Descubrimiento de Filipinas 19 de marzo 1565

1565	La expedición del navegante y conquistador español Miguel López de Legazpi a Filipinas descubre la isla de Bohol, de la que toma posesión en nombre de Felipe II, rey de España. ( Fuente: Micronet)

Ética y gerencia pública y privada ( 2 min)

Ética  y  gerencia pública y privada  ( 2 min)

por

Juan B. Lorenzo de Membiela

1. Concepto.

Etimológicamente ética procede del griego ethos  que significa uso o costumbre, pero se emplea usualmente como sinónimo de moral. Moral, etimológicamente, procede del latino mos-moris, perteneciente al carácter de la persona, o modo acostumbrado de obrar, acción o costumbre[1].

La ética es una de las ramas de la filosofía que se ocupa del estudio de la voluntad y la acción moral. La ética  es clasificada como disciplina normativa, o como teoría de los principios formales de la moralidad y de los valores morales o como lógica de los conceptos  morales y análisis deontológico de las normas.

2. Ética y derechos fundamentales.

Para Victoria Camps, la ética en un sentido abstracto y universal  es una sola ética porque, unos son los derechos fundamentales y únicos los principios que establecen, por ejemplo, la dignidad absoluta de la persona humana o la exigencia de universalidad como criterio absoluto de moralidad de las acciones[2].

Por ello,  fundamenta  la inadmisibilidad de distinguir una ética pública y otra privada porque,  son unos solos los derechos fundamentales reconocidos a todas las personas, públicas y privadas, individuales o jurídicas en la CE , como también el valor de la dignidad del art. 10.1º complementado por los derechos fundamentales de los diversos Tratados Internacionales ratificados  por España  en virtud de la cláusula abierta del art. 10.2º CE.

3.Ética pública y moral.

Para Cortina es incorrecto mantener la distinción entre «ética pública» y «moral o morales privadas», porque -por suerte o por desgracia, toda moral es pública, porque todas tienen vocación de publicidad, de hacerse públicas, de invitarse, de manifestarse[3]. Macintyre,   sostiene la existencia de una sola ética, refutando la polémica surgida entre las dos éticas  definidas por Max Weber: la ética de la convicción y la  ética de la responsabilidad[4].

Sin embargo es admitida la existencia de una ética pública y otra privada en atención a los valores o principios que se intentan potenciar en la actividad de sus miembros, sea a través de Códigos éticos, sea a través de  Códigos de Conducta (en una correlación con las normas jurídicas de aplicación al ámbito público excluyendo al privado). Por ello, aunque  la dignidad es un valor insoluble, sí contiene matices de distinta intensidad según donde se manifiestan: en lo  público o en lo privado. Matizaciones leves, en todo caso, en atención al objeto de aplicación.

4.  La ética como  garante de la dignidad y la  democracia.

Sobre esta  breve diferenciación y aceptando la existencia de una ética pública, Villoria Mendieta profundiza en sus orígenes, encontrando lo que puede considerarse como antecedentes   en diferentes países : China ,en textos de Confucio   o en la escuela de los Legistas que desde el s. VI a. C determinó criterios claros sobre la importancia de la eficiencia o de la objetividad[5]. También en la India observamos en el s. a.C. las reflexiones de Kautilya sobre la acción de gobierno[6]. También en los textos griegos, Sócrates,  Platón, Aristóteles,  y romanos, Séneca,  existen obras  que  explican  la acción de gobierno.

                                                                                                               

El cristianismo produjo una gran revolución ocasionando  dos  grandes  cambios: El primero,  la separación y la desconfianza de la política entendida como participación en la vida asociada pero admitiéndola como mal necesario. El segundo y más espectacular es que el cristianismo   rompió con las teorías del naturalismo y del organicismo que se encontraban en todas las concepciones  políticas  de la antigüedad.  Con ello,  lo privado se impone  sobre lo público, el hombre rompe los ligámenes  que lo sujetaban a la sociedad y se eleva y se sitúa por encima de ésta. Sólo el hombre es participe de lo verdadero y de lo necesario[7] .

