Sucesos contemporáneos · Derecho y jurisprudencia

Documentos exigidos en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo

Representación, legitimación, acto impugnado y acuerdo de la persona jurídica: qué ha de acompañarse al escrito inicial, cómo se acredita el poder del procurador y qué ocurre cuando el defecto no se subsana.

Por Juan B. Lorenzo de Membiela · Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia · Lectura: 10 min.

Palacio de los Vivero, Valladolid. Desde finales del siglo XV, sede de la Real Chancillería, uno de los grandes tribunales de la Corona de Castilla. Fotografía: Miguel Ángel Guadilla (2003), CC BY 2.5. Fuente.

Sinopsis

Idea principal	Conclusión
Finalidad de los documentos	Verificar los requisitos procesales de la comparecencia y evitar procesos inútiles.
Representación procesal	Procurador potestativo ante órganos unipersonales; obligatorio ante los colegiados (art. 23 LJCA).
Forma del poder	Escritura notarial o apoderamiento apud acta; hoy, inscrito en el registro electrónico de apoderamientos judiciales.
Administraciones públicas	Representación y defensa por sus letrados (art. 551 LOPJ y Ley 52/1997), salvo designación de abogado colegiado.
Subsanación y archivo	Diez días para subsanar; solo si no se corrige el defecto procede el archivo (art. 45.3 LJCA).
Personas jurídicas	Basta un apoderamiento genérico para el ejercicio de acciones judiciales.

Planteamiento

El art. 45.2 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), exige la presentación de los documentos que deben acompañar al escrito de interposición del recurso. Sin embargo, a pesar de que el art. 45.3 faculta al tribunal para examinar las deficiencias de que adolezca ese escrito, algún sector de la doctrina estima que no será apropiada la inadmisión ex officio mientras la Administración demandada no haya contestado a la demanda. Esta postura se funda en la concurrencia de los arts. 51 y 54 de la LJCA¹.

Los documentos exigidos en el art. 45.2 tienen por objeto verificar el cumplimiento de los requisitos procesales de la comparecencia. El precepto impone acompañar los siguientes:

Art. 45.2 LJCA · Documentos que se acompañan

a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión a los autos.

b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.

c) La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicación del expediente en que haya recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administración o una vía de hecho, se mencionará el órgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso.

d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.

e) [Añadida por la LO 1/2025, en vigor desde el 3 de abril de 2025] En los recursos interpuestos por un sindicato en nombre e interés del personal funcionario y estatutario (art. 19.1.k), los documentos que acrediten la afiliación de dicho personal, la comunicación al afiliado de la voluntad de iniciar el proceso y su autorización expresa.

Ha desaparecido en la ley vigente cualquier referencia al previo pago o depósito en asuntos sobre contribuciones, impuestos, arbitrios o multas a favor de las Haciendas públicas que exigía el antiguo art. 57.2.c) de la LJCA de 1956, sin perjuicio de que este documento sea exigido por la normativa propia del tributo respectivo².

I. Documentos que acreditan la representación del compareciente: art. 45.2.a)

El art. 45.2.a) de la LJCA de 1998 se diferencia de su correlativo de la LJCA de 1956, el art. 57.2.a), en que aquel no contiene la salvedad cuando no sea el mismo interesado, pues en tal caso es obvio que no existe representación.

Lo que persigue el art. 45.2.a) no es únicamente verificar la intervención de abogado y de procurador —este, cuando fuere necesario—, sino también documentar la representación procesal³. La ley vigente distingue entre la representación ante órganos jurisdiccionales unipersonales y ante los colegiados. Ante los primeros, la parte podrá conferir su representación a un procurador o al abogado actuante, cuya intervención será necesaria, en todo caso, como director técnico del pleito (art. 23.1). Ante los órganos colegiados serán precisos, en todo caso, procurador y abogado (art. 23.2)⁴.

