SMC JUAN CARLOS I PRESIDIRÁ LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO AL MARINO D BLAS DE LEZO
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sábado, 8 de noviembre de 2014
SMC JUAN CARLOS I PRESIDIRÁ LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO AL MARINO D BLAS DE LEZO
25º aniversario caida del muro de Berlin
http://www.berliner-mauer-gedenkstaette.de/de/newsletter-712.htmlUNOS MUROS QUE CAYERON Y OTROS QUE COMIENZAN A CONSTRUIRSE...
(El carácter cíclico de la historia)
http://www.berliner-mauer-gedenkstaette.de/de/die-berliner-mauer-10.html
martes, 4 de noviembre de 2014
Principio de presunción de inocencia, art. 94.2º.d) L 7/2007, EBEP . ( 2 min.)
Principio de presunción de inocencia, art. 94.2º.d) L 7/2007, EBEP ( 2 min.)
por
Juan B Lorenzo de Membiela
El artículo 24.2º
CE recoge el principio de la presunción de inocencia
que será interpretado conforme el art. . 10.2º
CE en relación con la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948, el Convenio
de Roma para la protección de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de 1950, ratificado por España en 1979 y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976. Recursos interpretativos necesarios puesto que ha sido extraño a
la legislación nacional española[1]. Con anterioridad se encontraba en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal pero lo realmente novedoso es su ubicación en el texto
constitucional como derecho fundamental – a diferencia del resto de
constituciones de la UE- y las consecuencias que dicha ubicación posee, véase , v.gr.: ,
los arts. 53.1º y 161.1º CE .
De un cuerpo consolidado de doctrina de los
tribunales, entre otras : SSTS de 9 de marzo de 1988, 8 de marzo del mismo año, 10 de marzo, 28 de abril de 1988, 21 de diciembre de 1983, 21 de diciembre de 1985, 5 de abril de 1988 y SSTC de 23 de febrero de 1988, 1 de diciembre de 1988 cabe enumerar como presupuestos
básicos para destruir la presunción
de inocencia:
a) Un
mínimo de actividad probatoria.
b) Que
dicha actividad probatoria haya sido obtenida regularmente.
c) Que sea
de cargo.
Este principio implica que la carga de la prueba
de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración,
con la prohibición de la utilización de pruebas obtenidas con vulneración de
derechos fundamentales así como la denegación inmotivada de medios de prueba,
SSTC 13 de enero de 1998[2], de 25 de enero de 1999[3] , de 22 de febrero de 1999[4] , 16 de noviembre de 2000[5], 20 de mayo de 2002[6] .
La presunción de inocencia se articula como una presunción del tipo iuris
tantum y como un derecho subjetivo derivado del carácter fundamental del
art. 24 CE[7] . No incide, como
señala la STSJ de Madrid 20 de
junio de 2001[8],
sobre la
definición de las responsabilidades del expedientado, sino que impone la
necesidad de que esa responsabilidad quede probada a través del procedimiento
establecido, de carácter contradictorio y abierto al juego de la prueba.
Es de aplicación al procedimiento sancionador y por ello, al disciplinario ,
como declara la STS 15 de octubre de
1988[9],
FD tercero.
En el procedimiento sancionador
opera como principio general de distribución de la prueba, pero no se
trataría del onus probandi
importado del proceso penal, sino el establecido en el art. 1214 CC basado en el principio de igualdad de
armas, STC 12 de julio de 2004[10]. De este modo la STC 24
de septiembre de 1986[11] explica que la presunción
de inocencia genera que toda condena debe ir precedida siempre de una
actividad probatoria impidiendo la condena sin pruebas y que la carga de dicha
actividad pesa sobre los acusadores.
De conformidad a la STS
7 de julio de 1989[12],
pesa sobra la Administración instructora
probar todos y cada uno de los elementos correspondientes de la infracción
disciplinaria , la concreta participación y los hechos en que se funda
cualquier agravación de su responsabilidad. Por ello, toda
constatación inculpatoria en el pliego de cargos debe desarrollarse
paralelamente a lo probado por la Administración .
