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viernes, 31 de agosto de 2018

Régimen disciplinario de los funcionarios de carrera: análisis de la obra

Sucesos contemporáneos · Serie microensayos

Régimen disciplinario de los funcionarios de carrera: índice analítico

Ficha e índice analítico completo de la segunda edición (Aranzadi, 2008): más de 800 voces sobre faltas, sanciones, procedimiento y garantías del funcionario.

Por Juan B. Lorenzo de Membiela

Sinopsis

Idea principalConclusión
La obraRégimen disciplinario de los funcionarios de carrera, 2.ª ed., Cizur Menor: Aranzadi, 2008; 866 páginas, con CD.
ContenidoFaltas muy graves, graves y leves, sanciones, procedimiento, prescripción y garantías del funcionario.
El índice analíticoUn repertorio alfabético de voces con remisión a las páginas de la obra.
UtilidadPermite localizar con rapidez la doctrina y la jurisprudencia sobre cada conducta disciplinaria.

Cronología normativa, 1964-2008

1964Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
Régimen disciplinario
1984Ley 30/1984 (LMRFP)
Faltas muy graves (art. 31)
1986Real Decreto 33/1986
Reglamento de Régimen Disciplinario
2007Estatuto Básico del Empleado Público
Ley 7/2007, arts. 93 a 98
2008Segunda edición de la obra
Aranzadi

I. Ficha de la obra

  • Autor: Juan B. Lorenzo de Membiela
  • Editorial: Aranzadi (Cizur Menor)
  • Colección: Especial
  • Encuadernación: cartoné, con CD
  • N.º de páginas: 866
  • ISBN: 978-84-8355-736-5
  • Dimensiones: 235 × 165 mm
  • Fecha de publicación: 2 de septiembre de 2008