Esta exigencia es idéntica a la establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, art. 503, y en la vigente de 2000, art. 264. Ahora bien, estimo escueta la redacción del art. 45.2.a) de la LJCA en relación con las prescripciones de la LEC. Ante esa indeterminación cabría, al amparo del art. 4 de la LEC y de la disposición final primera de la LJCA, exigir los documentos especificados en el art. 264.1.º y 2.º de la LEC que se refieren a la representación: el poder conferido al procurador, si este interviene y la representación no se ha otorgado apud acta, y los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya [hoy, el art. 264.1.º LEC exige la certificación del registro electrónico de apoderamientos judiciales o la referencia al número asignado por él]. Ambos apartados delimitan la mecánica acreditativa de la Ley 29/1998.

Los documentos del art. 264.1.º podían sustituirse tanto por el acta del secretario judicial en la que se hubiera documentado el apoderamiento apud acta (art. 281.3 LOPJ [hoy, art. 453.3] y art. 24.1 LEC) como por la comunicación del Colegio de Procuradores en el nombramiento de oficio de un colegiado⁵.

Los del art. 264.2.º se refieren a documentar la representación legal de una persona física o la condición de órgano de una persona jurídica. Esta representación se acredita mediante el otorgamiento de poder notarial.

La exigencia de acompañar determinados documentos al escrito de interposición persigue evitar la sustanciación de un proceso que fuere inviable por carecer de las cualidades procesales exigidas. Desde este prisma puede verse, entre otras, la STS de 12 de mayo de 1993⁶, FD cuarto:

«La necesidad, impuesta por el art. 57.2.d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, de acompañar con el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo el documento que acredite el cumplimiento de las formalidades que para entablar demandas exijan a las Corporaciones o Instituciones sus Leyes respectivas (al igual que el resto de documentos cuya presentación con dicho escrito imponen los demás apartados del mismo precepto) no tiene otro alcance que el de evitar que se inicie un proceso por quien no esté legitimado para ello, con la subsiguiente consecuencia de ineficacia del mismo, al no poder afectar la decisión de fondo que recaiga a los legítimos titulares del derecho objeto del juicio. Presentaba singular trascendencia en los supuestos de personas jurídicas o entidades, bien sean públicas o privadas, porque sólo pueden actuar a través de sus órganos de representación. Con ello se evita que éstos inicien un proceso no querido por la entidad representada o inútil, al no ser vinculante la decisión que se pronuncie sobre el fondo para la entidad representada si ésta no hubiese acordado válidamente el ejercicio de las correspondientes acciones.

La «ratio legis» de tal norma procesal debe relacionarse, a fin de interpretarla correctamente, con los derechos fundamentales al proceso y a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de derechos e intereses legítimos, reconocidos por el art. 24 de la vigente Constitución (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875). De esta interrelación se deriva la conclusión de resultar indebida la declaración de inadmisión de la acción si los defectos formales que pudiera contener fueran subsanables. No son otros el espíritu y la letra de los preceptos contenidos en los arts. 57.3 y 129.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (no en vano calificada en éste como en otros aspectos de ejemplar), anticipándose así al mentado pronunciamiento constitucional y a la diáfana y categórica norma contenida en el art. 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, según la cual «Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución, deberán resolver siempre las pretensiones que se les formulen, y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanase por el procedimiento establecido en las Leyes» […]».

STS (Sala 3.ª) de 12 de mayo de 1993, FD cuarto (RJ 1993\3744). Negritas del autor.

II. Modo de documentar la representación: el poder notarial y el apoderamiento apud acta

La representación debe documentarse mediante poder notarial o mediante comparecencia ante el secretario judicial [hoy, letrado de la Administración de Justicia].

Respecto al poder notarial —sin perjuicio de reproducir la crítica doctrinal que ve en él una interferencia de la fe pública extraprocesal en fines estrictamente procesales y postula únicamente el apud acta⁷—, la escritura de apoderamiento debía estar autorizada por notario y acompañarse al escrito, conforme al art. 24 de la LEC.