Con Agustín  la política cristiana está sujeta a una serie  de valores eternos y universales. Incidencia que constituirá el germen de la democracia y la construcción de la dignidad humana y con ello su  motivación ética[8] . Por ello la moderna teoría de la democracia se encuentra fundada sobre la consideración del individuo en cuanto elemento originario, causa primera de la sociedad y del Estado. El hombre confiere la soberanía al Estado sobre una concepción contractualista, exigiendo que el Estado proteja y  defienda  sus derechos. Eso debería evitar la actuación arbitraria del Estado y la de los Poderes. Al final todo concluye con un razonamiento irrefutable: la democracia se construye sobre la dignidad[9] de la persona y sobre sus organizaciones  garantizando  la  libertad individual  y la proyección de esa libertad y dignidad en las distintas facetas de las relaciones del hombre con otros como con el Estado y sus Poderes. Y ello nos lleva a otra conclusión, un Estado predador de la dignidad humana es un Estado que se deslegitima en tanto aliena a quién le sirve de causa originaria de existencia.

En la teoría de la organización pública se verá cómo estas ideas cristalizan en la actualidad con  el surgimiento de la ética en la actuación pública, interna y externa, sobre la concurrencia de la dignidad del hombre y de sus derechos inalienables. Surge también como consecuencia de una demanda social que exige comportamientos transparentes de sus dirigentes y de los empleados del Poder Ejecutivo  asumiendo compromisos que hagan respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La tensión entre profesionalidad – independencia del empleado frente al Poder político. También -  y servicio al interés general – subordinación y sometimiento  del funcionario con el poder ejecutivo marcará toda la lucha intelectiva  hasta la actualidad.

5. Organización pública y empleado público: política y ética.

En el siglo XIX, es destacable el estudio de Eaton en 1880 y su tesis sobre la profesionalidad y el mérito en el acceso a lo que hoy entendemos como  función  pública. Desarrolla la tesis de que el buen funcionamiento del servicio civil marca la pauta moral de la política  nacional. Idea rescatada por Etzioni-Halevi en 1990, que postulan   que el nivel de  corrupción es una variable dependiente del bajo nivel de profesionalidad del servicio civil[10].  Esta tesis calará en otros autores pero no entrando a valorar la incidencia de la política en el desempeño de la gestión. Bajo una visión pesimista de la condición humana confiará en la razón y en la educación pero propuso medios de control y de autoridad sobre los empleados públicos. Su postulado ideológico radica sobre el mérito, unido al control de la imparcialidad que garantizaba el comportamiento ético de la Administración.

La  separación entre  política (partidista) y administración era admitida sin condiciones. Max Weber mantiene  la tesis. Para Weber la burocracia es la forma organizativa propia de la modernidad como la legitimidad racional-legal es la más coherente forma de dominio en esta época. Sobre el funcionario pesa el deber objetivar sus respuestas frente al ciudadano y para ello  el sistema debe impedir que los intereses de partido influyan en la forma  de gestionar intereses públicos. Existe una clara diferencia entre la política – esfera en la cual deben plantearse las divergencias éticas- y la  administración , que se centra en la ejecución de esos  planes con jerarquía,  eficiencia, imparcialidad y búsqueda de la verdad[11] ( estimo que esa búsqueda de la verdad podría generar problemas con principios tales como  jerarquía y eficiencia. Aunque es un concepto moralizante que pudo ser empleado para evitar arbitrariedades y con ello un control ético  personal e interno de la propia Administración por su empleados. Ejecución de las políticas públicas encomendadas pero con discernimiento del binomio  justicia-injusticia equivalente al binomio objetivo-arbitrario).

Tras una etapa en la cual se barajaban distintos enfoques  se llega a una situación en la cual hoy, renace de nuevo: control político en la administración o autocontrol deontológico del empleado público.  Mientras  Friedrich[12] defiende los controles derivados de la profesionalidad y la aplicación de códigos deontológicos; Finer, en cambio, propone controles externos del derecho y la política[13]. Una posición ecléctica, la de Morstein Marx que refunde ambos criterios político y judicial pero también  imponer  a los funcionarios  códigos deontológicos de buena conducta , junto a la lealtad a la organización. Además, Levitan considera que los empleados públicos están obligados a una entrega política a la democracia y a los ciudadanos.

Por ello,  la dualidad de posiciones, hoy vigente, son: o los principios de  burocracia, denominado ethos burocrático  con sus valores de eficacia, eficiencia, jerarquía, centralización. Y aquellos que defienden el  sometimiento del empleado (y por supuesto de la Administración)  al  régimen democrático y al interés general, como subraya Pugh[14], el llamado ethos democrático.

