Responsabilidad y relativismo (4 minutos)
©Juan B. Lorenzo de Membiela
Un directivo debería ser algo más que un puesto público provisionado mediante libre designación por voluntad y acción política. Única expresión para cursar lo que antaño se conocía como carrera administrativa, cursada por el transcurrir del tiempo en servicio activo.
La madurez e institucionalización en la cultura burocrática era premisa para ejercer la gerencia en lo público garantizando una continuidad y una fidelidad a la autoridad promotora del nombramiento. Esta situación produce dos consecuencias: el mantenimiento de la estructura de poder y su gestión hacia los objetivos fijados de conformidad a la LOFAGE aunque modalizados a voluntad del poderdante del nombramiento.
Supone que la Administración se convierte en sujeto pasivo de diferentes actores, políticos, que escenifican la intensidad de su poder mediante la designación de cargos afines.
No es extraña esta situación en la cultura occidental, en la UE. Se manifiesta, como apunta Peters, en las siguientes notas:
a) Capacidad para designar y despedir funcionarios.
b) Capacidad para reubicar a empleados públicos en distintas unidades, órganos y agencias.
c) Creación de equipos personales temporales, equipos de alto rendimiento de apoyo inmediato al directivo.
d) Capacidad ejecutiva para reorganizar el Gobierno.
En la organización pública anglosajona, por ejemplo, el Presidente de EEUU tiene la potestad de nombrar a 3000 personas para su rama ejecutiva. Puede despedir a la mayoría de ellas sin necesidad de consuno con el Senado y designar a su equipo personal pero su capacidad operativa, más allá de esto, se halla constreñida[1].
No tantas ventajas posee el Primer ministro británico como tampoco sus ministros frente al secretario permanente. Thatcher modificó esa inmutabilidad ejecutiva, ampliando, aunque escasamente, las posibilidades de designación directa[2].
En la organización pública continental, Francia, Bélgica y Alemania, disponen de potestad para designar y cesar funcionarios en puestos de responsabilidad[3].
Es indudable las ventajas para la acción de gobierno designar cargos en los que se tengan confianza para ejercitar gerencia en toda su amplitud y responsabilidad . Esta situación favorece lo que recoge López Medel con remisión a Messner[4]:
« […] Los Parlamentos dejan escapar hoy una importante parte de su derecho de legislar por medio de su cesión a la burocracia en forma de autorización para la promulgación de reglamentos . . ., y autorizan con frecuencia a los departamentos competentes de la administración para que ordenen la ejecución por la vía de la potestad reglamentaria ministerial. Mientras que la representación del pueblo, el Parlamento debe ser el legislador permite, sin embargo, el ejercicio de una considerable parte de la legislación, como "legislación delegada", por órganos que no pueden ser controlados por el legislador, por el Parlamento […] » .
De este último sistema deriva la percepción del poder administrativo como la capacidad de represión, tal y como era definida por Foucault[5].
La represión o coacción es una opción efectiva consecuencia del ejercicio de la autoridad legitimada por el principio de jerarquía del art. 103.1º CE.
De esa visión clásica se pasa a otra distinta consecuencia del asentamiento del Estado liberal, el énfasis en la operatividad de los derechos humanos y las continuas interacciones entre diversos países ocasionadas por la globalización económica.
Pero también se deriva otra consecuencia, la exigencia de responsabilidad por el ejercicio de la libertad de elección.
Comenta Herbert Simon que tanto el capricho político como la política sobre una cuestión, provienen de la misma causa fundamental: la incapacidad de la gente para reflexionar sobre muchas cosas al mismo tiempo[6]. Y dada esta constante, es preciso recordar que el núcleo esencial de la Administración y sus cargos es la persona, concretamente su dignidad.
Por imperativo de los valores constitucionales e iusnaturalistas que sustentan y legitiman el poder político y la anuencia legislativa , bien sea a través del humanismo cristiano, bien a través del socialismo moderno según Sciacca[7].
Decadencia social y regreso del hombre a su primigenia tribualidad. Se pierde perspectiva de comunidad fortaleciendo la localidad. Provocando una génesis que, desde lo jurídico, destruye la libertad, la dignidad, el honor, el núcleo esencial de la persona.
Cuando el soporte espiritual del hombre desaparece, el individuo pierde su conciencia, embarcándose a la deriva sin rumbo. Las referencias morales entran en crisis volviéndose valores vacíos, referentes inocuos de actuación. Palabras sin contenido.
El fariseísmo útil en tanto en cuanto sirva al promotor para conservar su estatus de poder es lo único válido: la egolatría es la única confesión admisible y permitida, la esquizofrenia de la doble moral alejada de la realidad y más cercana a espurios intereses.
Los grandes hombres temían a la historia, a su juicio inclemente, más allá del uso y abuso temporal de efímeros cargos políticos, pero hoy, el relativismo más extremo priva al hombre de una dimensión espacial, concretándola en otra brevísima, de carácter temporal, insignificante, efímera.
Elevando el hedonismo como fruto deseable de un presente, que es lo único válido y trascendente. Ello genera la condensación del hombre a un momento concreto.
Una vez que pierde su perspectiva universal, lo inminente es la angustia de su vida porque contempla su insignificancia. Y esa idea permite prescindir de la dignidad y la ética, de lo infinito como patrimonio íntimo.
Llegados a este punto, cualquier actitud es permitida porque el individuo pierde toda referencia y límite moral, cosificándose.
[1] Mackenzie, G. Calvin, The In-and-Outers: Presidential Appointees and Transient Government in Washington, 1963; Robert Moranto, Politics and Bureaucracy in the Modern Presidency: Careerists and Appointees in the Reagan Administration (Greenwood Press, Westport, CT, 1993).
[2] Peters, B.Guy, La política de la burocracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 482.
[3] Hans-Ulrich Derlien y Renate Mayntz, Party Patronage and politicization of the West German Administrative Elite 1970-1987, Governance, 1989, 2 y .eo Moulin, "Politicjzation of Belgian Administration", en Mattei Dogan i :comp.), The Mandarins ofWestern Europe (Halstad, Nueva York, 1973).
[4] Mesner, J., La cuestión social, Madrid, 1966, p. 616 y López Medel, J., Seguridad jurídica y socialización, Anuario de Filosofía del Derecho, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. X, 1963 p.18.
[5] Foucault, M., Pouvoir et savoir, en Michel Foucault. Dits et écrits II. 1976-1988, París, Gallimard, 2001, p. 401 .
[6] Simon, Herbert, A., Naturaleza y Límites de la Razón Humana, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, pp. 97-137.
[7] Sciacca, E., Interpretación de la democracia, Edersa, Madrid, 1994, p. 94.