La escritura de poder general para pleitos está sometida a requisitos de forma ad solemnitatem: ha de constar en documento público, como exige el art. 1280.5.º del Código civil. Este poder deberá otorgarse al procurador, de conformidad con el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales [hoy, Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre], o al abogado, en atención a la clase de tribunal que deba conocer del litigio (art. 23 de la LJCA y su exposición de motivos)⁸.

Las irregularidades del poder y, por consiguiente, los defectos en su acreditación pueden derivar de su insuficiencia o de su ilegalidad. En la insuficiencia cabe distinguir entre la falta de capacidad del poderdante y los defectos de contenido, por no extenderse el mandato con representación al acto que trate de ejecutar el procurador. En la ilegalidad diferenciamos las faltas formales, especialmente si el poder no consta en documento público cuando ello es necesario, o si la escritura adoleciera de defectos.

El apoderamiento apud acta está previsto en los arts. 281.3 de la LOPJ [hoy, art. 453.3] y 24.1 de la LEC, y su autorización correspondía al secretario del órgano que deba conocer del asunto, como establecía el art. 6.1.e) del Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, Reglamento Orgánico de los Secretarios Judiciales⁹ [hoy, Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre].

Estos preceptos no precisan el modo en que ha de acreditarse, y algún autor estima suficiente la diligencia de constancia expedida por el secretario¹⁰.

En cuanto al momento de presentación del apoderamiento, dado el silencio de la ley —que solo indica cuándo debe la parte comparecer ante el secretario—, podrá presentarse con el primer escrito; en nuestro caso, generalmente, con el de interposición. Cuando el apoderamiento se otorgaba antes del reparto, procedía conferirlo ante el secretario del juzgado decano, y ante el del órgano que conociera del proceso si el asunto ya estaba repartido.

El Tribunal Supremo, en la sentencia de 28 de noviembre de 1995¹¹, declaró insubsanable la falta de acreditación una vez finalizado el plazo para la interposición del recurso (FD primero):

«Los argumentos del Abogado del Estado han de ser aceptados por la Sala. En efecto, en cuanto al poder con que actúa el Procurador recurrente, éste no acompañó las correspondientes escrituras de apoderamiento junto al escrito de interposición y, aprovechando el trámite de subsanación abierto en virtud de lo dispuesto en el artículo 72.1 de la Ley Jurisdiccional, acompañó sendas escrituras públicas, otorgadas por los Ayuntamientos de Vandellós y L'Hospitalet de L'Infant y Ascó, de las cuales la correspondiente al primero de ellos es de fecha 17 de septiembre de 1993, no sólo posterior al 14 de septiembre de 1993, día en que se interpuso el presente recurso, sino posterior a la fecha en que expiraba el plazo para su interposición, que era ese mismo día 14, puesto que el Real Decreto impugnado se publicó el 14 de julio de ese mismo año. Así pues la subsanación el 17 de septiembre de 1993 era ya imposible puesto que en esa fecha había caducado la acción para impugnar la citada Disposición, por lo que el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Vandellós y L'Hospitalet de L'Infant ha de declararse inadmisible por tal motivo […]».

STS (Sala 3.ª) de 28 de noviembre de 1995, FD primero (RJ 1995\8934).

El apoderamiento apud acta presenta las siguientes características¹²:

1Solo puede autorizarlo el secretario titular del juzgado o tribunal, o quien legalmente le sustituya; queda excluido que lo haga un oficial habilitado.

2Quien lo otorga debe ser parte, principal o interviniente, en el juicio de que se trate, y es precisa su identificación y la constancia de sus circunstancias personales.

3El apoderamiento no puede ser general para pleitos, sino concreto para aquel en que se comparece.

4El contenido del poder puede expresarse en términos generales, sin necesidad de una excesiva pormenorización de las facultades conferidas.

5Cabe que el apoderamiento comprenda la facultad de un eventual desistimiento.

