio pro actione como cauce para superar interpretaciones formalistas.

2.- La subsanación respecto de aquellos defectos procesales susceptibles de ello.

3.- La exigencia de apreciación del motivo que se oponga a la tramitación del proceso y a una decisión sobre el fondo del mismo con anterioridad a la sentencia³².

Sin embargo, estimo que la doctrina más idónea es aquélla que prohíbe aplicar las causas de inadmisión bajo un rigor desproporcionado privándole de su finalidad y razón de ser³³. Sin obviar que, la inadmisibilidad, constituye una manifestación de la decisión jurisdiccional en ejecución de la tutela judicial efectiva instada por el recurrente, aunque resulte contraria a su pretensión, ya que en el proceso interviene también la parte demandada. Las causas previstas en la LJ de 1998 tienen una finalidad que tanto satisfacen el orden público procesal como proteger a la parte demandada de las irregularidades cometidas por la recurrente. Es decir, se reconoce a la demandante el derecho a la tutela judicial efectiva, y a la demandada su expectativa jurídica a la inadmisión en cuanto concurra alguna causa de inadmisibilidad, véase la STS de 20 de julio de 1999³⁴, FD cuarto:

«La declaración de inadmisibilidad constituye en realidad una manifestación de la decisión jurisdiccional prestando la tutela efectiva aunque resulte contraria a la pretensión del recurrente, pues en el proceso interviene igualmente la parte demandada que también tiene derecho a la protección o tutela y obsérvese que el artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es sino desarrollo del comentado artículo 24 y que la admonición en él contenida de que «Los Juzgados y Tribunales deben resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen» excepciona expresamente que «sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuere insubsanable...», que es precisamente lo que acontece en el presente caso, al haberse apreciado por el Tribunal de instancia que el acuerdo originario recurrido no reunía, como acto de trámite que no decide el fondo del asunto, los requisitos necesarios para su impugnación jurisdiccional».

IV. Evolución posterior (2012-2026)

a) El canon reforzado de control. El Pleno del Tribunal Constitucional, en la STC 83/2016, de 28 de abril, FJ 5, fijó la fórmula que hoy se repite. Por el principio pro actione, el control de las decisiones de inadmisión es especialmente intenso. Vulneran el art. 24.1 de la CE no solo las resoluciones que incurren en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente. También lo vulneran las que, por rigorismo o formalismo excesivo, crean una desproporción clara entre los fines de la causa legal y los intereses que se sacrifican³⁵. La STC 10/2022, de 7 de febrero, aplicó ese mismo canon a un recurso del ámbito de la función pública. Lo extendió a las consecuencias que, sin previsión legal expresa, disuaden de litigar, como una tasación de costas que dejaba fuera los honorarios del letrado de un funcionario³⁶.

b) La subsanación forma parte del contenido del derecho. La tercera postura expuesta más arriba es la que ha prevalecido. La STC 163/2016, de 3 de octubre, dice que un defecto subsanable solo justifica la inadmisión si el actor no lo corrige después de que el órgano judicial le haya dado ocasión de hacerlo. Al mismo tiempo, precisa que el principio pro actione no obliga a escoger siempre la interpretación más favorable a la admisión³⁷. La STC 12/2017, de 30 de enero, resolvió el caso de la CNT, inadmitido en sentencia por no haber aportado el acuerdo de la persona jurídica para litigar (art. 45.2.d de la LJ). El Tribunal declaró desproporcionada la inadmisión. La parte había reaccionado en conclusiones (art. 138.1), y si el juez consideraba insuficiente lo aportado, debía advertirlo y abrir el trámite de subsanación del art. 138.2. En ese caso no hay inactividad de la parte, y por eso no sirve la doctrina de la STC 14/2008. La sentencia recuerda, citando la STC 186/2015, que «el derecho a la tutela judicial efectiva impide la clausura de un procedimiento por defectos que pueden ser subsanados»³⁸. La STC 55/2024, de 8 de abril, confirma que el término «defecto» comprende tanto la omisión como el error³⁹.

