Sucesos contemporáneos · Serie microensayos
Escrito bajo la crisis: «Medidas extremas en un extremo de la solvencia»
Diciembre de 2011: el nuevo Gobierno aprueba medidas urgentes para frenar el déficit mientras la prensa internacional mide la solvencia de España. Una reflexión escrita entonces sobre la deuda, el gasto y el papel de los empleados públicos.
Por Juan B. Lorenzo de Membiela
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Real Casa de la Aduana, sede del Ministerio de Hacienda, Madrid. Foto: Luis García, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.
Sinopsis
| Idea principal | Conclusión |
|---|
| Contexto | Medidas urgentes del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 |
| Fuentes | <i>Die Welt</i>, <i>Financial Times</i>, <i>The Wall Street Journal</i>, FUNCAS |
| Datos clave | Déficit del 8 % del PIB frente al 6 % previsto; vencimientos de 158 000 millones de euros en 2012 |
| Tesis | La crisis exige una gerencia pública responsable, no culpar a los empleados públicos |
Cronología
20-11-2011Elecciones generales
Mayoría absoluta del Partido Popular
30-12-2011Consejo de Ministros aprueba medidas urgentes
Real Decreto-ley 20/2011
2012Objetivo de déficit del 4,4 % del PIB
Las medidas y la mirada exterior
Las medidas urgentes acordadas por el Gobierno en Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 20111 demuestran realismo político y una voluntad decidida de frenar una caída vertiginosa. Sin embargo, no es posible interpretar esta decisión sin analizar el contexto internacional que compra la deuda soberana emitida por el Tesoro, imprescindible para seguir manteniendo los servicios públicos y los compromisos financieros.
En la prensa internacional, el periódico alemán Die Welt, en su edición de 30 de diciembre de 2011, calificaba de «drástica» la estrategia económica adoptada por el nuevo Gobierno y aclaraba que las medidas serán aprobadas por el Parlamento, donde el Partido Popular cuenta con mayoría.
La amplitud de las medidas es calificada por Die Welt, el 20 de diciembre de 2011, como una señal enviada a los socios de la Unión Europea (UE), y especialmente a la canciller Merkel, para evitar la intervención del país por una troika comunitaria, como al parecer estaba previsto.
De haberse producido, habría privado al Gobierno del PP de la capacidad para administrar la crisis, convirtiéndolo en testigo presencial sin capacidad de decisión ni autonomía, amén de otras «consideraciones políticas» con resultados presumiblemente adversos para las próximas elecciones generales de 2015. Una España intervenida no es «vendible» electoralmente.
O quizás se hubiera generado algo más grave: el desaliento de la ciudadanía hacia unas instituciones públicas incapaces de gestionar un poder que se les ha dado, aunque ofrecido in extremis, la derrota final.
Déficit, deuda y vencimientos
Para el Financial Times, en su edición de 30 de diciembre de 2011, el déficit presupuestario contabilizado, un 8 % del producto interior bruto (PIB), implica un 2 % más del inicialmente previsto, el 6 % que declaró el Gobierno saliente a la UE. Ello equivale a 20 000 millones de euros adicionales. Esta suma supone un nuevo obstáculo para cumplir el objetivo de situar el déficit en el 4,4 % del PIB en 2012.
Para The Wall Street Journal, en su edición de 31 de diciembre de 2011, los datos de déficit obligarán a convenir otras medidas de contención para alcanzar en 2012 el objetivo acordado. La diferencia entre el déficit real y la reducción acordada con la UE para 2012 obligará a recaudar unos 36 000 millones adicionales.
Sobre este punto, el rotativo norteamericano coincide, básicamente, con las previsiones del informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), expuestas en sus Cuadernos de Información Económica, número 2252. Titulado «Deberes para la próxima legislatura», identifica a las comunidades autónomas y a las Administraciones territoriales como responsables del desajuste presupuestario. Estiman necesario aportar 40 000 millones de euros para cumplir las previsiones en 2012.
Junto a ello, los vencimientos de deuda soberana por préstamos concedidos a España obligarán durante 2012 a desembolsar 158 000 millones de euros o a renegociar el pago de intereses, medida esta última inadmisible so pena de perder la solvencia que todavía mantenemos.