6Cabe plantearse si en sucesivas instancias sería válido el apoderamiento otorgado en la primera. La respuesta depende en gran medida de la concepción que se tenga del proceso: un todo único que se desarrolla en varias instancias, o una sucesión de procesos, cada uno de los cuales trae causa de los anteriores sin dejar por ello de ser distintos.

7No es preciso el bastanteo, ni que otro profesional intervenga para afirmar la suficiencia de la representación.

8La forma en que ha de documentarse el otorgamiento de la representación en juicio es la de un acta, conforme al concepto que de tal actuación del secretario establecía el art. 453.1ºde la LOPJ.

III. Representación de las Administraciones públicas

El art. 24 de la LJCA de 1998, que sucede a los arts. 34 y 35 de la LJCA de 1956, acota el ámbito normativo de la representación y defensa de las Administraciones públicas. Lo conforman las siguientes disposiciones: el art. 551 de la LOPJ [en la redacción dada por la LO 19/2003], cuyo párrafo primero se refiere a la Administración General del Estado y a la de la Seguridad Social, y el segundo, a las Administraciones autonómica y local; y la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas (LAJEIP), que en su art. 1.1 atribuye la representación y defensa a los abogados del Estado en el ámbito de la Administración General del Estado¹³; en su art. 1.2, a los letrados de la Administración de la Seguridad Social, por aplicación de su disposición adicional tercera; y, por su disposición adicional cuarta, a los servicios jurídicos de las comunidades autónomas. Además, ha de tenerse en cuenta el art. 54.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en el ámbito de la Administración local.

Debe mencionarse, asimismo, la previsión normativa respecto al Ministerio Fiscal: art. 541 de la LOPJ, art. 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre) y Circular de la Fiscalía General del Estado de 23 de diciembre de 1998.

Ahora bien, el art. 551 de la LOPJ permite conferir la representación y defensa a un abogado colegiado, en cuyo caso serán de aplicación las normas generales de la LJCA y, supletoriamente, la LEC. En cuanto a la posible extensión a ese abogado de los privilegios reconocidos a los representantes legales descritos en la LAJEIP —esto es, abogados del Estado (art. 1.1) y letrados de la Administración de la Seguridad Social (art. 1.2)—, cabría excluirla, toda vez que los arts. 4 y 11.2 de la LAJEIP condicionan su reconocimiento a la efectiva intervención de miembros de los citados cuerpos.

Esta salvedad no debe entenderse contraria al criterio de la LOPJ, que únicamente reconoce la posibilidad, puntual, de conferir la representación y defensa a abogados, lo que no supone equipararlos a los miembros de los cuerpos que la ostentan legalmente.

Cuestión importante, aunque poco atendida en la práctica forense, es la vinculación de la representación y defensa del abogado del Estado o del letrado de la Administración de la Seguridad Social al ámbito territorial del puesto de trabajo del que haya tomado posesión, de modo que la competencia territorial y la administrativa se correspondan. Desde esta perspectiva, interesa reproducir el FD tercero de la STS de 11 de marzo de 1991¹⁴:

«Respecto al segundo, ha de tenerse en cuenta que la Abogacía del Estado no es el órgano que asume con carácter general la representación de la Administración del Estado como persona jurídica (sentido orgánico de la representación), sino únicamente el que por ley tiene atribuidas su representación y defensa en juicio -art. 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 1975-85, 8375)-. La aplicación del criterio funcional determina que el domicilio de la Administración -en la medida que esta noción pueda ser útil en una organización de estas características- deba vincularse, en principio, con la competencia administrativa, ya que, de lo contrario, la propia multiplicidad de posibilidades vendría incluso a anular su función como elemento de determinación de la competencia de los órganos judiciales dejando a elección del demandante el Juzgado de lo Social territorialmente competente, como señala el Ministerio Fiscal en su informe. En este sentido, hay que tener en cuenta que el art. 1 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (RCL 1957\1058, 1178 y NDL 25852) establece que ésta está constituida por órganos jerárquicamente ordenados y actúa con personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines. La unidad de la personificación se corresponde con una pluralidad orgánica que se ordena a través de la competencia, mediante la aplicación de criterios materiales por ramas de administración, jerárquicos y territoriales. Por su parte el art. 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258, 1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708) establece un principio general a favor de la competencia de los órganos inferiores cuyas atribuciones no se extienden al territorio nacional (Administración periférica) y a falta de normas más específicas, la determinación horizontal de competencia entre órganos del mismo nivel jerárquico suele establecerse según la doctrina administrativa en función del territorio al que haya de afectar el acto administrativo. Esta conexión entre competencia administrativa y la determinación de la territorial de los órganos judiciales se tiene en cuenta en las reglas primera y tercera del art. 11.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (RCL 1956\1890 y NDL 18435) […]».