c) El Tribunal Supremo. La STS de 27 de enero de 2015 (rec. 3939/2012) ordenó la doctrina del art. 45.2.d). Distingue el poder de representación de la decisión de litigar. Si el defecto lo alega la parte contraria, el recurrente tiene diez días para subsanarlo. Si el tribunal lo aprecia de oficio, debe requerir la subsanación. Lo que no cabe es justificar el requisito por primera vez en casación⁴⁰. Más recientemente, la STS de 17 de diciembre de 2025 (RC 6398/2024) declaró que la acumulación indebida de acciones «no puede dar lugar a la total inadmisión del recurso contencioso-administrativo». Debe abrirse el plazo de treinta días del art. 35.2 para interponer los recursos por separado⁴¹. Por último, la STS 214/2026, de 24 de febrero (rec. 9117/2023), aplica el principio pro actione a la apelación. El demandante que obtuvo una sentencia totalmente estimatoria no necesita adherirse a la apelación para que se examinen los motivos que quedaron sin resolver⁴².

d) La tutela de la parte demandada. La STC 161/2025, de 7 de octubre (Pleno), confirma la tesis con la que se cierra el apartado anterior: el art. 24.1 de la CE protege tanto al demandante como al demandado. El Tribunal Supremo había limitado el proceso a lo planteado por el actor sin apoyarse en ninguna previsión legal. Con ello dejó sin examinar una alegación sustancial de la codemandada, y eso vulneró su derecho de acceso a la jurisdicción⁴³.

e) Novedades legislativas. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, está en vigor desde el 3 de abril de 2025. Añade al art. 19.1 de la LJ una letra k) que legitima a los sindicatos para actuar en defensa de los derechos individuales del personal funcionario y estatutario afiliado. A cambio, crea en el art. 45.2 una nueva letra e): hay que acreditar la afiliación, la comunicación previa al afiliado y su autorización expresa. Es un requisito nuevo que, conforme al art. 45.3 y a la doctrina expuesta, debe tratarse como subsanable. La ley también reforma el procedimiento abreviado (art. 78: vista motivada y sentencia oral). Además, excluye expresamente del requisito previo de los medios adecuados de solución de controversias los asuntos en que sea parte una entidad del sector público⁴⁴.

Nota de actualización (2026)

Doctrina posterior. Se añade el apartado IV con las SSTC 83/2016, 163/2016, 12/2017, 10/2022, 55/2024 y 161/2025, y las SSTS de 27 de enero de 2015, 17 de diciembre de 2025 y 24 de febrero de 2026.

Novedad legislativa. LO 1/2025, de 2 de enero: nueva letra k) del art. 19.1 y nueva letra e) del art. 45.2 LJCA (legitimación sindical). En vigor desde el 3 de abril de 2025.

Correcciones. La sentencia de 20 de julio de 1999 (RJ 1999/7646) es del Tribunal Supremo, no del Constitucional; se suprime el pasaje repetido la nota duplicada y dos referencias de cita dudosa.