En cuanto a los vencimientos previstos, es lógico pensar que se encuentren contabilizados en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, que han sido prorrogados para 2012. O no, lo que implicará aprobar otros presupuestos para 2012 en el propio 2012.
La percepción pesimista de la crisis ha crecido hasta el 71 % de la población; de entre ellos, un 45 % expresa una opinión radicalmente pesimista y en proceso de empeoramiento. Respecto a la economía familiar, un 23 % percibe que su situación ha empeorado durante los últimos meses y que en 2012 será peor. Solo un 33 % de los consumidores pudieron ahorrar; un 48 % gastó todos sus ingresos y un 19 % se endeudó.
Como soluciones, FUNCAS propone:
- El saneamiento y el reequilibrio de las finanzas públicas, conservando su filosofía redistributiva.
- Revisar el sistema tributario, potenciando al máximo su poder recaudatorio sin que por ello se desincentive la actividad, el consumo, el ahorro y la inversión.
En paralelo, debe actuarse en el terreno del gasto, apurando hasta lo indecible las ganancias de eficiencia, para continuar ofertando todo un conjunto de servicios públicos esenciales.
Los empleados públicos, en el punto de mira
Inquietante es la persistente y continua crítica a los empleados públicos como problema financiero de primer orden. El diario El Economista, en sintonía con otros medios, recoge en su edición digital de 1 de enero de 2012 la confrontación entre funcionario y emprendedor.
El problema es de calado, porque no solo el personal genera gastos; desde luego, los más cuantiosos no lo son. Cabe decir que es el elemento más débil de la esfera administrativa y que responde a lograr unos objetivos determinados por dos variables: por los directivos que los fijan y dirigen y por la carga de trabajo que soportan.
La Administración es una organización de corte burocrático que se vertebra sobre el principio de jerarquía. La mala gerencia no es responsabilidad de quienes están obligados por imperativo disciplinario a acatar órdenes.
La gestión soporta una gran carga de nuevas solicitudes, consecuencia del elevado número de servicios que el Estado ha asumido.
Hoy, muchas Administraciones han visto doblado su trabajo habitual —estadísticamente hablando—. Nadie dice nada sobre ello. Pero tampoco nadie agradece el hecho de hacerlo.
Y en un marco socialmente adverso y con unas retribuciones mermadas, el esfuerzo es notable y desconocido.
¿Externalizar o gestionar mejor?
Si no se buscan otras fórmulas para financiar los servicios que el Estado no puede soportar, habrá que modular la protección pública. El copago no es inverosímil; la gestión mixta público-privada, una alternativa, pero con matices.
El personal para prestarlos, en defecto de funcionarios, supondría remitirse a la «externalización de los servicios públicos». Opción privada que sustituirá funcionarios por trabajadores sometidos a término estipulado en contrato público. Esta opción es defendida en la teoría general de la administración por la denominada public choice.
No quiere ello decir que sea una opción absolutamente plausible, pues la objetividad e imparcialidad del funcionario, que se presume, no es elemento integrante del puesto de trabajo de quienes no lo sean. Ello no impide que deba recriminarse, y actuar legalmente en su caso, ante una contratación masiva de funcionarios no justificada, como exponente de una crasa irresponsabilidad política. Todo ello en un marco riguroso de contención del gasto público.
Se ha dicho que se buscan soluciones, pero no responsabilidades. Meritoria frase. Pero, por desgracia, la gerencia estricta se construye sobre la responsabilidad de la eficiencia: maximización del servicio al menor coste.
Hoy apremia una gerencia pública para asumir retos que solo la genialidad y la creatividad directiva pueden superar.
Enero de 2012.
Notas
- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2011). Disponible en: boe.es. ↩
- FUNCAS: «Deberes para la próxima legislatura», Cuadernos de Información Económica, núm. 225, 2011. ↩
Para seguir leyendo
- Buchanan, J. M., y Tullock, G.: El cálculo del consenso, Madrid, Espasa-Calpe, 1980.
Imagen principal: Luis García, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.