STS de 11 de marzo de 1991, FD tercero (RJ 1991\3236). Negritas del autor.

IV. El archivo de actuaciones ante la falta de acreditación de la representación

El art. 45.3 de la LJCA prevé el archivo de las actuaciones si el recurrente, una vez concedido el plazo de diez días para subsanar, no corrige los defectos advertidos. Este criterio, ya contemplado en el art. 57.3 de la LJCA de 1956, fue recogido por el ATS de 6 de junio de 1995¹⁵, FD tercero:

«La Sala de instancia ha procedido ajustándose a la más estricta legalidad, al decretar el archivo de las actuaciones, porque la Procuradora compareciente en los autos no acompañó el documento que acreditaba su representación, ni éste se hallaba unido a otras actuaciones seguidas ante esa Sala, o al menos, no fue así alegado, ni procedió a subsanar tal defecto, no obstante haber sido requerido a ello, no sólo por una vez en el plazo de diez días, señalado en el artículo 57.3, sino además con otro posterior por cinco días.

No puede, aquí, pues, hablarse de indefensión, ni de infracción alguna del artículo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) sobre el derecho fundamental a la tutela efectiva de los Tribunales, ya que ciertamente, dado el carácter antiformalista, preconizado en la propia Exposición de Motivos de la Ley Jurisdiccional, ha de procurarse siempre, ante la presencia de defectos procedimentales subsanables, la efectiva subsanación de los mismos, pero no es menos claro que una vez concedida y reiterada por segunda vez tal posibilidad reparatoria con los apercibimientos legales pertinentes, como aquí ha acontecido, sin que ésta se haya materializado, no cabe otra consecuencia que la prevista en el artículo 57.3, donde contundentemente el legislador la rotundiza a través del imperativo «ordenará», dirigido al Tribunal para decretar el archivo […]».

ATS (Sala 3.ª) de 6 de junio de 1995, FD tercero (RJ 1995\4946).

En el mismo sentido, las SSTS de 26 de marzo de 1994¹⁶ y 27 de mayo de 1996¹⁷.

Para decretar el archivo se exige el otorgamiento previo de plazo para subsanar, tanto por imperativo del art. 45.3 de la LJCA como de los arts. 11.3 y 243 de la LOPJ y del art. 24 de la Constitución.

En materia de personas jurídicas, la doctrina defiende que no es exigible un apoderamiento para cada una de las acciones judiciales que la entidad acuerde ejercitar, sino que basta uno genérico. Las razones de esta posición se recogen en la STS de 8 de marzo de 1982¹⁸, considerando primero:

«Si bien el art. 76 de la Ley de Sociedades Anónimas atribuye al Consejo de Administración la condición o carácter de representante legal de las mismas, ello no impide que el Consejo pueda delegar sus facultades (salvo prohibición expresa de los Estatutos que aquí no consta), y entre ellas las referentes al ejercicio de acciones judiciales, pero sin que se imponga que dicha delegación deba efectuarse específicamente para cada concreta acción judicial mediante acuerdo previo explícito al efecto, pues tal exigencia carece (en el ámbito de las sociedades privadas y en concreto en las anónimas) de apoyatura legal, a la vez que contradice los principios que informan el apoderamiento en este campo, unido todo ello al dato destacable de que aquí existe constancia de la existencia de acuerdo del Consejo habilitando al poderdante para interponer acciones judiciales y excepciones dentro del campo de actuación de la empresa (mandato con efectos rígidos e inderogables «ad extra»); y, por ello, consta aquí el acreditamiento obligado de la habilitación expresa para el ejercicio de acciones, sin que sea admisible la exigencia añadida de «un específico acuerdo corporativo previo», porque tal necesidad o imposición no puede ampararse en el citado art. 76 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, a la vez que la tesis mantenida por la sentencia apelada supone acogerse a un criterio interpretativo restrictivo en franca discordancia con los principios de espiritualidad y antiformalismo consagrados por la Ley Jurisdiccional e incluso llega a consecuencias más allá de lo razonable, dado que actuando el apoderado dentro del círculo de atribuciones que se desprenden del mandato y que a su vez lo pedido se incluye notoriamente dentro del ámbito propio del giro o negocio de la empresa que representa, carecen de fuerza las objeciones formales aducidas por ser simplemente enmarcables en el ámbito de la relación interna (poderdante-apoderado) sin trascendencia invalidatoria «ad extra», como incluso mantienen implícitamente las declaraciones contenidas en las sentencias citadas después […]».

STS (Sala 3.ª) de 8 de marzo de 1982, considerando primero (RJ 1982\1672). Negritas del autor.

Nota de actualización (2026)

Nueva letra e) del art. 45.2 LJCA. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (art. 21.3), añade la documentación de la afiliación y de la autorización expresa del afiliado cuando recurre un sindicato en defensa del personal funcionario y estatutario. En vigor desde el 3 de abril de 2025.

Letrados de la Administración de Justicia. Por la disposición adicional primera de la LO 7/2015, de 21 de julio, las referencias a los secretarios judiciales se entienden hechas a los letrados de la Administración de Justicia. Son ellos quienes examinan la comparecencia y requieren la subsanación (art. 45.3 LJCA) y quienes autorizan y documentan el otorgamiento de poderes para pleitos (art. 453.3 LOPJ).

Apoderamiento electrónico. Tras la Ley 42/2015 y el Real Decreto-ley 6/2023, el art. 24 de la LEC permite otorgar el poder por comparecencia electrónica en el registro electrónico de apoderamientos judiciales apud acta, o ante notario o ante el letrado de cualquier oficina judicial, con inscripción en dicho registro. El otorgamiento apud acta ha de hacerse al presentar el primer escrito o antes de la primera actuación, sin necesidad de que concurra el procurador, y la representación se acredita mediante consulta automatizada o certificación de la inscripción. Pierde así sentido la distinción entre el secretario del decano y el del órgano que conoce del asunto.

Renumeraciones y normas sustituidas. Arts. 280.1, 281.3, 435 y 447 de la LOPJ, hoy arts. 453.1, 453.3, 541 y 551; Real Decreto 2046/1982, sustituido por el Real Decreto 1281/2002; Real Decreto 429/1988, por el Real Decreto 1608/2005; el art. 76 de la Ley de Sociedades Anónimas tiene hoy su correlato en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010); y la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y la Ley de Procedimiento Administrativo citadas por la STS de 1991 han sido sustituidas por las Leyes 40/2015 y 39/2015.