II. Índice analítico

A

  • A nadie le puede ser exigido lo que no es debido, p. 308.
  • Abandono de servicio por traslado de residencia al extranjero, pp. 316-21.
  • Abandono de servicio y afección psíquica de la funcionaria, p. 315.
  • Abandono de servicio y RPT, p. 308. Abandono de servicio súbito, p. 318.
  • Abandono de servicio y motivación, p. 307.
  • Abandono de servicio y dolo específico, pp. 308-9.
  • Abandono de servicio y fichaje, p. 322.
  • Abandono de servicio y juego de cartas, p. 322.
  • Abandono de servicio y paradero desconocido del funcionario público, p. 315.
  • Abandono de servicio y permisos sin sueldo, pp. 323-4.
  • Abandono del puesto de trabajo para dedicarse a otra actividad incompatible, p. 334.
  • Aberratio ictus, p. 185. Absentismo presencial, p. 392.
  • Abstención y recusación, p. 254.
  • Abuso de poder, p. 367.
  • Abuso de superioridad, p. 71.
  • Acatamiento y obediencia, pp. 364-5.
  • Acceso pleno al expediente disciplinario, pp. 501-2.
  • Acción que evita el perjuicio, p. 127.
  • Acción que no lesiona bien jurídico excluye antijuridicidad, p. 126.
  • Acciones dañosas y acciones previsiblemente dañosas, p. 39.
  • Acciones interdictales, p. 137. Acometimiento mutuo voluntario y simul-
  • táneamente aceptado, excluyen la agresión ilegítima, pp. 131, 133.
  • Acoso moral, p. 305.
  • Acotación conceptual de la infracción, p. 299.
  • Acotación del ilícito, p. 357.
  • Actitud contraria del funcionario a las potestades reconocidas con daño a terceros, p. 368.
  • Actitud de desprecio o descrédito llevada a cabo con ánimo ofensivo, p. 379.
  • Acto de incoación del expediente disciplinario, p. 473.
  • Acto de incoación del expediente disciplinario que participa de la naturaleza de acto de trámite y la medida de suspensión provisional de funciones, pp. 477-8.
  • Acto de incoación no afecta a la libertad sindical, p. 479.
  • Acto de trámite debe ser necesariamente congruente con el pliego de cargos, p. 502.
  • Actos de trámite, pp. 474-7.
  • Actos nulos de pleno derecho y protección de derechos fundamentales, p. 93.
  • Actuación inspectora, p. 71.
  • Acuerdo de incoación del expediente disciplinario, p. 238.
  • Acumulación de dos sanciones, p. 445. Administración Local, pp. 472-3.
  • Admisión de la analogía in bonam partem, pp. 263, 268.
  • Admisión indiscriminada de la prueba, pp. 216-9.
  • Adopción de la doctrina alemana sobre la
  • sujeción especial, p. 61.
  • Afirmaciones genéricas no constituyen prueba bastante, p. 500.
  • Afrontar desafíos de cambio en unidades esclerotizadas, p. 364.
  • Agravante de perturbación del servicio, p. 397.
  • Alcance de la reserva, p. 100.
  • Alegación tardía de infracciones y lesión a la prohibición de las dilaciones indebidas, pp. 251-2.
  • Alta médica de incapacidad temporal y abandono de servicio, p. 313.
  • Alteración de la calificación jurídica de los cargos, p. 239.
  • Alteración de la programación de la docencia fijada por el Departamento, p. 327.
  • Alteraciones de la percepción: requisitos, p. 179.
  • Alteraciones de la percepción y juramento o promesa de acatar la CE, p. 179.
  • Alteridad, p. 200.
  • Ámbito autonómico, p. 472. Ámbito de actuación, p. 278.
  • Ámbito de aplicación de la suspensión de funciones, pp. 433-4.
  • Amenaza de expediente disciplinario y coacción al funcionario expedientado, pp. 256-7.
  • Amenaza de expediente disciplinario y lesión del art. 24.2º, p. 256.
  • Amnistía, p. 421.
  • Analogía y su aplicación al Derecho Disciplinario, p. 262.
  • Anotación de apercibimiento, p. 533.
  • Anquilosados modos gestores, p. 363.
  • Antijuridicidad formal y material, p. 125-6.
  • Anulación de la sanción, p. 424.
  • Apariencia de legalidad, p. 519.
  • Aplazamiento de la sanción para personal docente, p. 515.
  • Aplazamiento de la sanción, p. 425.
  • Aplicación analógica y cobertura legal a la tipificación legal del ilícito, p. 264.
  • Aplicación de los principios de Derecho Penal a las actuaciones dirigidas a ejercer esa potestad, p. 195.
  • Aplicación de los Principios del Derecho Penal a la potestad sancionadora, p. 195.
  • Aplicación al procedimiento sancionador entre dos Administraciones, p. 278.
  • Aplicación de los Principios de Derecho Penal al Derecho Administrativo, p. 38.
  • Aplicación de los Principios penales al Derecho administrativo sancionador, p. 173.
  • Aplicación del principio de confianza legítima en la función pública, 155.
  • Aplicación modulada de los principios del Derecho Penal, p. 195.
  • Aplicación supletoria de la LEC, p. 521.
  • Aportar coactivamente elementos de prueba incriminatorios, p. 258.
  • Aportar y proponer pruebas pertinentes, p. 212.
  • Arbitrariedad, 225.
  • Arquitectura institucional del Estado, p. 71.
  • Art. 11 LOPJ, p. 223. Art. 24.2º CE, p. 192.
  • Asistencia letrada, pp. 231-2.
  • Aspectos de la grave desconsideración, p. 375.
  • Ataque actual, inminente, real, injusto o inmotivado, pp. 130, 133.
  • Atentado a la dignidad de los funcionarios, p. 298.
  • Ausencia de capacidad para comprender existiendo anomalía psíquica p. 174.
  • Autonomía de la potestad disciplinaria, p. 89.
  • Autor de la orden antijurídica, p. 144. Autoridad competente para decidir su in-
  • coación, p. 467.
  • Autoridades consecuentes con sus propios actos, p. 156.
  • Autotutela de segundo plano, p. 64.
  • Autotutela reduplicativa, p. 111.