La presunción de inocencia impide a
la Administración sancionar sin
pruebas. Recae sobre ella el peso procedimental de probar los hechos que imputa al presunto culpable lo
que obliga a realizar una prueba de cargo capaz de destruir
dicha presunción, no gozando de ninguna facultad discrecional en la evaluación
y valoración de las mismas. Por ello lesiona esta presunción la sanción
impuesta al funcionario sin una mínima actividad probatoria de cargo. Vid.
STS 26 de diciembre de 1988[13],
FD tercero.
La
presunción de legalidad de los actos administrativos no justifica un desplazamiento de la carga de la prueba, sino
únicamente un desplazamiento de la carga de accionar o de impugnar para
destruir tal presunción, con lo que se opera en diferentes niveles , en el
sancionador, concretamente y por incidencia del art. 24.2º CE , la carga de la
prueba pertenece a la Administraron instructora, STS 27 de
junio de 1988[14]
, FD tercero.
Por
ello, la valoración realizada por la Administración Pública
cabe ser desvirtuada ante los órganos jurisdiccionales como apunta la STC 20 de diciembre de 1990[15],
FD quinto.
Y
ello sin perjuicio de que el expediente
disciplinario tramitado pueda ser empleado como prueba en proceso judicial como apunta la STC 26 de abril de 1990[16],
FD octavo.
En
cuanto a la prueba indiciaria, el
TC la estima adecuada para desvirtuar la presunción de inocencia siempre
bajo ciertos condicionantes. Recientemente,
la STC 20 de junio de 2005[17], en
su FD cuarto razona la aplicación de la prueba indiciaria siempre bajo severos
controles de observancia:
a) Es necesario acreditar, no sólo que el hecho base
o indicio ha resultado probado.
b) El razonamiento debe ser coherente, lógico y racional,
encontrarse asentado en las reglas del
criterio humano o en las reglas de la experiencia común.
Sin embargo, la STS
13 de febrero de 1995[18],
rechaza la aplicación de la prueba indiciaria en el procedimiento
sancionador por exigencias impuestas
por los principios de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad e imputabilidad, con la consecuencia
inevitable de ser exigible una prueba acabada de culpabilidad, lo que excluye
la prueba por indicios o meras valoraciones en conciencia.
[1] Juanes Peces, A., El
principio de presunción de inocencia en la doctrina del tribunal
constitucional, con especial referencia a si los indicios pueden destruir tal
presunción , en « Protección
jurisdiccional de los derechos fundamentales y libertades públicas » , Revista
del Poder Judicial , 1989, 6, s.p. [ pero 143-51 ] .
[2] RTC 1998,7],
[3] [RTC 1999,3],
[4] [RTC 1999,14],
[5] RTC 2000,276],
[6] [RTC 2002,117],
[7] Las
presunciones legales no son reglas especiales sobre la carga de la prueba,
tampoco normas particulares sobre los efectos sino alteraciones excepcionales
del objeto probatorio por exención de la prueba de los datos que lo integran[7]. Por ello en las presunciones iuris tantum no existe exención de la
prueba, sino norma especial sobre la carga de la misma- Jaime Guasp ,
Derecho Procesal Civil, t. I, (
actualizada por Aragoneses Alonso), Civitas, Madrid, 1998, p. 308 y Gómez
Orbaneja, Derecho procesal Civil, 8ª
Edic., ( con Herce Quemada), Artes gráficas y ediciones, Madrid, 1976, p. 284 -
Con
anterioridad a la LEC de 2000 las
presunciones quedaban reguladas en
los arts. 1249 a 1253 del CC . La LEC únicamente las
regulan en sus arts. 385 a 386. Este último artículo
establece que a partir de un hecho admitido o probado, el
tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho,
si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo
según las reglas del criterio humano.
Se aduce lo erróneo de este método probatorio pues lo
que en realidad ocurre es que se altera el tema a probar surgiendo la
contraprueba - Montero Aroca, El nuevo proceso civil ( Ley 1/2000) (con Gómez Colomer, Montón redondo y Barona
Vilar, S.), 1ª Edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 2000. Quien se oponga a la presunción puede pretender probar bien la
inexistencia del hecho presunto, bien la falta de enlace entre el indicio y el
hecho presumido.