Notas

1. Martín Contreras, L.: El proceso ordinario en la jurisdicción contencioso-administrativa, Granada: Comares, 1999, p. 45. ↩
2. El previo pago no fue considerado requisito procesal, sino únicamente documento que debía acompañarse al escrito de interposición y cuya falta era subsanable. Sí es necesario señalar que fue considerado requisito procesal en el art. 6 de la ley anterior a la LJCA de 1956. Vid. González Pérez, J.: Derecho procesal administrativo, t. II, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1966, p. 679; Mendizábal Allende, R.: «Significado actual del principio solve et repete», Revista de Administración Pública, n.º 43, pp. 107-160; y Martín-Retortillo, L.: «El previo pago como requisito para recurrir en la nueva Ley de lo Contencioso-Administrativo», Revista de Derecho Procesal, 1959, pp. 43 y ss. ↩
3. Fernández Daza: comentario al art. 51, en Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, cit., p. 426. ↩
4. La doctrina no encuentra justificación a esta distinción. Vid. Vázquez Sellés: «Consideraciones críticas en torno a diversos aspectos de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa», La Ley, 1998, 6. ↩
5. Montero Aroca, J., Gómez Colomer, J. L., Montón Redondo, A. y Barona Vilar, S.: El nuevo proceso civil (Ley 1/2000), Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 359; y Guasp, J.: Derecho procesal civil, t. I (actualizado por P. Aragoneses Alonso), Madrid: Civitas, 1998, p. 183. ↩
6. RJ 1993\3744. ↩
7. Valentín-Fernández de Velasco: «Funciones del secretario judicial y nulidad de actuaciones en el proceso civil», en La nulidad de actuaciones en el proceso civil, Cuadernos de Derecho Judicial, n.º 30, Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 1993, pp. 113-205. ↩
8. Exposición de motivos de la LJCA: «en cuanto a la representación y defensa, se distingue entre órganos colegiados y unipersonales. En los primeros, Procurador y Abogado son obligatorios; en los segundos, el Procurador es potestativo y el Abogado obligatorio. Los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles». ↩
9. Art. 6.1.e) del Real Decreto 429/1988: «Autorizar y documentar el otorgamiento de la representación en juicio en todos los procedimientos mediante comparecencia ante el Secretario del Juzgado o Tribunal que haya de conocer del asunto (artículo 281.3 de la LOPJ)». ↩
10. González Granda, P., en Cortés Domínguez, V. y Moreno Catena, V. (coords.): La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, t. I, Madrid: Tecnos, 2000, pp. 94-95. ↩
11. RJ 1995\8934. ↩
12. Valentín-Fernández de Velasco: «Funciones del secretario judicial…», cit., pp. 113-205. ↩
13. Queda incluido el Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud del art. 103.8 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, modificado por los apartados quince y dieciséis de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. ↩
14. RJ 1991\3236. ↩
15. RJ 1995\4946. ↩
16. RJ 1994\1892. ↩
17. RJ 1996\4523. ↩
18. RJ 1982\1672. ↩

Para seguir leyendo

• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, texto consolidado: BOE.
• Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, arts. 24 y 264, texto consolidado: BOE.
• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 453 y 551: BOE.
• González Pérez, J.: Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), Cizur Menor: Civitas-Thomson Reuters (ed. actualizada).
• Lectura recomendada: «Documentos que acreditan la legitimación del actor: el art. 45.2.b) LJCA».
• Lectura recomendada: «Dimensión constitucional de los motivos de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo».

Texto revisado y actualizado en octubre de 2026. Imagen: Wikimedia Commons (CC BY 2.5).

Cómo citar esta entrada

Lorenzo de Membiela, Juan B.: «Documentos exigidos en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo», Sucesos Contemporáneos. Disponible en: https://membielaguitian.blogspot.com/2012/08/documentos-exigidos-en-el-escrito-de.html

Sobre el autor

JLM

Juan B. Lorenzo de Membiela

Doctor en Derecho · Universidad de Valencia

Especialista en Derecho administrativo, empleo público y Derecho del trabajo. Investiga la historia naval de la Monarquía hispánica —de la Gran Armada a Trafalgar—. Es autor de Estudios sobre Trafalgar: tempestad, marinos e imperio (Sevilla, 2019) y de una veintena de libros y 169 artículos científicos de Derecho público y del trabajo. Colabora en El Confidencial Digital y El Español. Desde este blog publica microensayos que contrastan los hechos con fuentes académicas y autorizadas.

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© Juan B. Lorenzo de Membiela. Todos los derechos reservados. Se permite citar breves fragmentos con fines de análisis, comentario o juicio crítico, indicando el autor y enlazando a la entrada original (art. 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual).