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viernes, 25 de septiembre de 2026

Democracia, gobernanza y desarrollo sostenible en la Nueva Gerencia Pública

Sucesos contemporáneos · Serie microensayos

Democracia, gobernanza y desarrollo sostenible en la Nueva Gerencia Pública

La gobernanza, el Libro Blanco europeo de 2001 y la Nueva Gerencia Pública, revisados en 2026: qué queda del ideario gerencial, qué ha corregido la doctrina y qué exige hoy el derecho a una buena administración.

Por Juan B. Lorenzo de Membiela
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Ambrogio Lorenzetti, Alegoría del Buen Gobierno (1338-1339). Siena, Palazzo Pubblico, Sala de la Paz.
Ambrogio Lorenzetti, Alegoría del Buen Gobierno (1338-1339), fresco. Siena, Palazzo Pubblico, Sala de la Paz. Fuente.

Sinopsis

Idea principalConclusión
La legitimidad del gobierno está en discusiónLa gobernanza nace como respuesta a la pérdida de confianza en el poder público.
Gobernanza como forma de gobierno en redEl Estado pasa a ser un actor entre muchos que negocia con empresas y sociedad civil.
Riesgo de ingobernabilidadCuando las demandas superan la capacidad de respuesta, la democracia se resiente.
Crisis de los partidos y de los controlesLa disciplina de partido vacía de contenido el control parlamentario.
Desafección ciudadana hacia EuropaEl Libro Blanco de 2001 reconoce que la Unión debe evitar promesas que no puede cumplir.
Cinco principios de buena gobernanzaApertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia siguen siendo la pauta.
Subsidiariedad y proporcionalidadHoy se rigen por el art. 5 del Tratado de la Unión Europea (Lisboa, 2009).
La NGP traslada a lo público la gestión privadaSu eficacia choca con la jerarquía y la coordinación que impone el Derecho administrativo.
El ciudadano como cliente y la calidadSon los dos legados de la NGP que han asumido casi todos los países desarrollados.
Riesgo del «Estado vacío»La externalización sin control debilita la capacidad del propio Estado.
NGP y gobernanza no son lo mismoLa NGP mira hacia dentro de la organización; la gobernanza, hacia fuera.
La doctrina ha superado la NGPGobernanza pública, valor público y Estado neoweberiano corrigen sus excesos.
Buena administración como deber exigibleEl Tribunal Supremo la ha convertido en un estándar que los tribunales controlan.
Grupos de interésLa Unión tiene registro obligatorio desde 2021; España sigue sin ley estatal en 2026.

Cronología, 1969-2026

1969Directiva 70/50/CEE de la Comisión
Primera recepción normativa de la proporcionalidad
1987Metcalfe y Richards, Improving Public Management
Base teórica de la modernización gerencial
1992Tratado de Maastricht
Subsidiariedad y proporcionalidad en el art. 3 B
1993Declaración interinstitucional de 25 de octubre
Democracia, transparencia y subsidiariedad
1997Tratado de Ámsterdam
Protocolo sobre subsidiariedad y proporcionalidad
2000Estrategia de Lisboa y Carta de Derechos Fundamentales
Art. 41: derecho a una buena administración
2001Libro Blanco La gobernanza europea
COM (2001) 428, de 25 de julio
2005Proyecto del Milenio de Naciones Unidas
Invirtiendo en el desarrollo
2009Entra en vigor el Tratado de Lisboa
Art. 5 TUE; la Carta adquiere fuerza vinculante
2013Ley 19/2013, de 9 de diciembre
Transparencia, acceso a la información y buen gobierno
2015Leyes 39/2015 y 40/2015; Agenda 2030
Sustituyen a la Ley 30/1992; ODS 16
2019STS de 18 de diciembre (rec. 4442/2018)
La buena administración no es una fórmula vacía
2021Registro de transparencia obligatorio de la UE
Acuerdo interinstitucional de 20 de mayo
2024Reglamento (UE) 2024/1689
Inteligencia artificial, también en la Administración
2026Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto
Grupos de interés; derogado el 16 de septiembre

I. Gobernanza y crisis del concepto de Estado

La legitimación del gobierno como institución investida de auctoritas es objeto de arduas polémicas doctrinales. Entre muchas, la expuesta por Mayntz, de calado político, que constata una ruptura entre la teoría de la democracia y la teoría de la gobernanza política1. Otra, la de Aguilar Villanueva, desde una perspectiva gerencial, para quien la gobernanza es un cauce para instaurar racionalidad y eficacia en el poder público para la conducción de la sociedad2: un instrumento para superar las incapacidades gestoras que han causado daños a la sociedad, sin mayor responsabilidad, y que han truncado —esto es lo importante— oportunidades futuras y progresos en la organización en provecho de todos. Aunque no resulta razonable, apunta Prats, identificar la acción administrativa de autoridad —que es acción gubernativa— con la «gerencia» o el «management público», aplicándole los criterios convencionales de eficacia y de eficiencia3.

Desde una óptica gestora, la gobernanza conecta con el significado que le atribuye el Dictamen del Comité Económico y Social sobre «La sociedad civil organizada y la gobernanza europea. Contribución del Comité a la elaboración del Libro Blanco», aprobado el 25 de abril de 2001 y publicado el 10 de julio de 20014, que en su § 2.1.1 la define como:

«el conjunto de normas, procesos y comportamientos que afectan a la calidad del ejercicio de los poderes a nivel europeo, en particular, la responsabilidad, la legibilidad, la transparencia, la coherencia, la eficiencia y la eficacia».

