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miércoles, 29 de marzo de 2017

Escrito bajo la crisis: «Medidas extremas en un extremo de la solvencia» (micro-ensayo)


Escrito bajo la crisis: «Medidas extremas en un extremo de la solvencia» (micro-ensayo)


Las medidas urgentes acordadas por el gobierno en Consejo de Ministros en 30 de diciembre de 2011 demuestran realismo político, voluntad decidida a frenar una caída vertiginosa. Sin embargo, no es posible interpretar esta decisión sin analizar el contexto internacional  que  compra  deuda soberana emitida  por el Tesoro. Imprescindible para seguir manteniendo servicios públicos y compromisos financieros.

En prensa internacional, el periódico alemán «Die Welt »  en su edición de 30 de diciembre de 2011, calificaba de «drástica» la estrategia económica adoptada por el nuevo Gobierno aclarando que las mismas serán aprobadas por el Parlamento en donde cuenta el Partido Popular con mayoría.


La amplitud de las medidas son calificadas por «Die Welt » en 20 de diciembre de 2011, como señal enviada a los socios de la Unión Europea (UE) y especialmente a la canciller Merkel para evitar la intervención del país por una troika comunitaria, como parece ser estaba previsto.

De haberse producido hubiera impedido al  Gobierno del PP la capacidad para administrar la crisis, convirtiéndolo en testigo presencial sin capacidad de decisión y autonomía, amén de otras «consideraciones políticas» con resultados presumiblemente adversos para las próximas elecciones generales de 2015. Una España intervenida no es «vendible» electoralmente.
O quizás se hubiera generado algo más grave: desaliento de la ciudadanía hacia instituciones públicas incapaces de gestionar un poder que se les ha dado, aunque ofrecido in extremis la derrota final.

Para « Financial Times », en su edición de 30 de diciembre de 2011, el déficit presupuestario contabilizado, 8% del Producto Interior Bruto (PIB) implica, un 2 % más del inicialmente previsto, 6%, que declaró el Gobierno saliente a la UE. Ello equivale a 20.000 millones € adicionales. Esta suma supone un nuevo obstáculo para cumplir el objetivo de situar el déficit al 4,4% del PIB en 2012.

Para «The Wall Street Journal », en su edición de 31 de diciembre de 2011, los datos de déficit obligarán a convenir otras medidas de contención para alcanzar en 2012 el objetivo acordado. La diferencia entre el déficit real y la reducción acordada con la UE para 2012, obligará a recaudar unos 36.000 millones  adicionales.

Sobre este punto, el rotativo norteamericano coincide, básicamente, con las previsiones del informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), expuestas en su « Cuadernos de Información Económica», número 225. Titulado  « Deberes para la próxima legislatura», identifica a las Comunidades Autónomas y Administraciones territoriales como responsables del desajuste presupuestario. Estiman necesario aportar 40.000 millones € para cumplir las previsiones en 2012.

Junto a ello, los vencimientos de deuda soberana por préstamos concedidos a España,  obligarán durante 2012 a desembolsar 158.000 millones € o renegociar el pago de intereses, medida esta última inadmisible so pena de perder la solvencia que todavía mantenemos.

En cuanto a los vencimientos previstos es lógico pensar que se encuentren contabilizados en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 que han sido prorrogados para 2012. O no, lo que implicará aprobar otros Presupuestos para 2012 en 2012.

La percepción pesimista de la crisis ha crecido hasta el 71% de la población, de entre ellos, un 45% expresa una opinión radicalmente pesimista y en proceso de empeoramiento. Respecto a la economía familiar un 23% percibe que su situación ha empeorado durante los últimos meses y que en 2012 será peor. Solo un 33% de los consumidores pudieron ahorrar; un 48% gastó todos sus ingresos y un 19% se endeudó.

Como soluciones, FUNCAS, propone:

1. El saneamiento y el reequilibrio de las finanzas públicas conservando su filosofía redistributiva.

2. Revisar el sistema tributario, potenciando al máximo su poder recaudatorio sin que por ello se desincentive la actividad, el consumo, el ahorro y la inversión.

En paralelo, debe actuarse en el terreno del gasto, apurando hasta lo indecible las ganancias de eficiencia, para continuar ofertando todo un conjunto de servicios públicos esenciales.

Inquietante es la persistente y continua crítica sobre los empleados públicos como problema financiero de primer orden. El Diario «El Economista», en sintonía con otros medios, recoge en su edición digital de 1 de enero de 2012, la confrontación entre funcionario y emprendedor.

El problema es de calado, porque no sólo el personal genera gastos, desde luego los más cuantiosos no lo son. Cabe decir que es el elemento más débil de la esfera administrativa y que responde a lograr  unos objetivos determinados por dos variables: por los directivos que los fijan y dirigen y por la carga de trabajo que soportan.

La Administración es una organización de corte burocrático que se vertebra sobre el principio de jerarquía. La mala gerencia no es responsabilidad de quienes están obligados por imperativo disciplinario a acatar órdenes.

La gestión, soporta gran carga de nuevas solicitudes, consecuencia del elevado número de servicios que el Estado ha asumido. 

Hoy, muchas Administraciones , han visto doblado su trabajo habitual - estadísticamente hablando- . Nadie hay quien diga algo sobre ello. Pero tampoco nadie agradece el hecho de hacerlo. 

Y en un marco socialmente adverso y con unas retribuciones mermadas, el esfuerzo es notable y desconocido.

Si no se buscan otras fórmulas para financiar los servicios que el Estado no puede soportar habrá que modular la protección pública. El co-pago, no es inverosímil, la gestión mixta público-privada, una alternativa pero con matices.

El personal para prestarlos, en defecto de funcionario, supondría remitirse a la « externalización de los servicios públicos». Opción privada que sustituirá funcionarios por trabajadores sometidos a término estipulado en contrato público. Esta opción es defendida en la Teoría General de la Administración por la denominada « Public Choice».

No quiere ello decir que sea una opción absolutamente plausible, pues la objetividad e imparcialidad del funcionario, que se presume, no es elemento integrante del puesto de trabajo de quienes no lo sean. Ello no impide que deba recriminarse y, actuar legalmente en su caso, ante una contratación masiva de funcionarios no justificada, como exponente de una crasa irresponsabilidad política. Todo ello en un marco riguroso de contención del gasto público.

Se ha dicho que se buscan soluciones pero no responsabilidades. Meritoria frase. Pero por desgracia la gerencia estricta se construye sobre la responsabilidad de la eficiencia: maximización del servicio al menor coste.

Hoy apremia una gerencia pública para asumir retos que sólo la genialidad y la creatividad directiva pueden superar.

enero de 2012.




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