Notas

1. Fernández Montalvo, Incidencia de la Constitución en la apreciación de la inadmisión del recurso contencioso-administrativo. Análisis jurisprudencial de los motivos previstos en el art. 82 de la LJCA , en «Incidencia de la Constitución en los Procesos Contencioso-Administrativos», Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, 1992, 11, s.p. [pero 175 a 231]. ↩
2. (RTC 1981,9). ↩
3. (RTC 1995,182). ↩
4. (RTC 1984,55). ↩
5. (RTC 1982,3). ↩
6. (RTC 1981,132). ↩
7. (RTC 1981,120). ↩
8. (RTC 1983,68). ↩
9. (RTC 1992,192). ↩
10. (RTC 1991,32) en relación 62/1989 (RTC 1989\62). ↩
11. (RTC 1992, 71). ↩
12. (RTC 1986, 123). ↩
13. (RTC 1981,20). ↩
14. Cfr . STC de 25 de febrero de 1997 (RTC 1997,36). ↩
15. (RTC 1996,76). ↩
16. (RTC 1990,18). ↩
17. (RTC 1983, 68). ↩
18. (RTC 1994,255). ↩
19. (RTC 1995,162). ↩
20. (RTC 1994,148). ↩
21. (RTC 1995,55). ↩
22. Fernández Daza en el comentario al art. 51 en Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 , Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 489. ↩
23. (RTC 1995,55). ↩
24. (RTC 1997,147). ↩
25. (RTC 1989,2). ↩
26. Cfr . Álvarez-Cienfuegos Suárez y González Rivas, Análisis Teórico y Jurisprudencial de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley 29/1998, de 13 de julio, Aranzadi, Pamplona, 1998, pp. 196-7. ↩
27. (RTC 1986, 162). Cfr . González Pérez, Comentario a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), v.. II, Civitas, Madrid, 1998, p. 1517. ↩
28. Vid . Fernández Montalvo, Incidencia de la Constitución en la apreciación de la inadmisión del recurso contencioso-administrativo. Análisis jurisprudencial de los motivos previstos en el art. 82 de la LJCA , en «Incidencia de la Constitución en los Procesos Contencioso-Administrativos», cit., s.p. [pero 175 a 231]. ↩
29. (RTC 1983, 95). ↩
30. (RTC 1986, 117). ↩
31. (RTC 1986, 162). ↩
32. Fernández Montalvo, Incidencia de la Constitución en la apreciación de la inadmisión del recurso contencioso-administrativo. Análisis jurisprudencial de los motivos previstos en el art. 82 de la LJCA , en «Incidencia de la Constitución en los Procesos Contencioso-Administrativos», cit., s.p. [pero 175 a 231]. ↩
33. Cfr . SSTC de 8 de noviembre de 1993 y 25 de febrero de 1997[(RTC 1993,321) y (RTC 1997,36)]. Algún autor, sobre doctrina del Tribunal Supremo, establece el principio antiformalista contenido en la LJCA y con ello la consagración, en normativa ordinaria, del principio pro actione - Vid . Iñaki Agirreazkuenaga, El acto administrativo no procedimentalizado, en «El acto y el procedimiento», Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, 1992, 7, s.p. [pero 9-49]. ↩
34. (RJ 1999,7646). ↩
35. STC 83/2016, de 28 de abril (Pleno), FJ 5. ↩
36. STC 10/2022, de 7 de febrero (Sala Primera), FJ 3 y 4. ↩
37. STC 163/2016, de 3 de octubre, FJ 4; matiza la STC 99/1990. ↩
38. STC 12/2017, de 30 de enero (Sala Segunda), FJ 4 y 5; BOE núm. 59, de 10 de marzo de 2017. ↩
39. STC 55/2024, de 8 de abril (Sala Segunda), FJ 3 y 4. ↩
40. STS, Sala 3.ª, de 27 de enero de 2015, rec. cas. 3939/2012; en la misma línea, STS de 27 de julio de 2021, rec. 6696/2019. ↩
41. STS, Sala 3.ª, de 17 de diciembre de 2025, RC 6398/2024. ↩
42. STS 214/2026, de 24 de febrero, Sala 3.ª, Sección Segunda, rec. 9117/2023, ECLI:ES:TS:2026:865. ↩
43. STC 161/2025, de 7 de octubre (Pleno), FJ 3 y 5; BOE-A-2025-22784. ↩
44. LO 1/2025, de 2 de enero (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2025), preámbulo y modificación de los arts. 19.1 y 45.2 de la LJ. ↩

Para seguir leyendo

• BOE: Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (texto consolidado)
• BOE: Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
• BOE: STC 12/2017, de 30 de enero
• BOE: STC 161/2025, de 7 de octubre
• «Documentos exigidos en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo»

Texto revisado y actualizado el 25 de octubre de 2026.

Cómo citar esta entrada

Lorenzo de Membiela, Juan B.: «Dimensión constitucional de los motivos de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo», Sucesos Contemporáneos. Disponible en: https://membielaguitian.blogspot.com/2012/08/dimension-constitucional-de-los-motivos.html

Sobre el autor

JLM

Juan B. Lorenzo de Membiela

Doctor en Derecho · Universidad de Valencia

Especialista en Derecho administrativo, empleo público y Derecho del trabajo. Investiga la historia naval de la Monarquía hispánica —de la Gran Armada a Trafalgar—. Es autor de Estudios sobre Trafalgar: tempestad, marinos e imperio (Sevilla, 2019) y de una veintena de libros y 169 artículos científicos de Derecho público y del trabajo. Colabora en El Confidencial Digital y El Español. Desde este blog publica microensayos que contrastan los hechos con fuentes académicas y autorizadas.

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