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martes, 20 de enero de 2015

ANTEPROYECTO DE LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.




Texto sometido a información pública. Fecha: 16 de enero de 2015 Página 1



ANTEPROYECTO DE LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 

DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las 
 Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de  instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de recursos  administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como preventivo, a  través del procedimiento administrativo que es la expresión clara de que la  Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, como  Reza el artículo 103 de la Constitución.

El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas en junio de 2013 parte del convencimiento de que una economía  competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles. 

Se necesita un sector público capaz de impulsar el crecimiento económico y de 
 superar situaciones de ineficiencia en la gestión, solapamientos, duplicidades y 
gastos prescindibles. Es necesario un sector público que mantenga el adecuado 
equilibrio entre prestar un servicio eficiente a los ciudadanos y a las empresas y que  cuente con las adecuadas garantías jurídicas en su funcionamiento. 

En esta misma línea el Programa nacional de reformas de España para 2014 recoge  expresamente esta nueva ley como una de las medidas a impulsar para racionalizar  la actuación administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y  aumentar su productividad. 

La falta de una regulación clara, completa y común del conjunto de relaciones de las  Administraciones Públicas, como parte del poder ejecutivo, ni en su ámbito interno,  entre Administraciones, ni en el externo, con los ciudadanos y el resto de poderes  del Estado, ha dado lugar a actuaciones duplicadas e ineficientes de las  Administraciones, con procedimientos administrativos demasiado complejos que han  generado problemas de inseguridad jurídica. Para superar estas deficiencias es  necesaria una reforma integral y estructural que permita ordenar y clarificar cómo se  organizan y relacionan las Administraciones tanto externamente, con los ciudadanos  y empresas, como internamente con el resto de Administraciones e instituciones del  Estado.




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