Pero también se contrapone al gobierno, que representa la forma clásica de dirigir un Estado, basada en una jerarquía institucional y en una política de normas y reglamentos. La gobernanza es una forma de gobierno en la que grupos o personas de diferentes instituciones, organizaciones, órganos, empresas y niveles trabajan en redes y en asociaciones públicas y privadas. Sobre la base del diálogo, de la discusión y de procedimientos de negociación, elaboran acuerdos y contratos y crean un mecanismo para la futura toma de decisiones. Autores neerlandeses como Klijn, Kickert y Kooiman sostienen que el vacío de legitimidad, la complejidad de los procesos políticos y las numerosas instituciones que intervienen en la toma de decisiones reducen al gobierno a un actor entre muchos5.

Se habla del nacimiento de una «conciencia democrática» y de una «exigencia ética», como apunta la Comunicación de la Comisión de 5 de junio de 2002, Gobernanza europea: legislar mejor, que busca consolidar la aplicación de los principios de responsabilidad y proporcionalidad junto a la transparencia, la claridad y la aceptación de la crítica. Son principios extensibles a las organizaciones empresariales, con la finalidad de aumentar la eficiencia y proteger los derechos de los accionistas y de terceros, según la Decisión 2004/706/CE de la Comisión, de 15 de octubre de 2004, que crea un Foro europeo de la gobernanza empresarial6.

II. Gobernanza e ingobernabilidad

Se quiere evitar la ingobernabilidad, definida como un desajuste entre el flujo de las demandas políticas y el de las respuestas institucionales que abocaría a un régimen autocrático. Se trataría de una crisis fiscal del Estado, desbordado por las exigencias de prestaciones.

La ingobernabilidad se caracteriza por una creciente desigualdad social; por una desestructuración de valores, intereses y poder; por la dificultad de llegar a consensos; por la interdependencia de los procesos de decisión político-estatales con intereses socioeconómicos particulares; por exigencias cambiantes y conflictivas que se plantean al Gobierno; por protestas políticas e iniciativas cívicas contrarias a las políticas gubernamentales; por el descontento y el escepticismo hacia los partidos políticos; por mayorías parlamentarias inestables; por el aumento de la burocracia y por la crisis financiera que absorbe al Estado. Todo ello junto a la reducción de la seguridad jurídica de las instituciones públicas, elementos todos ellos soportados por la sociedad y que propician una atmósfera de inseguridad impredecible en sus consecuencias.

Ambrogio Lorenzetti, Efectos del mal gobierno en la ciudad (1338-1340). Siena, Palazzo Pubblico.
Ambrogio Lorenzetti, Alegoría del mal gobierno y sus efectos en la ciudad (1338-1340), fresco. Siena, Palazzo Pubblico, Sala de la Paz. Fuente.

Vallés se ha referido a los problemas reales de la democracia como consecuencia de la insatisfacción por su rendimiento, y ha señalado como remedios esenciales: la democratización de los partidos (con eventuales elecciones primarias y un riguroso control de la financiación), más democracia directa, más descentralización política territorial, más transparencia administrativa, más controles parlamentarios y más eficacia judicial7. Controles que hoy no son testimoniales, sino inexistentes por la disciplina de partido, lo que lleva a sustituir el término democracia parlamentaria por el de democracia de partidos.

A ello se une el oscurantismo del poder, destacado por diversos autores y característico de los sistemas burocráticos, sin mayor relevancia científica que la propia burocracia en sí misma considerada, sin innovación alguna.

III. Participación de la sociedad en la acción del Estado

En esta acepción, la gobernanza se centraría en crear un cauce de participación de la sociedad civil en los procesos de gobierno: cooperación entre el poder legítimo y la sociedad civil de la que emana esa legitimidad, para alcanzar una mayor aceptación de la acción pública de la Unión. El Comité Económico y Social centró el objeto de la gobernanza en superar el escepticismo del ciudadano europeo causado por percepciones erróneas, mala comunicación, participación inadecuada, falta de conocimiento y escasa visibilidad de la acción europea. Hecho que explica la teoría del media malaise dentro de las teorías de la desmotivación política y, en concreto, la paradoja que formuló Ronald Inglehart: los ciudadanos de las democracias industriales avanzadas, estables y prósperas no muestran más satisfacción con sus sistemas políticos que los de países autoritarios y pobres; al contrario, por asombroso que parezca, confían menos en sus líderes e instituciones que sus iguales de los países en vías de desarrollo8.

Sesión regia de apertura de Cortes presidida por Alfonso XII en el Palacio del Senado. La Ilustración Española y Americana, 1879.
Juan Comba (dibujo) y Eugenio Vela (grabado), «Madrid. Sesión regia de apertura de Cortes, celebrada en el Palacio del Senado» [presidida por Alfonso XII], La Ilustración Española y Americana, año XXIII, núm. 21, 1879, p. 377. Fuente.

Junto a estas causas concurren la tensión política entre la Comisión y el Parlamento, la exacerbación burocrática y la endogamia política, que impide una regeneración acorde con una frustración creciente hacia lo público.