[8] (RJCA 2001,1344).
[9] (RJ 1988,7983).
[10] (RTC 2004,111).
[11] (RTC 1986,109).
[12] (RJ 1989,6126).
[13] (RJ 1988,10299).
[14] (RJ 1988,4768).
[15] (RTC 1990,212).
[16] (RTC 1990, 76).
[17] (RTC 2005,172).
[18] (RJ 1995,2670).
sábado, 1 de noviembre de 2014
Inauguracion del monumento al marino D Blas de Lezo en Madrid
INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO A BLAS DE LEZO 15 DE NOVIEMBRE
31 oct 2014 — Queridos amigos,
Como algunos de vosotros ya sabéis el Monumento a Blas de Lezo en Madrid se inaugurará el sábado 15 de noviembre sobre las 12 de la mañana. Si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias, lo primero de todo, a todos aquellos que habéis firmado apoyando esta iniciativa, casi 11.000 personas. Es por ello que me gustaría que todos y cada uno de los que habéis firmado asistierais ese día a la Plaza del Descubrimiento de Madrid y nos ayudarais a finalizar esta iniciativa con el gran acto, multitudinario y patriótico que Don Blas y todos nosotros nos merecemos. Traed a vuestros hijos, hermanos y padres. Decídselo a vuestros amigos. No dejéis de difundir la convocatoria, cuantos más seamos, mucho mejor. Nos vemos allí.
Día: 15 de noviembre, sábado.
Hora: 12 de la mañana (por confirmar)
Lugar: Plaza del Descubrimiento, Madrid.
Metro más cercano: Serrano, Colón.
Como algunos de vosotros ya sabéis el Monumento a Blas de Lezo en Madrid se inaugurará el sábado 15 de noviembre sobre las 12 de la mañana. Si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias, lo primero de todo, a todos aquellos que habéis firmado apoyando esta iniciativa, casi 11.000 personas. Es por ello que me gustaría que todos y cada uno de los que habéis firmado asistierais ese día a la Plaza del Descubrimiento de Madrid y nos ayudarais a finalizar esta iniciativa con el gran acto, multitudinario y patriótico que Don Blas y todos nosotros nos merecemos. Traed a vuestros hijos, hermanos y padres. Decídselo a vuestros amigos. No dejéis de difundir la convocatoria, cuantos más seamos, mucho mejor. Nos vemos allí.
Día: 15 de noviembre, sábado.
Hora: 12 de la mañana (por confirmar)
Lugar: Plaza del Descubrimiento, Madrid.
Metro más cercano: Serrano, Colón.
Artículo de referencia: Arturo Pérez Reverte , en
Más información en:
lunes, 27 de octubre de 2014
ENCUESTA TRABAJO DE INVESTIGACION SOBRE DIRECTIVOS
ENCUESTA TRABAJO DE INVESTIGACION SOBRE DIRECTIVOS
Faltan por cumplimentar una pocas encuestas para alcanzar las 500 para trabajo de investigacion universitario sobre Directivo empresarial.
Guarda todos las garantias de confidencialidad exigidas por la LO 15/1999.
Si os animáis a participar , adjunto enlace web
http://www.e-encuesta.com/encuesta/directivoburocratico
Muchas gracias por vuestra colaboración
Juan B Lorenzo de Membiela
sábado, 25 de octubre de 2014
Termodinámica y gerencia productiva ( 2 min.)
Termodinámica y organización
del trabajo ( 2 min.)
Juan B. Lorenzo de Membiela
Toda fricción genera desgaste.
Tanto en personas como en máquinas. El deterioro causa mantenimiento y
reparación de motores. No es extraño entonces encontrar en cualquier país
talleres mecánicos y centros médicos.
¿Puede ser la persona
demostración práctica del «
ciclo de Carnot »?. ¿Puede ser exigida una productividad constante: sin límite
de rendimiento y sin límite de reducción retributiva?