Ambos criterios  cohabitan en una tensión continua precisamente por la presión de la política que tiende a redireccionar las actividades públicas objetivas a los intereses subjetivos, que no siempre deben ser identificados con el interés general, aunque  formalmente puedan ser disfrazados como tales. Pero la tensión está y estará allí, con mayor o menor intensidad  en atención al intervencionismo que se intente aplicar. Por ello, hablar de ética en la política es importante y lo es porque la presión sobre  la Administración afecta directamente a sus empleados pero también a los ciudadanos por un servicio que se presta que no es el más optimizado.

Vienen a colación  las reflexiones  de Aranguren [15] cuando afirma la problemática constitutiva de la relación entre ética y política, que ocasiona una tensión entre la lucha  por la moral y el compromiso político, criterio sostenido por Fernández García[16],pues la inexistencia de esa tensión únicamente se manifiesta en sistemas totalitarios. Criterio dramático sostenido además por Weber, Popper, Berlin y Aron.

Cabe la compatibilidad entre la tensión moral-política si se admite  una ética cívico-política de mínimos sometida al respeto de la dignidad del ser humano, la seguridad, la autonomía, la libertad y la igualdad . Este primer nivel es garantizado por el Derecho cuando aquélla falla, otorgándole un plus, una garantía de efectividad, siempre que el Poder judicial no se encuentre cooptado por las instituciones ejecutivas.

No conviene olvidar que la construcción de un Estado de Derecho se inicio a raíz de las revoluciones burguesas del s. XVIII en donde se publicaron  los Derechos del hombre  y ese Estado de Derecho solo posee una finalidad , la lucha contra la arbitrariedad del poder, la tiranía absolutista

El Estado de Derecho equivale entonces a hablar del Estado liberal-democrático y de derechos humanos fundamentales, con los valores e instituciones  que comprenden. Fernández García determina que por esta vía se moraliza la vida política y con ello, muy directamente, la Administración Pública.

En esta situación surgieron los Códigos éticos, que no precisamente fueron impulsados por la Administración sino adoptados por la misma del sector  privado. Mendieta referencia el Código de la International City Manager´s de 1924[17].

6.  La  necesaria expansión de la ética a  las organizaciones  e instituciones del Estado.

Entre ambas concepciones, hoy, de plena actualidad, se desarrolla la actividad de las Administraciones Publicas, pero también, indiscutiblemente,  asociaciones profesionales pertenecientes a otros Poderes del Estado. El binomio en sí tiene una trascendencia  crucial pues la opción de uno u otro sistema, o aún imperando uno explicito, de modo legal, el ejercicio del otro, implícitamente, lesiona derechos de los ciudadanos, sometiéndolos a los criterios partidistas, a los criterios del Estado que en suma es lo que se denomina interés general. En el mayor número de las veces contrario a la pervivencia de los derechos de la persona. Y esa negación se manifiesta con más intensidad en conflictos con personas  privadas, simples ciudadanos, que ven pisoteados sus derechos sin pudor basándose en el argumentum baculinum. En situaciones en donde la conflictividad ponga en entredicho la buena administración de cualquier Poder quiebran los derechos, por muchas garantías que se intenten reconocer a quienes corresponda enjuiciar. Y sobre esta consideración las políticas intervencionistas  rompen la esfera de derechos del ciudadano.

En esta tesitura la creación de un órgano de fiscalización ajena a cualquier  Poder seria conveniente, lejos de corporativismos que impiden la acción de la justicia, permitiendo, con ello, lagunas inmunes a la fiscalización democrática que son inadmisibles en un Estado de Derecho. Pero también, no olvidemos que muchas veces las limitaciones personales junto a las ideológicas provocan aberrantes razonamientos lejos de cualquier técnica o mecánica jurídica, pero se admiten y se respetan, sencillamente porque es inexistente – por inoperativa- la responsabilidad personal o colegial de personas u órganos investidos con poder. Lo que se está fraguando no es otra cosa que el agnosticismo del  ciudadano respecto al Estado y sus Instituciones, lo que equivale a identificar como corrientes de pensamiento excluyentes de opciones que aniquilan el pluralismo jurídico y cultural.