Ello prueba que el proyecto europeo se encuentra en crisis; pero que la gobernanza sea una respuesta a esa situación es un gesto significativo de que perduran los principios de la Unión para conservarla unida. La introspección crítica es, en ocasiones, la única vía plausible para preservar cualquier organización. Ejemplo de ello es el § 2.2.2 del Libro Blanco La gobernanza europea, de 25 de julio de 20019:

«El escepticismo ciudadano también es achacable a las carencias de los objetivos y medidas políticos de la UE. La Unión debería evitar suscitar expectativas demasiado grandes que luego no pueda cumplir, ya que ello genera desconfianza y daña su credibilidad. No habrá identidad europea a menos que los valores comunes compartidos por los ciudadanos se traduzcan en políticas comunitarias reales y en beneficios generales tangibles. El euro lo ilustra perfectamente; es interesante observar el entusiasmo de los ciudadanos al adoptar la nueva moneda y participar activamente en el éxito de su introducción […]».

En ejecución de este Libro Blanco se dictaron diversas iniciativas; a título de ejemplo, la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2002, «Un marco para los contratos y convenios tripartitos por objetivos entre la Comunidad, los Estados y las autoridades regionales y locales», COM (2002) 709 final, y la Comunicación de la Comisión «Hacia una cultura reforzada de consulta y diálogo», de la misma fecha, COM (2002) 704 final, entre otras. Lo que importa constatar es que, como estrategia, sigue desplegando su eficacia.

La introspección crítica es, en ocasiones, la única vía plausible para preservar cualquier organización.

IV. Principios

El Libro Blanco sobre la gobernanza europea fue una iniciativa de la Comisión, que asumió un compromiso unilateral con los ciudadanos para mejorar el ejercicio del poder que le atribuyen los Tratados. Concreta en cinco los principios sobre los que se fundamenta esta estrategia institucional:

«1. Apertura. Las Instituciones deberían trabajar de una forma más abierta. Junto con los Estados miembros, deberían desarrollar una comunicación más activa sobre la labor de la UE y sobre las decisiones que ésta adopta. Deberían asimismo utilizar un lenguaje que resultara accesible para el público en general. Este aspecto reviste una especial importancia si se quiere fomentar la confianza en unas instituciones de por sí complejas.

2. Participación. La calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas de la Unión implican una amplia participación de los ciudadanos en todas y cada una de las distintas fases del proceso, desde la concepción hasta la aplicación de las políticas. Una participación reforzada debería generar una mayor confianza en los resultados finales y en las Instituciones de las que emanan las políticas. La participación depende esencialmente de la adopción de un enfoque integrador de este tipo por parte de las Administraciones centrales en la concepción y aplicación de las políticas de la UE.

3. Responsabilidad. Es preciso clarificar el papel de cada uno en los procesos legislativo y ejecutivo. Cada una de las Instituciones de la UE debe explicar su acción en Europa y asumir la responsabilidad que le incumba. Pero también se precisa una mayor claridad y una mayor responsabilización de los Estados miembros y de todos los agentes que participan en el desarrollo y aplicación de las políticas de la UE en los distintos niveles.

4. Eficacia. Las medidas deben ser eficaces y oportunas, y producir los resultados buscados sobre la base de unos objetivos claros, de una evaluación de su futuro impacto y, en su caso, de la experiencia acumulada. La eficacia requiere también que la aplicación de las políticas de la UE sea proporcionada y que las decisiones se tomen al nivel más apropiado.

5. Coherencia. Las políticas desarrolladas y las acciones emprendidas deben ser coherentes y fácilmente comprensibles. La necesidad de coherencia de la Unión es cada vez mayor: tareas más complejas favorecidas por la ampliación de la Unión; desafíos tales como el del cambio climático o la evolución demográfica rebasan las fronteras de las políticas sectoriales que cimentó la construcción de la Unión; las autoridades regionales y locales están cada vez más implicadas en las políticas comunitarias. La coherencia requiere un liderazgo político y un firme compromiso por parte de las Instituciones con vistas a garantizar un enfoque coherente dentro de un sistema complejo».

Sintéticamente, cabe exponer los siguientes fines:

Un mayor grado de participación y apertura, que implica un proceso más transparente y fácil de seguir y entender; mejores políticas, normas y resultados, y la interacción con los organismos regionales y locales y con la sociedad civil. La Comisión se propuso lograrlo facilitando información actualizada y en línea sobre la elaboración de las políticas en todas sus etapas; estableciendo, a través de asociaciones nacionales y europeas, un diálogo más sistemático con los organismos regionales y locales en una fase temprana; introduciendo más flexibilidad en la aplicación de la legislación comunitaria para atender a las peculiaridades regionales y locales; publicando unas normas mínimas de consulta, y suscribiendo acuerdos de asociación que fueran más allá de esas normas a cambio de mayores garantías de transparencia y representatividad de las organizaciones consultadas.

Mejores políticas, mejores normas y mejores resultados. La Unión adopta el criterio de la calidad en la gestión. En la función legislativa se debe hallar la fórmula para acelerar el proceso, ponderando la aplicación estricta de la norma con la flexibilidad en su aplicación, para reforzar la credibilidad de la Unión y de sus instituciones. La Comisión debía fomentar el uso de los distintos instrumentos de acción pública (reglamentos, directivas marco, mecanismos de corregulación), simplificar el Derecho comunitario y animar a los Estados a simplificar sus normas de aplicación, publicar directrices sobre el uso de los dictámenes de expertos y crear agencias reguladoras con ámbitos de competencia definidos.

