Escrito bajo la crisis: «Medidas extremas en un extremo de la solvencia» (micro-ensayo)
Las medidas urgentes acordadas por el gobierno en Consejo de Ministros
en 30 de diciembre de 2011 demuestran realismo político, voluntad decidida a
frenar una caída vertiginosa. Sin embargo, no es posible interpretar esta
decisión sin analizar el contexto internacional que compra
deuda soberana emitida por el Tesoro. Imprescindible para seguir
manteniendo servicios públicos y compromisos financieros.
En prensa internacional, el periódico alemán «Die Welt » en su edición de 30 de diciembre de 2011, calificaba de «drástica» la estrategia económica adoptada por el nuevo Gobierno aclarando que las mismas serán aprobadas por el Parlamento en donde cuenta el Partido Popular con mayoría.
La amplitud de las medidas son calificadas
por «Die Welt » en 20 de diciembre de 2011, como señal enviada a los socios de
la Unión Europea (UE) y especialmente a la canciller Merkel para evitar la
intervención del país por una troika comunitaria, como parece ser estaba
previsto.
De haberse producido hubiera impedido al Gobierno del PP la capacidad para administrar
la crisis, convirtiéndolo en testigo presencial sin capacidad de decisión y autonomía,
amén de otras «consideraciones políticas» con resultados presumiblemente
adversos para las próximas elecciones generales de 2015. Una España intervenida
no es «vendible» electoralmente.
O quizás se hubiera generado algo más grave: desaliento de la ciudadanía hacia instituciones públicas
incapaces de gestionar un poder que se les ha dado, aunque ofrecido in extremis la derrota final.
Para
« Financial Times », en su edición de 30 de diciembre de 2011,
el déficit presupuestario contabilizado, 8% del Producto Interior Bruto (PIB) implica, un 2 % más del inicialmente previsto,
6%, que declaró el Gobierno saliente a la UE. Ello equivale a 20.000 millones €
adicionales. Esta suma supone un nuevo obstáculo para cumplir el objetivo de
situar el déficit al 4,4% del PIB en 2012.
Para
«The Wall Street Journal », en su edición de 31 de diciembre de 2011,
los datos de déficit obligarán a convenir otras
medidas de contención para alcanzar en 2012 el objetivo acordado. La
diferencia entre el déficit real y la reducción acordada con la UE para 2012,
obligará a recaudar unos 36.000 millones
adicionales.
Sobre
este punto, el rotativo norteamericano coincide, básicamente, con las
previsiones del informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), expuestas en su « Cuadernos
de Información Económica», número 225. Titulado « Deberes para la próxima legislatura»,
identifica a las Comunidades Autónomas y Administraciones territoriales como responsables del desajuste presupuestario.
Estiman necesario aportar 40.000
millones € para cumplir las previsiones en 2012.
Junto
a ello, los vencimientos de deuda
soberana por préstamos concedidos a España, obligarán durante 2012 a desembolsar 158.000
millones € o renegociar el pago de intereses, medida esta última inadmisible so pena de perder la
solvencia que todavía mantenemos.
En
cuanto a los vencimientos previstos es lógico pensar que se encuentren contabilizados
en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 que han sido prorrogados
para 2012. O no, lo que implicará aprobar otros Presupuestos para 2012 en 2012.
La percepción pesimista de la crisis ha crecido hasta el 71% de la población, de entre ellos, un
45% expresa una opinión radicalmente pesimista y en proceso de empeoramiento.
Respecto a la economía familiar un 23% percibe que su situación ha empeorado
durante los últimos meses y que en 2012 será peor. Solo un 33% de los
consumidores pudieron ahorrar; un 48% gastó todos sus ingresos y un 19% se
endeudó.
Como soluciones, FUNCAS, propone:
1.
El saneamiento y el reequilibrio de
las finanzas públicas conservando su filosofía
redistributiva.
2.
Revisar el sistema tributario, potenciando al máximo su
poder recaudatorio sin que por ello se desincentive la actividad, el consumo,
el ahorro y la inversión.
En
paralelo, debe actuarse en el terreno del gasto, apurando hasta lo indecible
las ganancias de eficiencia,
para continuar ofertando todo un conjunto de servicios públicos esenciales.
Inquietante
es la persistente y continua crítica sobre
los empleados públicos como problema financiero de primer orden. El
Diario «El Economista», en sintonía con otros medios, recoge en su
edición digital de 1 de enero de 2012, la confrontación entre funcionario y
emprendedor.
El
problema es de calado, porque no sólo el personal genera gastos, desde luego
los más cuantiosos no lo son. Cabe decir que es el elemento más débil de la
esfera administrativa y que responde a lograr unos objetivos determinados por dos variables:
por los directivos que
los fijan y dirigen y por la carga
de trabajo que soportan.
La Administración
es una organización de corte burocrático que se vertebra sobre el principio de jerarquía. La mala gerencia no es responsabilidad de quienes están
obligados por imperativo disciplinario a acatar órdenes.
La gestión,
soporta gran carga de nuevas solicitudes, consecuencia del elevado número de
servicios que el Estado ha asumido.
Hoy, muchas
Administraciones , han visto doblado su trabajo habitual - estadísticamente
hablando- . Nadie hay quien diga algo sobre ello. Pero tampoco nadie agradece
el hecho de hacerlo.
Y en un marco socialmente adverso y con unas retribuciones
mermadas, el esfuerzo es notable y desconocido.
Si
no se buscan otras fórmulas para financiar los servicios que el Estado no puede
soportar habrá que modular la protección pública. El co-pago, no es inverosímil, la
gestión mixta público-privada, una alternativa pero con
matices.
El
personal para prestarlos, en defecto de funcionario, supondría remitirse a la «
externalización de los servicios públicos». Opción privada que
sustituirá funcionarios por trabajadores sometidos a término estipulado en
contrato público. Esta opción es defendida en la Teoría General de la
Administración por la denominada « Public Choice».
No quiere ello decir que sea una opción
absolutamente plausible, pues la
objetividad e imparcialidad del funcionario, que se presume, no es elemento integrante del puesto de
trabajo de quienes no lo sean. Ello no impide que deba recriminarse y,
actuar legalmente en su caso, ante una contratación
masiva de funcionarios no justificada, como exponente de una crasa
irresponsabilidad política. Todo ello en un marco riguroso de contención del
gasto público.
Se
ha dicho que se buscan soluciones pero
no responsabilidades. Meritoria frase. Pero por desgracia la gerencia estricta se
construye sobre la responsabilidad de la eficiencia: maximización del servicio
al menor coste.
Hoy
apremia una gerencia pública para asumir retos que sólo la genialidad y la
creatividad directiva pueden superar.
enero de 2012.