No quiero que se interprete esta reflexión como una critica al sistema .No, los poderes como tales y sus miembros son desempeñados por personas y a ellas corresponde direccionar la actividad de un modo u otro. A ellos compete crear climas propicios para que los derechos se expandan y se apliquen o por el contrario se coacte a la persona  para ensanchar la acción de gobierno. A ellos corresponde respetar las instituciones y hacer que los Poderes actúen conforme a la CE . O, por el contrario, se fomente la crispación social como estrategia política, presionando a modo  a quienes no participen de su particular festín. En esos momentos, como los de hoy, la palabra crisis  cobra una nueva dimensión porque un nuevo  tiempo impera. La desconfianza hacia el Estado ha alcanzado cotas difíciles de sostener. Sin embargo, no opto por la solución dada por  Nietzsche de que, a lo que se viene abajo, lo mejor es empujarlo, recogida por Haberrnas[18] . Más bien propicia  un nuevo intento para restaurar lo destruido y crear un clima de confiabilidad para evitar el errático clima de incertidumbre.

7. Ética organizacional,  finalidad de la ética y excelencia.

La causa por la cual la ética emerge en las organizaciones públicas y privadas obedece a varias motivos, no únicamente escándalos que han deteriorado la imagen de integridad en la gestión  de servicios públicos. También como resultado de acomodar las conductas de las corporaciones a determinados  cánones morales que las hagan públicamente respetables como medio de alcanzar y mantener en la sociedad un prestigio social y humanamente habitables. Porque ello comunica confiabilidad y prestigio, valores muy apreciados en la actualidad. Además de todo ello, encontrándonos en la sociedad de la tecnología – con un progresivo abandono de valores humanos-  su desarrollo provoca, en ocasiones, encrucijadas que deben superarse sobre unas reglas  conductuales que eviten  daño a  las personas[19].

Este medio transaccional de carácter   hostil  cohabita  con  la cultura interior de la organización pública en donde, en ocasiones.  La  falta de un liderazgo ético  provoca una  deshumanización gestora  si no brutalización convirtiendo la Administración en apéndice político más que  gestora de servicios públicos.

Consecuencia de ello autores propugnan un nuevo modelo de gestión basado en una  dirección  éticamente correcta, dando lugar a la que se denomina ética de tercera generación. Junto a las funciones de dirección tradicionales el modelo añadiría seis nuevas funciones:

I.              Manejo de crisis: (previsión de amenazas y sus respuestas).

II.       Manejo de problemas (Evaluación de tendencias y sus respuestas).

III.           Manejo de la calidad total.

IV.           Ambiente.

V.            Globalización (seguridad de que los procesos de producción, mercadotecnia y administrativos de la organización se sintonicen con la economía política global).

VI.           Ética (observación cuidadosa de las consecuencias éticas y morales del comportamiento, políticas, decisiones y procedimientos de la organización).

Junto a estas nuevas funciones  el diseño abarcaría cuatro divisiones mayores o centros:

1. Centro de reconocimiento/aprendizaje: ¿Qué necesitamos saber para poder producir y/o proporcionar productos y/o servicios de clase mundial?.

2. Centro de recuperación/desarrollo: ¿Cómo ayudar a nuestros empleados a recuperarse de cualesquiera de las disfunciones o problemas que traen consigo a la organización?.

3. Centro mundial de servicio/espiritual: ¿Cómo puede nuestra organización usar todos sus recursos para desarrollar una sociedad y un mundo más sanos?.

4. Centro de operaciones. ¿Cómo llevar de verdad a la práctica y operar una organización manufacturera y/o de servicios de clase mundial?.

Aunque no todas las funciones son asumidas en la actualidad por cualquier organización, sí han sido adoptadas  algunas de ellas[20].