Centrar las instituciones, para que las instituciones comunitarias sean coherentes con los propósitos de la Unión y entre sí. Se pretende que el Consejo adopte criterios generales que superen los sectoriales; y la Comisión debía intensificar sus esfuerzos para garantizar la coherencia de las políticas, identificar objetivos a largo plazo y asumir su responsabilidad ejecutiva.

Junto a los cinco principios, el Libro Blanco apela a los principios de proporcionalidad y subsidiariedad y, como consecuencia de este, al más moderno principio de responsabilidad compartida, de carácter instrumental y más efectivo que el anterior. En el momento en que se publicó el Libro Blanco, el art. 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (antiguo art. 3 B del Tratado de Maastricht), en la versión consolidada tras las modificaciones del Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997, disponía:

«La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna.
En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.
Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado».

Precepto que concordaba con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, adoptado en Ámsterdam en 1997, y con la Declaración 43 aneja al Acta final de aquel Tratado. Hoy la materia se rige por el art. 5 del Tratado de la Unión Europea, en la redacción del Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009): la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución, y su ejercicio, por los de subsidiariedad y proporcionalidad, que desarrolla el Protocolo n.º 2, con el control que encomienda a los Parlamentos nacionales10.

Mediante el principio de subsidiariedad, las decisiones en las materias de competencia compartida deben tomarse al nivel más descentralizado posible, de modo que solo se emprenden acciones en el ámbito de la Unión si así se actúa con más eficacia. Como apunta Montalvo Santamaría, el problema no es tanto el nivel en que se adopten las decisiones como el grado de legitimidad que gobiernos y ciudadanos otorgan a ese nivel de decisión. Se complementa con el principio de responsabilidad compartida, surgido a raíz del fracaso de las políticas medioambientales de la Unión, que supone una intervención mixta de actores e instrumentos de decisión sin cuestionar el reparto de competencias entre la Unión, los Estados miembros, las autoridades regionales y locales y los agentes económicos y sociales.

La subsidiariedad no se aplica, pues, en ámbitos de competencia exclusiva, como la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común o la política comercial común; en ellos solo cabe invocar el principio de proporcionalidad. Este es uno de los principios emergentes del Derecho de la Unión: recibido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se incorporó al Derecho positivo en la Directiva 70/50/CEE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1969, y después en el párrafo tercero del art. 3 B introducido en Maastricht. El principio de proporcionalidad tiene dos aspectos:

A) Adecuación. La actuación debe ser idónea para conseguir el objetivo que se persigue.

B) Necesidad o indispensabilidad. No debe existir una alternativa igualmente eficaz con efectos menos restrictivos sobre los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión.

El principio de proporcionalidad regula, por tanto, cómo ha de ejercerse la competencia o potestad que se ha reconocido. Bar Cendón estima que los cinco principios de la gobernanza vienen a reforzar los de subsidiariedad y proporcionalidad11; aunque, dado el carácter constitucional de estos, los principios de la gobernanza pueden considerarse emanación de aquellos.

Una contribución importante es el informe Invirtiendo en el desarrollo: un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas12. Entre las aportaciones que puede hacer el sector privado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) recoge la contribución a la gobernanza y a una ciudadanía corporativa responsable, además del aumento de la productividad y la creación de empleo, la prestación de servicios mediante asociaciones público-privadas, la contribución a la elaboración de políticas, la promoción de los ODM y la filantropía corporativa. Los ODM fueron sustituidos en 2015 por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Igualmente, la Estrategia de Lisboa, aprobada por el Consejo Europeo de 23 y 24 de marzo de 2000, incorporó el método abierto de coordinación, una técnica de gobernanza basada en objetivos comunes, indicadores y evaluación entre iguales13.

Ambrogio Lorenzetti, Alegoría del Buen Gobierno, detalle de la Paz (1338-1339). Siena, Palazzo Pubblico.
Ambrogio Lorenzetti, Alegoría del Buen Gobierno, detalle de la Paz (1338-1339), fresco. Siena, Palazzo Pubblico. Fuente.

V. La Nueva Gerencia Pública (NGP) y su operatividad en el desarrollo sostenible

La aplicación de la gobernanza a la gestión pública se ha denominado Nueva Gerencia Pública, también llamada nueva gestión pública (New Public Management). La caracteriza la vocación de asimilar la gerencia privada a la pública, con todo lo que ello supone para unas competencias administrativas que modulan la jerarquía. Implica que el Gobierno renuncia a controlar su actividad al dejar gestionar a los directivos, apuntan Peters y Pierre14. Pero esta afirmación, si bien necesaria, en la práctica solo se cumple en la teoría. Concurren los principios de coordinación y jerarquía, que proclamaba el art. 3.1 de la Ley 30/1992 y hoy recoge el art. 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público15:

«Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho».

Estos principios impiden improvisaciones en la gestión y unifican una acción común cuando concurren varias provincias, como ocurre con la Administración periférica respecto de la central, aunque las particularidades de cada una exijan una gestión diferenciada. Valga este retazo realista como muestra de lo complejo que resulta permitir a los gestores dirigir con eficiencia. Con todo, la misma ley incorpora buena parte del ideario gerencial entre los principios que deben respetar las Administraciones, en su art. 3.1, letras f) y g):

«f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas».