Nicolas Sadi Carnot, en 1824, describió un motor térmico de
eficiencia perfecta en el que el todo calor o energía se convierte en trabajo. Pero nunca llegó a desarrollar máquina alguna que
alcanzara esa conversión.
Esta imposibilidad motivó el
enunciado del Segundo Principio de la termodinámica formulado por Clausius y Thomson en el siglo XIX y
desarrollada en el siglo XX por Lars Onsager, Ilya Prigogine, Sybren de Groot,
Peter Mazur.
Su enunciado: no puede existir ningún proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor
del depósito y la conversión de todo ese calor en trabajo.
Es decir, la
productividad maquinal absoluta es inalcanzable, hoy y en el futuro, con
recesión o sin ella, con recuperacion o sin ella.
El prof.-catedrático Rubí de
la Universidad de Barcelona, en su estudio « El largo brazo de la segunda ley » razona su validez universal (2009: 28). Todos los
sistemas, naturales o no, se encuentran bajo su vigencia, incluso en
organizaciones, públicas o privadas.
Dado este imperativo las
exigencias de productividad tienen por su naturaleza un límite finito. Alcanzar
una mayor eficiencia no solamente depende de lo humano sino también, y
principalmente, de otros factores: la gestión directiva y la automatización de tareas son relevantes
pero apenas se incide en ellas.
Y es injusto porque delegar fracasos al nivel
operativo o menos cualificado de la organización no deja de ser una paradoja
por la propia esencia de lo burocrático.
En donde la jerarquía y la obediencia imperan como elementos estructurales,
derivan deberes de quienes ejercen gerencia y, a través de ella, estrategia para alcanzar los objetivos
fijados. Ser lo preeminente en cualquier organización lleva aparejado la carga
del fracaso que no siempre es fácil asumir. Douglas Mcgregor, describió como
principio en las relaciones entre el personal y la línea de mando, que la autoridad debe igualar a la
responsabilidad (2007:199).
Y, sin embargo, la
alta competitividad en las organizaciones, agudizada en esta crisis, ansia más
trabajo que no necesariamente es productivo, tampoco contributivo de un
mejoramiento de los servicios o productos.
Se ansia más, sin adjetivo; se ansia
más, enfatizando lo maquinal y marginando lo creativo. En ese recorrido se
salva, en ocasiones, la subsistencia, pero desaparece el sentimiento de
pertenencia con efectos perturbadores.
Ser prescindible es algo que aunque
intuyamos que lo somos no siempre es grato recordarlo. Y hoy se vive bajo esa ambigüedad anímica que nos lleva a un
constante acecho sin tregua. Ello provoca una tensión cognitiva y emocional que
incide en el cuerpo y en la mente: neurotoxicidad por estrés
oxidativo (cfr. Von Hopffgartem, 2013, 50-6 y Sanfeliu, 2005:41-2).
Entre la burocracia y el
taylorismo concurren relaciones no solamente de fondo, también temporales: Max
Weber y Taylor, fueron coetáneos. Ambos apostaron por la voluntad de eliminar
la incertidumbre ligada al comportamiento humano.
Ambos construyeron
instituciones racionales de carácter impersonal y deshumanizado. Y ambos
encontraron en lo rutinario un instrumento eficaz para eliminar la
incertidumbre ligada al comportamiento del hombre (Muller, 2010:62).
Con esta racionalización se buscaba
acabar con el desperdicio y la ociosidad de los operarios y reducir costes de
producción (Chiavenato, 2006: 64).
Pero generó la imposibilidad de comprender
la totalidad del proceso productivo.
Organizaciones con operarios
superespecializados y gerentes con visión microscópica, preocupados más por
hacer cosas que cómo hacerlas y por qué hacerlas.
Ello tiene una importancia extrema porque no se trataría de productividad exclusivamente sino de excelencia productiva, es decir, cuando la eficacia y la eficiencia se cumplen plenamente, cuando los factores de producción son empleados y alcanzan un total aprovechamiento.