Cabrá adoptar o no la ética en las organizaciones  creyendo que la eficacia y eficiencia es lo único tangible en una entidad dadora de servicios, pero quienes piensan de esta manera desconocen la sostenibilidad de la organización como cauce de desarrollo personal de la persona. El hombre goza de libre arbitrio para hacer o no hacer lo que estime pertinente pero irremediablemente deberá responder de sus actos. Actos que afectarán a sí mismo pero también a su medio, a su centro de trabajo, a su empresa, a su Administración. Obviar la ética, comportarse con cánones distintos a los éticamente exigibles deshumaniza a las personas y deshumaniza a las organizaciones cuyo soporte físico son las personas. Un trabajo en donde no exista respeto a la dignidad de la persona, a sus derechos fundamentales, es éticamente responsable por ser predador de la condición humana del funcionario, de su desarrollo interno, de su crecimiento moral, y  en suma , complica de  la corrupción de la sociedad . En definitiva, como apunta  Guillen  Parra, la ética es para quienes quieren un lugar de trabajo eficaz, eficiente y humano.[21]

La ética pública  nace como disciplina científica en EEUU en los años 70, dentro del campo de la Ciencia de la Administración. La ética pública es una especie dentro del género ética especial en tanto aplica los principios de la ética general a la conducta de los hombres  respecto de la sociedad o del Estado. En EEUU, la ética  empleada allí es la ética dirigida hacia la responsabilidad. En cambio, la ética europea nace en los años 90 en el seno de la Ciencia de la Administración y Ciencia Política, mediatizada por sus circunstancias particulares como son los escándalos políticos en España, Francia, Italia y  Bélgica.

Las principales vías  de actuación de la ética  se concretan en dos principales  manifestaciones de los que García Mexía califica de criminalidad gubernativa: violación de derechos fundamentales  y corrupción[22] . Ambos ilícitos en distinto  plano axiológico , aunque paradójicamente en la sociedad de consumo tienda a dar mas relevancia a las temas crematísticos  que a las violaciones de  derechos fundamentales contra la persona , el  aquilatado reconocimiento de la dignidad humana y la violación de los derechos fundamentales que erosionan y destruyen poseen mayor entidad ontológica y jurídica  que aquéllos, aunque la morbosidad social se manifiesta con  distinto interés frente a la consumación  de ambos ilícitos.

Pero también la ética cumple otra función  dentro del ámbito organizativo: referencia a la calidad humana, a la excelencia de las personas y de sus acciones en el marco de trabajo de las organizaciones[23]. Y todo ello, dentro del esquema organizacional, público o privado, implica respeto hacia los demás, ejercer la potestad de mando con  flexibilidad,  sinceridad, transparencia, optimismo, lealtad, generosidad, integridad y justicia. También  la receptividad a los dificultades que acusa la organización y adoptar decisiones que impidan daño a la misma o a sus miembros . Y ello se proyecta sobre la empresa o institución, creando confianza y creando una cultura de la verdad.

8. Liderazgo ético.

Un liderazgo ético infunde naturalidad y fluidez en la comunicación intra-organizacional y también  seguridad y durabilidad  en el  mandato del gerente y su equipo directivo. Ello es producido por distintas variables, de contenido ético,  entre ellas cabe citar:

1.    Cumplir con la palabra dada.

2.    Sinceridad.

3.    Comprensión.

4.    Flexibilidad hacia la persona y su circunstancia.

5.    Delegación de responsabilidades.

6.    Comunicación de criterios de actuación.

7.    Comunicación horizontal entre dirigentes y subordinados.

8.    Ponderación de la cualidad humana para atribuirle competencias.

Todas estas conductas son éticamente exigibles porque actúan dentro del marco de la dignidad del hombre en su trabajo. Las conductas directivas no éticas  generan conflictos, rompiendo la armonía de la organización; producen recelos, desconfianza y provocan la alineación del funcionario y del trabajador  en  su centro de trabajo. Si importa la eficiencia esto debe preocupar.

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[1] Guillen Parras, M., Ética en las organizaciones. Construyendo confianza, Prentice Hall, Madrid, 2005, p. 3-

[2] Camps, V.,  Virtudes Públicas. Editorial Espasa Calpe, 1992,  Madrid.

[3] Cortina, A., La ética cívica como ética de mínimos, en  « Ética Pública y Moral Social. », dir.   Núñez Ladeveze , L., Editorial Noesis, Madrid, 1996, pp. 92-3.

[4] Macintyre, A., Tras la virtud crítica, Barcelona, 1987, p. 80.

[5] Gabrelian, V., Public Administration in a Ancient China: The Practice and Thought, Public Voices, V. II, num. 1, 1996.

[6] Sahuquillo, J., Ética y política, Claves de la razón Práctica, 1999, 98.