Cabe encontrar otra justificación teórica que fundamentaría esa gestión particularizada en el concepto de empresa de la teoría de sistemas: la organización como sistema abierto, no abstracto, integrado por subsistemas compuestos por personas que persiguen objetivos específicos, que crean y mantienen relaciones formales e informales, dentro y fuera de su estructura, y que buscan sinergias para lograr con eficiencia sus objetivos. Además, los sucesos internos y externos (inputs y outputs) condicionan y modulan el factor humano de cualquier organización. Ello implica asumir el problema de los jefes tóxicos, en el sentido definido por el profesor Piñuel y Zabala16.

En atención a estas premisas, que particularizan cada unidad de gestión, se comprende mejor la necesidad de reconocer independencia al gerente. Es un deseo que muchos comprenderán, pero que pocos compartirán por razones que he expuesto en algunos de mis estudios, que no hacen sino describir lo obvio.

La gestión conecta con la gobernanza, con la buena gobernanza, como apunta Bar Cendón, como medio de crear Administraciones eficaces, democráticas, respetuosas con los derechos humanos, con un desarrollo sostenible y una actividad eficiente. Así lo recogen los diversos informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Mundial. Por ello, el concepto de gobernanza no se limita a una estrategia para aglutinar a los actores de la sociedad civil y alcanzar consensos, sino que articula dos conceptos complementarios. Por un lado, un conjunto de ideas que pondera la dignidad de la persona dentro de la organización —el factor humano, como lo expondría Reinhard Mohn—, con las consecuencias de toda índole que ello genera y obliga a adoptar. Por otro, modula la burocracia y la hace más eficiente, más transparente y garante del Estado de derecho, y promueve la estabilidad institucional y la responsabilidad en la gestión.

Este último aspecto no es sino aplicación directa de los cinco principios de la gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. Se complementa con la lucha contra la corrupción y con la publicación de códigos éticos, de carácter meramente instrumental para combatirla. Inoperantes en la práctica —aunque siempre dependiendo de los sujetos, de los hechos y de la causa—, merecen el honor de haberse publicado en los diarios oficiales como exponente de la cultura de la relatividad.

Ambrogio Lorenzetti, Efectos del buen gobierno en la ciudad (1338-1339). Siena, Palazzo Pubblico.
Ambrogio Lorenzetti, Efectos del buen gobierno en la ciudad (1338-1339), fresco. Siena, Palazzo Pubblico, Sala de la Paz. Fuente.

Gobernanza y NGP concurren en un mismo plano axiológico: el cambio y la transformación del Gobierno en su dimensión gestora. Pero divergen en sus resultados: la NGP se centra en la evaluación y en el rendimiento, mientras que la gobernanza se concreta en la interacción con la sociedad civil. Mientras la NGP es un programa intraorganizativo, la gobernanza opera en una dimensión interorganizativa.

La NGP bebe también de la teoría de la elección pública (Public Choice), definida como una teoría positiva sobre las instituciones y los procesos políticos. Su objeto es la elección en las decisiones sociales; y como el Estado es el principal agente que toma estas decisiones, la elección pública se considera su núcleo fundamental. Analiza cuatro materias: la teoría del Estado, las reglas de votación, la burocracia y las conductas que implican una decisión entre varias concurrentes.

Pero ello deja fuera la fuente del espíritu innovador, que no es otra que la aplicación y creación de marcos de gestión propios de las empresas privadas. Eso explica que teóricos y prácticos de la NGP introduzcan técnicas de gestión distintas de las públicas. Al fin y al cabo, las organizaciones son entes vivos que se manifiestan de un modo propio, con independencia de su naturaleza o de su sector, porque la interacción humana responde a estímulos semejantes.

La NGP se alza sobre la idea defendida por Metcalfe y Richards, que aúnan la modernización administrativa y la sustitución de prácticas anticuadas de la Administración pública (aunque moldeadas por la costumbre administrativa de cada época, añado) por métodos actualizados de gestión de empresas privadas17. No implica la adopción de un ideario ni de una fundamentación y metodología científicas, pero ello se debe a la propia expansión de la estrategia innovadora de la NGP.

Dos premisas definen la modernización de la Administración pública por la NGP: la aproximación de las formas de gestión de la empresa privada al sector público y el cuestionamiento de la burocracia como modelo eficiente de organización. Y ello obedece a dos causas: el control del gasto público para evitar el déficit y una renovada esperanza en las formas de gestión de las empresas privadas. En definitiva, esa renovatio ideológica se ha traducido en dos cuestiones asumidas por la práctica totalidad de los países desarrollados: la consideración del administrado como cliente, que supera una preocupación secular por la eficiencia en el sentido estrictamente económico de reducción del gasto, y la introducción de la calidad en la gestión.

Pero la NGP va más allá; Olías de Lima pone de relieve su amplitud, tan extensa como su aplicación18. Hughes detecta en ella las siguientes perspectivas19:

1. Pondera los resultados obtenidos. Es un modelo orientado a resultados.

2. Atribuye responsabilidad a los gestores, lo que produce una desconcentración del poder.

3. Busca flexibilidad en los recursos humanos, en las organizaciones y en las condiciones contractuales.

4. Fija objetivos con precisión y claridad, para medir el rendimiento mediante indicadores.

5. Compromete con el Gobierno al personal directivo, lo que es lógico en tanto se supone una comunión en los objetivos fijados, evitando flaquezas políticas o intereses particulares disfrazados de ideología.