Y eso es difícil de alcanzar incluso para aquellas empresas privadas de gran prestigio , pocas, desde luego, que ofrecen a sus empleados gimnasios en el centro de trabajo, guarderías infantiles y otras medidas de motivación .
miércoles, 22 de octubre de 2014
Eficacia estimatoria o desestimatoria del silencio administrativo en los procedimientos de gestión de personal.( 2 min.)
Eficacia estimatoria o desestimatoria del silencio
administrativo en los procedimientos de gestión de personal.( 2 min.)
por
Juan B Lorenzo de Membiela
La
Administración, al amparo del art. 42 Ley 30/1992 de RJAPPAC, tiene obligación
de resolver todos los procedimientos y notificarlos, art. 42.1º, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Ese plazo
máximo de resolución administrativa en el que
debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora
del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango
de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria
europea, art. 42.2º.
Cuando la norma que regule el procedimiento no determine un plazo máximo, art. 42.3º, éste será de 3 meses a contar:
« a)
En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de
iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado,
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del
órgano competente para su tramitación» .
En cualquier caso, la Administración Pública deberá
informar a los interesados del plazo máximo normativamente previsto para la resolución
y notificación de los procedimientos así como los efectos del silencio
administrativo.
Esta información, según el art. 42.4º in fine , deberá
evacuarse tanto en los procedimientos iniciados de oficio como en aquellos a
instancia de parte.
Obligación,
que no siempre se cumple y que puede
provocar indefensión y por ello, la nulidad del procedimiento por incidencia
del art. 62.1.º.a) Ley 30/1992 de RJAPPAC, por violación del art. 24.1º CE .
En todo caso , ponderando esa infracción , véase
la STSJ de Madrid , Sala de lo Contencioso Administrativo ,Sección 6ª, 26 de septiembre de 2006[1],
FD tercero:
« […] En cuanto a la extemporaneidad del recurso por haberse
interpuesto pasados los dos meses a partir de los seis meses para considerar
que ha operado el silencio administrativo a tenor
del artículo 42.2 de la Ley 30/92 desde que se formuló la petición hay que
decir que el plazo fijado en el mismo no opera sino a efectos de que el
particular que no ve contestada expresamente la solicitud pueda entender
denegada la misma y tener expedita la vía jurisdiccional para revisar el acto
en cuestión .
Ello no quiere decir que no siendo contestada expresamente una
solicitud dicho plazo haya de entenderse de naturaleza preclusiva a efectos de
la interposición del recurso jurisdiccional sino que, por el contrario, la
ausencia de contestación expresa por parte de la Administración que tiene la
obligación de resolver (art. 42.1) no puede entenderse sino en el sentido de
que el solicitante puede optar por interponer el recurso cuando lo considere
oportuno a partir del momento en que , en virtud de la norma prevista , la
solicitud puede entenderse desestimada por silencio
administrativo .
En el caso que nos ocupa es aplicable esta norma en la forma
indicada máxime cuando ,además, la resolución expresamente dictada después no
indica recurso alguno ni las demás previsiones contenidas en el artículo 58.2
de la Ley 30/92 por lo que no habiendo sido correctamente notificada la
posibilidad de recurrir contra la misma tampoco perjudica al actor el
transcurso del plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso
administrativo[…] » .
El
art. 43 regula el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a
instancia del interesado. La petición del funcionario de proveer a otro puesto de trabajo o a otra
unidad es un procedimiento
administrativo de gestión de personal.
El
precepto citado determina el silencio positivo de modo genérico salvo
que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo
establezca lo contrario.
Con la importante salvedad , recogida en el art.
43.2º in fine
Ley 30/1992 de RJAPPAC, de
que interpuesto recurso de alzada
contra la desestimacion por silencio
administrativo de una solicitud o por el transcurso del plazo se entenderá estimado el mismo si llegado el plazo de resolución , el órgano administrativo
competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.
Concurre
, pues, la obligación de dictar
resolución expresa por la Administración Pública del art. 42.1º Ley 30/1992 de RJAPPAC, sujetándose
al régimen descrito en el art. 43.4º:
« a) En los casos de estimación por silencio
administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo
podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio
administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se
adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio»
.