[7] Sciacca, E., Dalla paura della politica alla politica della paura, en « La paura e la cittá »  en D. Pasini, v. II, Facoltá di Science politiche, Universitat de Roma, 1984, pp. 13 y ss.

[8] Sciacca, E., Interpretación de la democracia, EDERSA, Madrid, 1994, pp.  114 y ss..

[9] Idem,  p. 129.

[10] Etzioni-Halevy, E., Exchanging Material Beneficts for political support: A Comparative Analysis, en A. J., Heidenheimer  et al., Political Corruption, transaction Publishers, New Brunswick, 1989.

[11] Goodnow, F., Politics and Administration, Russel and Rusell, Nueva York, 1900.

[12] Friedrich, C.J., Corruption Concepts in Historical Perspective, en A.J. Heidenheimer ET al., Political Corruption, Transaction Publishers, New   Brunswick, 1989.

[13] Vid. Villoria Mendieta, M.,  en Ética Pública  y corrupción: Curso de ética administrativa, Tecnos, Madrid, 2000, pp. 28-9 con remisión a Cooper, The emergente of Administrative Ethics, 1994.

[14] Pugh, D. L.: The Origins of Ethical Framework in Public Administration, en J. S. Bowman (ed.) Ethical Frontiers in Public Management, Jossey Bass, San Francisco, 1991.

[15] López-Aranguren, J.L., Ética y política, Guadarrama, 1968, pp. 65-6..

[16] Fernández García, E.,  Las relaciones entre la ética y la política. El punto de vista dramático desde Max Weber y Raymond Aron, en « Raymon Aron: un liberal resistente», coor. Lasalle, J.M., FAES, Madrid, 2005, p. 97.

[17] Villoria Mendieta, M.,  en Ética Pública  y corrupción: Curso de ética administrativa, cit., p. 29.

 

[18] Jürguen Habermas, Aclaraciones a la ética del discurso, 2000.

[19] Véase, un  ejemplo  llamativo que se manifiesta en la sociedad de hoy, Nota de la Fiscalia del TSJ de Cataluña de noviembre de 2006 sobre la protección a médicos y profesores que son objeto de malos tratos, lesiones y vejaciones:

« […] Las agresiones a los profesionales merecen la más severa perspectiva jurídico-penal" para defender "bienes jurídicos no sólo individuales, sino también colectivos, de esencial importancia constitucional.

Entre esos bienes, se cita el derecho a la educación, uno de los más relevantes que son fundamento del orden político y de la paz social según el artículo 10.1 de la Constitución. Para garantizar el disfrute de ese derecho los poderes públicos deben proteger ese derecho amparando a los profesionales que "personifican la realización de tan esenciales objetivos constitucionales".

Según la orden, las agresiones a estos profesionales significan la perturbación de la función pública que ejercen", lo que impide "el efectivo disfrute" de los derechos consagrados por la Constitución […]» .

[20] Ivancevich, Jhon M., Konopaske , Robert y Matteson, Michael T. Comportamiento organizacional, cit.,p.  533, Carson, T.L., Self-Interest and Business Ethics: Some lessons of the Recent Corporate Scandals, Journal of Business Ethics, 2003, 43,4, Cochran,T.A. Addressing the crisis in confidence in corporations: Roots causes, Victims and Strategies for reform, Academy of management executive, 2002, 16, pp.139-42 y Mitroff, I.I., The antediluvian Corporation, Across the board, 1994, 10, pp. 59-60.

[21] Guillén Parra, M.,  Ética en las organizaciones, Pearson, Prentice Hall, 2003,  p.  19.

[22] Diez-Picazo, L. M.,  La criminalidad de los gobernantes, Critica, Barcelona, 1996, Diez-Picazo, L. M.,  Criminalidad gubernativa y acusación independiente. Del Watergate al Whitewater, Claves de razón práctica, 1997,  69, pp. 28-36, Rodriguez-Arana, J., Ética institucional. (Mercado «versus» función pública), Dykinson-Escola Galega de Administración Pública, Madrid, 1996, Saban Godoy, A.,  El marco jurídico de la corrupción, Civitas, Madrid, 1991,  Villoría Mendieta, M.,  Ética pública y corrupción: Curso de ética administrativa, Tecnos- Universitat Pompeu Fabra, Madrid, 2000.

[23] Guillén Parra, M.,  Ética en las organizaciones, cit.,  p. 11.