6. Somete las funciones públicas a las condiciones del mercado (contracting out).

7. Reduce el número de funciones públicas mediante la privatización o el recurso a empresas privadas (outsourcing), lo que da lugar a lo que Milward y Provan llaman el «Estado vacío»20.

Aucoin considera la NGP un aspecto emergente de la gobernanza21. Incluso se afirma que la gobernanza surgió como consecuencia de la filosofía de la NGP. Es razonable, pero aunque no lo fuera estaría justificado, dado que el Estado ya no conserva el monopolio de la experiencia ni de los recursos económicos o institucionales para gobernar. Esa crisis no solo fundamenta la implantación de la gobernanza, sino que, en el plano operativo, pone el acento en el elemento humano con estas notas: la reducción de la autoridad en favor de técnicas de consenso; la negociación; la participación de los funcionarios en la gestión, y la implantación, el reconocimiento y la promoción de los papeles de emprendedor, facilitador, mediador y árbitro de conflictos.

La interacción con la sociedad civil ha generado, además, un fenómeno clásico e institucionalizado en los Estados Unidos y poco regulado en Europa, aunque funcionaba de hecho de distintos modos: los grupos de interés (lobbies). La Declaración interinstitucional sobre la democracia, la transparencia y la subsidiariedad, de 25 de octubre de 1993, abrió en la Unión la senda de la transparencia, y desde el Acuerdo interinstitucional de 20 de mayo de 2021 el registro de transparencia es obligatorio para el Parlamento, el Consejo y la Comisión. En España, el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, creó un registro estatal público y obligatorio, pero el Congreso lo derogó al no convalidarlo el 16 de septiembre de 202622. Sin querer profundizar en este fenómeno, solo quiero resaltarlo como cauce de interacción con la acción de gobierno.

La gobernanza en general, como acción del Estado, y la NGP en particular, como acción gestora, contribuyen a un desarrollo sostenible de las Administraciones, porque es fundamental crear o mejorar una estructura jurídica de instituciones transparentes, democráticas y responsables; respaldar medidas para promover y defender los derechos humanos, apoyar a una sociedad organizada y combatir la corrupción23. Para ello se debe diseñar un plan concreto de acción que asegure no solo la participación de los grupos sociales en la gestión de las competencias atribuidas por la ley, sino también la confianza en la gestión, erradicando cualquier sospecha de gestión vacía o indolente que quiebre la reputación de la organización. Una reputación que hoy por hoy, todavía, mantiene cierto valor, que condiciona e impone conductas dentro de unos límites marcados por el sentido común, que no es otra cosa que nuestros valores culturales.

VI. Después de la NGP: la doctrina en 2026

Dos décadas después, la doctrina ha matizado el entusiasmo inicial. Dunleavy y sus colaboradores sostuvieron en 2006 que la NGP había agotado su impulso y que la nueva ola de reformas vendría de la gobernanza de la era digital: reintegrar servicios que la fragmentación gerencial había dispersado y organizar la Administración en torno a las necesidades del ciudadano24. Osborne propuso la «nueva gobernanza pública», que parte de un Estado plural, en el que los servicios se prestan en red y se producen junto con los propios ciudadanos25. Pollitt y Bouckaert describieron, junto a la NGP y la gobernanza en red, un tercer modelo, el «Estado neoweberiano», que recupera el papel central del Estado y del Derecho administrativo, modernizado con orientación al ciudadano y evaluación de resultados26. Y Moore situó el fin de la gestión pública en la creación de valor público, no en la mera eficiencia27.

En el ámbito hispanohablante, Aguilar Villanueva ha sistematizado recientemente la nueva gobernanza pública como un proceso de dirección de la sociedad en el que el gobierno sigue siendo un actor necesario, aunque ya no suficiente28; y Ramió ha advertido que la inteligencia artificial y la robotización exigen un nuevo modelo de gestión del empleo público29, cuestión que hoy ordena el Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024, de inteligencia artificial.

La bibliografía más reciente, de 2020 en adelante, confirma ese giro. Peters ha mostrado que las tradiciones administrativas —entre ellas la napoleónica, a la que pertenece la española— hunden sus raíces en siglos de historia y que unas han resistido mejor que otras las reformas de la NGP30. Ansell y Torfing proponen la cocreación como nuevo paradigma de gobernanza: la Administración se convierte en plataforma y punto de encuentro en el que ciudadanos, empresas y asociaciones diseñan con ella las soluciones públicas, un modelo que completa, y en parte sustituye, tanto a la Administración clásica como a la NGP31. Mazzucato, por su parte, reivindica un Estado capaz de fijar «misiones» a largo plazo, como lo fue el programa Apolo, y critica la externalización y la pérdida de capacidades públicas que trajo consigo la doctrina gerencial32.

Las Salesas Reales o Palacio de Justicia, Madrid, hacia 1880-1890. Rijksmuseum.
«Las Salesas Reales ó Palacio de Justicia», Madrid, hacia 1880-1890, fotografía. El antiguo convento es hoy la sede del Tribunal Supremo. Ámsterdam, Rijksmuseum. Fuente.