En
cuanto a los efectos del silencio,
el art. 42.3º Ley 30/1992 de RJAPPAC, diferencia entre la estimación por
silencio administrativo, silencio positivo , que tendrá la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
La desestimación por silencio administrativo, silencio negativo, tiene los únicos
efectos de permitir a los interesados o
bien la interposición del recurso administrativo procedente o bien la
interposición del recurso contencioso administrativo, en este ultimo caso
veanse los arts.
25 y 26 LJCA.
El RD 1777/1994, de 5 de agosto , constituye ,
en términos generales, una excepción a la
regla general prevista en la Ley 30/1992 de RJAPPAC.
En atención a las previsiones
de la Ley 4/1999 y la nueva redacción del art. 43 Ley 30/1992 de
RJAPPAC, concretamente el carácter del silencio como positivo con carácter general.
Se ordenó en su Disp. Adicional Primera,
apdos. 1º y 2º:
« 1. El Gobierno, en el plazo de un año a
partir de la entrada en vigor de esta Ley, establecerá las modificaciones
normativas precisas en las disposiciones reglamentarias dictadas en la adecuación
y desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL
1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para la simplificación de los
procedimientos administrativos vigentes en el ámbito de la Administración
General del Estado y de sus organismos públicos, atendiendo especialmente a la
implantación de categorías generales de procedimientos, así como a la
eliminación de trámites innecesarios que dificulten las relaciones de los
ciudadanos con la Administración pública. En ningún caso, las especialidades de
los distintos procedimientos podrán suponer una disminución o limitación de las
garantías consagradas en esta Ley.
2. Sin
perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el Gobierno adaptará, en
el plazo de dos años, las normas reguladoras de los procedimientos al sentido
del silencio administrativo establecido en la presente Ley.
[…] ».
Previsión
realizada mediante la Disp. Adicional 29ª, Ley 14/2000:
«En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
2 de la disp. adic. 1.ª de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, los
procedimientos que se relacionan en el Anexo-2 a esta disposición se entenderán
incluidos en la excepción prevista en el apartado 2 del art. 43 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( silencio positivo)».
Encontramos los
siguientes procedimientos administrativos en materia de gestión de personal con
indicación de su norma reguladora:
-Reingreso al servicio activo sin reserva de
puesto de trabajo, regulado en el art. 29 bis de la Ley 30/19894, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
-Resolución de solicitudes sobre adscripción
de puestos de trabajo y otros procedimientos regulados en el RD 469/1987, de 3
de abril, cuya resolución implique efectos económicos» .
Por
lo demás, dado el carácter especial de
la norma de 1994, debe entenderse vigente.
El RD 1777/1994, de 5 agosto, sobre adecuación a la
Ley 30/1992, de 26-11-1992 , de los procedimientos administrativos en materia
de gestión , art. 2 prevé:
« Las solicitudes formuladas en los siguientes procedimientos
administrativos de gestión de personal se podrán entender desestimadas una vez
transcurridos, sin que se hubiera dictado resolución expresa, los plazos
máximos de resolución señalados a continuación:
[…]
h) Procedimientos de
ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, a excepción
de los señalados en los epígrafes anteriores: Plazos fijados por su normativa
específica y, en su defecto, el general de tres meses previsto en el artículo
42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre» .
Así
pues rige la especialidad del RD 1777/1994, de 5 agosto, sobre adecuación a la
Ley 30/1992, de 26-11-1992 , de los procedimientos administrativos en materia
de gestión para esas concretas materias, siendo de aplicación el art. 42.2º Ley
30/1992 de RJAPPAC en el resto de supuestos no regulados especialmente por el RD 1777/1994, de 5 agosto, sobre adecuación a la
Ley 30/1992, de 26-11-1992 , de los procedimientos administrativos en materia
de gestión .
La
eficacia del plazo especial de 3 meses
del RD 1777/1994, de 5 agosto, sobre adecuación a la
Ley 30/1992, de 26-11-1992 , de los procedimientos administrativos en materia
de gestión , art. 2.h) opera en cuanto a la eficacia desestimatoria del procedimiento
de gestión de personal instado por el empleado público.