El cambio más notable, sin embargo, es jurisprudencial. El derecho a una buena administración —proclamado en el art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea e implícito en los arts. 9.3 y 103 de la Constitución— ha dejado de ser una declaración programática. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha afirmado que no es una mera fórmula vacía de contenido, sino que impone a las Administraciones deberes exigibles (STS de 18 de diciembre de 2019, rec. 4442/2018); ha vinculado a él el deber de diligencia y la proscripción de la inactividad injustificada (STS 1312/2021, de 4 de noviembre, rec. 8325/2019), y ha advertido que la falta de consecuencias jurídicas adversas para la Administración incumplidora no puede convertirse en hábito (STS 1206/2025, de 29 de septiembre, rec. 4123/2023)33. Lo que la NGP formuló como técnica de gestión —responder a tiempo, motivar, rendir cuentas— es hoy, en buena medida, un deber jurídico controlable por los tribunales. La doctrina española ha acompañado este proceso: Ponce Solé ha estudiado la exigencia judicial de la buena administración y su alcance ante la Administración digital y la inteligencia artificial34, y Gómez Díaz ha analizado la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que la configura como principio general y como derecho de los ciudadanos35.

Finalmente, el desarrollo sostenible tiene ya un marco común: la Agenda 2030, cuyo Objetivo 16 pide crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles36. Es, en esencia, la buena gobernanza del Libro Blanco de 2001 elevada a compromiso universal.

Actualización normativa (noviembre de 2026)

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: derogada; la sustituyen la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, ambas de 1 de octubre (en vigor desde el 2 de octubre de 2016).

Art. 5 del Tratado de la Comunidad Europea: hoy, art. 5 del Tratado de la Unión Europea y Protocolo n.º 2 (Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009).

Objetivos de Desarrollo del Milenio: sustituidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2015).

Códigos éticos: código de conducta de los empleados públicos, arts. 52 a 54 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (2015); buen gobierno, Ley 19/2013; protección de quienes informen sobre corrupción, Ley 2/2023, de 20 de febrero.

Grupos de interés: registro obligatorio en la Unión desde 2021; en España, sin ley estatal en vigor tras la derogación del Real Decreto-ley 21/2026.

Dato final: de los cinco principios del Libro Blanco, todos tienen hoy reflejo en normas vinculantes españolas o europeas.

DOI (Zenodo): https://doi.org/10.5281/zenodo.24252967

Infografía del microensayo «Democracia, gobernanza y desarrollo sostenible en la Nueva Gerencia Pública»
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Notas

  1. Mayntz, R. (2001): «El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna», Reforma y Democracia. Revista del CLAD, n.º 21, Caracas, octubre. ↩
  2. Aguilar Villanueva, L. F. (2007): Gobernanza y gestión pública, México: Fondo de Cultura Económica. ↩
  3. Prats i Català, J. (2005): De la burocracia al management, del management a la gobernanza. Las transformaciones de las Administraciones públicas de nuestro tiempo, Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. ↩
  4. Dictamen del Comité Económico y Social sobre «La sociedad civil organizada y la gobernanza europea. Contribución del Comité a la elaboración del Libro Blanco», aprobado en el pleno de 25 de abril de 2001, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 193, de 10 de julio de 2001, p. 117. ↩
  5. Kickert, W. J. M., Klijn, E.-H. y Koppenjan, J. F. M. (eds.) (1997): Managing Complex Networks. Strategies for the Public Sector, Londres: Sage; Kooiman, J. (ed.) (1993): Modern Governance. New Government-Society Interactions, Londres: Sage. ↩
  6. Comunicación de la Comisión «Gobernanza europea: legislar mejor», COM (2002) 275 final, de 5 de junio de 2002; Decisión 2004/706/CE de la Comisión, de 15 de octubre de 2004, por la que se crea un Foro europeo de la gobernanza empresarial. ↩
  7. Vallés, J. M. (2000): Ciencia política. Una introducción, Barcelona: Ariel. ↩
  8. Inglehart, R. (1999): «Postmodernization Erodes Respect for Authority, but Increases Support for Democracy», en P. Norris (ed.), Critical Citizens. Global Support for Democratic Government, Oxford: Oxford University Press. ↩
  9. Comisión Europea: La gobernanza europea. Un libro blanco, COM (2001) 428 final, Bruselas, 25 de julio de 2001; Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 287, de 12 de octubre de 2001. ↩
  10. Tratado de la Unión Europea, art. 5, y Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en la versión del Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009. ↩
  11. Bar Cendón, A. (2001): «El Libro Blanco "La gobernanza europea" y la reforma de la Unión», Gestión y Análisis de Políticas Públicas, n.º 22, pp. 3-18. ↩
  12. Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas (2005): Invirtiendo en el desarrollo: un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ↩
  13. Consejo Europeo de Lisboa, 23 y 24 de marzo de 2000: Conclusiones de la Presidencia (método abierto de coordinación). ↩
  14. Peters, B. G. y Pierre, J. (1998): «Governance without Government? Rethinking Public Administration», Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 8, n.º 2, pp. 223-243. ↩
  15. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 3.1 (BOE n.º 236, de 2 de octubre de 2015). Texto consolidado en el BOE. ↩
  16. Piñuel y Zabala, I. (2008): Mi jefe es un psicópata. Por qué la gente normal se vuelve perversa al alcanzar el poder, Barcelona: Alienta. ↩
  17. Metcalfe, L. y Richards, S. (1987): Improving Public Management, Londres: Sage; trad. esp.: La modernización de la gestión pública, Madrid: INAP, 1989. ↩
  18. Olías de Lima Gete, B. (coord.) (2001): La nueva gestión pública, Madrid: Prentice Hall. ↩
  19. Hughes, O. E. (2003): Public Management and Administration. An Introduction, 3.ª ed., Basingstoke: Palgrave Macmillan. ↩
  20. Milward, H. B. y Provan, K. G. (2000): «Governing the Hollow State», Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 10, n.º 2, pp. 359-379. ↩
  21. Aucoin, P. (1990): «Administrative Reform in Public Management: Paradigms, Principles, Paradoxes and Pendulums», Governance, vol. 3, n.º 2, pp. 115-137. ↩
  22. Acuerdo interinstitucional de 20 de mayo de 2021 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre un registro de transparencia obligatorio (Diario Oficial de la Unión Europea, L 207, de 11 de junio de 2021); Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto (BOE de 26 de agosto de 2026), derogado por acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de septiembre de 2026 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso, serie D, n.º 590, de 24 de septiembre de 2026). ↩
  23. Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, arts. 52 a 54; Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. ↩
  24. Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S. y Tinkler, J. (2006): «New Public Management Is Dead. Long Live Digital-Era Governance», Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 16, n.º 3, pp. 467-494. ↩
  25. Osborne, S. P. (ed.) (2010): The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, Londres-Nueva York: Routledge. ↩
  26. Pollitt, C. y Bouckaert, G. (2011): Public Management Reform. A Comparative Analysis: New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, 3.ª ed., Oxford: Oxford University Press. ↩
  27. Moore, M. H. (1995): Creating Public Value. Strategic Management in Government, Cambridge (Mass.): Harvard University Press. ↩
  28. Aguilar Villanueva, L. F. (2024): «La nueva gobernanza pública: un panorama conceptual», Perfiles Latinoamericanos, vol. 32, n.º 63. ↩
  29. Ramió, C. (2019): Inteligencia artificial y Administración pública. Robots y humanos compartiendo el servicio público, Madrid: Los Libros de la Catarata. ↩
  30. Peters, B. G. (2021): Administrative Traditions. Understanding the Roots of Contemporary Administrative Behavior, Oxford: Oxford University Press. ↩
  31. Ansell, C. y Torfing, J. (2021): Public Governance as Co-creation. A Strategy for Revitalizing the Public Sector and Rejuvenating Democracy, Cambridge: Cambridge University Press. ↩
  32. Mazzucato, M. (2021): Mission Economy. A Moonshot Guide to Changing Capitalism, Londres: Allen Lane. ↩
  33. Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2019 (rec. 4442/2018), 1312/2021, de 4 de noviembre (rec. 8325/2019), y 1206/2025, de 29 de septiembre (rec. 4123/2023). Véase Gómez Díaz, A. B. (2024): «¿Para qué sirve la buena administración? Análisis de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo», Revista de Administración Pública. ↩
  34. Ponce Solé, J. (2023): «El derecho a una buena administración, su exigencia judicial y el privilegio de ejecutoriedad de los actos administrativos. A propósito de la Sentencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo 1421/2020, de 28 de mayo de 2020, recurso de casación 5751/2017», Revista de Administración Pública, n.º 221, pp. 163-182; y Ponce Solé, J. (2024): El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea de 2024, el derecho a una buena administración digital y su control judicial en España, Madrid: Marcial Pons. ↩
  35. Gómez Díaz, A. B. (2024): «¿Para qué sirve la buena administración? Análisis de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo», Revista de Administración Pública, n.º 223, pp. 181-214. ↩
  36. Asamblea General de las Naciones Unidas: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Resolución A/RES/70/1, de 25 de septiembre de 2015, Objetivo 16. ↩

Para seguir leyendo

  • Prats i Català, J. (2005): De la burocracia al management, del management a la gobernanza, Madrid: INAP.
  • Aguilar Villanueva, L. F. (2007): Gobernanza y gestión pública, México: Fondo de Cultura Económica.
  • Olías de Lima Gete, B. (coord.) (2001): La nueva gestión pública, Madrid: Prentice Hall.
  • Pollitt, C. y Bouckaert, G. (2011): Public Management Reform. A Comparative Analysis, 3.ª ed., Oxford: Oxford University Press.
  • Ramió, C. (2019): Inteligencia artificial y Administración pública, Madrid: Los Libros de la Catarata.
  • Dialnet (Universidad de La Rioja): dialnet.unirioja.es; catálogo colectivo de REBIUN: rebiun.baratz.es.

Imágenes: Wikimedia Commons (dominio público).

Cómo citar esta entrada

Lorenzo de Membiela, Juan B.: «Democracia, gobernanza y desarrollo sostenible en la Nueva Gerencia Pública», Sucesos Contemporáneos. Disponible en: https://membielaguitian.blogspot.com/2026/09/democracia-gobernanza-y-desarrollo.html

Sobre el autor

Juan B. Lorenzo de Membiela

Juan B. Lorenzo de Membiela

Emblema de la Universitat de ValènciaDoctor en Derecho · Universidad de Valencia

Escudo de EspañaLetrado de la Administración de la Seguridad Social

Especialista en Derecho administrativo, empleo público, Derecho del trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Investiga la historia naval de la Monarquía hispánica —de la Gran Armada a Trafalgar—. Es autor de Estudios sobre Trafalgar: tempestad, marinos e imperio (Sevilla, 2019) y de una veintena de libros y 169 artículos científicos de Derecho público y del trabajo. Colabora en El Confidencial Digital y El Español. Desde este blog publica microensayos que contrastan los hechos con fuentes académicas y autorizadas.

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