Debiendo entenderse que el
plazo de 3 meses no es para dictar resolución , sino, para entender desestimada por silencio negativo el procedimiento
instado por el funcionario público .
martes, 14 de octubre de 2014
Potestad directiva en la gestión pública ( 1 min.)
Potestad
directiva en la gestión pública ( 1 min.)
por
Juan B Lorenzo de Membiela
Nos encontramos en momentos en los cuales
la gestión publica se haya mediatizada por la explosión del management
directivo, intentando superar anquilosados modos gestores yuxtaponiéndose a
un curioso fenómeno cual es la creciente devaluación del principio de autoridad
,teóricamente recocido a los responsables públicos. Este hecho es
palpable en cualquier Administración pero tambien en cualquier organización, tambien privada, en donde impere un fatum burocrático . En donde, en ocasiones, la razón
del derecho se somete a la razón de la oportunidad en pos del mantenimiento del buen orden gestor o del mantenimiento de
la apariencia de la normalidad gestora .
Se produce en esos supuestos una colisión
de intereses evidente, en donde el interés publico residenciado en el titular
del órgano administrativo se enfrenta a
situaciones particularizadas reacias a cambios que supongan una pérdida o
devaluación de su influencia o estatus dentro de la organización .
Todo cambio estructural implica una modificación del medio y ante ello los sujetos afectados pueden adoptar distintas actitudes, desde la omisiva, prácticamente constituyendo una dejación de sus funciones , sin mayor repercusión administrativa aunque parezca insólito, hasta la más activa, que podrá ser ofensiva y grosera , persiguiendo crear una alarma en el centro laboral .
La solución a estos conflictos individuales o plurales, según los casos y dependiendo del ámbito subjetivo de aplicación, no suele ser otra, en el mayor número de ocasiones, que declinar la decisión directiva adoptada y retrotraer actuaciones , con la consiguiente pérdida de credibilidad y autoridad en la dirección del organismo administrativo. Ésta es una solución pragmática no jurídica . Oportunista pero no efectiva. Retrograda que no avanzada.
Todo cambio estructural implica una modificación del medio y ante ello los sujetos afectados pueden adoptar distintas actitudes, desde la omisiva, prácticamente constituyendo una dejación de sus funciones , sin mayor repercusión administrativa aunque parezca insólito, hasta la más activa, que podrá ser ofensiva y grosera , persiguiendo crear una alarma en el centro laboral .
La solución a estos conflictos individuales o plurales, según los casos y dependiendo del ámbito subjetivo de aplicación, no suele ser otra, en el mayor número de ocasiones, que declinar la decisión directiva adoptada y retrotraer actuaciones , con la consiguiente pérdida de credibilidad y autoridad en la dirección del organismo administrativo. Ésta es una solución pragmática no jurídica . Oportunista pero no efectiva. Retrograda que no avanzada.
Ante esta situación existirán directivos
que afronten estos desafíos pero la gran mayoría replegarán las ansias
modernizadoras entregándose a la
burocracia organizacional , dejándose llevar por el dulce aroma de la
normalidad gestora e impidiendo con ello los
cambios incentivadores de la
eficiencia y eficacia del servicio publico, tanto desde un prisma administrativo[1]
como del elemento humano de la organización.
Ello frustrará la evolución de la
Administración en beneficio y provecho de los ciudadanos . Y es que no debemos
olvidar que la forma de provisión de los puestos de trabajo directivos es la libre
designación, que si bien posee
indudables ventajas[2],
tiene como inconveniente su frágil estabilidad .
Este artículo persigue fundamentar y
potenciar la potestad directiva como mecanismo esencial de cambio en las formas anticuadas de organización y como cauce de modificación de estructuras
implantando los nuevos retos directivos que exige una Administración moderna.
[1] En la acepción empleada por Cosculluela Montaner, Manual de Derecho Administrativo, t. I, Aranzadi, Pamplona, 2003,
p. 33, que engloba las actividades
gestora , ejecutiva
normativa y jurisdiccional.
[2] Lorenzo
de Membiela, La libre designación como medio de optimizar
la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, Actualidad
Administrativa, 2004, 5, pp. 531 y ss..
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