B

  • Beneficios y cargas de la Administración, p. 78.
  • Bien protegido en la buena marcha y orden de la Administración en todas sus esferas, p. 376.
  • Bienes adquiridos conforme a procedimiento administrativo, p. 384.
  • Bienes de naturaleza supraindividual: exclusión de la eximente, p. 136.
  • Bis in idem con idéntico interés protegido, pp. 286-7.
  • Buena fe, pp. 141, 157, 158.
  • Buena fe como elemento modificativo de la culpabilidad, p. 343.
  • Buena fe y procedimiento administrativo, p. 224

C

  • Calidad que colme las necesidades de los usuarios, p. 401.
  • Cámara agraria y Caja Rural Provincial, p. 347.
  • Cambio normativa en materia disciplinaria, p. 493.
  • Cambios estructurales en el soporte subjetivo de la Administración, p. 363.
  • Cancelación de las anotaciones, pp. 533, 534.
  • Capacidad de propuesta del expediente disciplinario, p. 467.
  • Carácter potestativo de la información reservada, pp. 470-1.
  • Carácter reservado de la información, p. 471.
  • Características esenciales de la información reservada, p. 470.
  • Caracterización jurisprudencial, p. 434.
  • Carga de la prueba, p. 307.
  • Castigo al autor y al encubridor, pp. 402-3.
  • Casuística, p. 513.
  • Casuística jurisprudencial sobre la contestación del pliego de cargos, p. 494.
  • Categorías normativas en la potestad sancionadora, p. 65.
  • Causa de la suspensión provisional, p. 437.
  • Causas de abstención, pp. 384, 385.
  • Causas de exclusión de la antijuridicidad y aplicación al Derecho disciplinario, p. 128.
  • Causas de justificación no encuadrables en otras, p. 140.
  • Causas de justificación: prueba, p. 127.
  • Causas determinantes de la suspensión de la ejecución del acto, pp. 522-7.
  • Causas excluyentes de imputabilidad, p. 172.
  • Certeza jurídica y verdad material, p. 201. CIE-10, p. 175.
  • Circunstancias exigibles a los daños, p. 528.
  • Circunstancias modificativas de la responsabilidad, p. 415.
  • Consideración de definitivo, p. 415.
  • Claridad e inteligibilidad en las sanciones y sus ilícitos, p. 270.
  • Clima laboral estable que propicie la concentración y el estudio, p. 71.
  • Colaboración temporal en otra Administración, p. 349.
  • Comisión de tres faltas graves en un año, p. 357.
  • Compatibilizar ilicitud penal e ilicitud administrativa, p. 283.
  • Competencia de las Subdelegaciones del Gobierno, p. 468.
  • Competencia del instructor de acordar o denegar las pruebas, p. 496.
  • Competencia de la Subsecretaría en donde se encuentre el funcionario destinado, p. 469.
  • Competencia para acordar la separación del servicio, p. 414.
  • Competencia para iniciar el procedimiento disciplinario, p. 458.
  • Competencia para instruir expediente disciplinario a funcionario transferido a CC AA, p. 468.
  • Complicidad negativa, p. 374.
  • Comportamiento debido por la Administración Pública, p. 162.
  • Cómputo de los plazos para dictar propuesta de resolución, p. 503.
  • Cómputo del mes, p. 391.
  • Cómputo temporal de las faltas, p. 296.
  • Cómputo temporal, pp. 357, 453.
  • Concepción normativa de la culpa, p. 167.
  • Concepción unitaria o amplia del Ordena-miento jurídico, p. 273.
  • Concepto de abandono de servicio, p. 314.
  • Concepto de consideración, p. 400.
  • Concepto de culpabilidad, p. 165.
  • Concepto de ejercicio legítimo de un derecho, p. 147.
  • Concepto de error invencible, p. 185.
  • Concepto de estado de necesidad, p. 138.
  • Concepto de la antijuridicidad, p. 125.
  • Concepto de la legítima defensa, p. 129.
  • Concepto de la obediencia debida, pp. 144, 375.
  • Concepto de la separación del servicio, p. 415.
  • Concepto de máximas de experiencia, p. 207.
  • Concepto de prueba y elementos, pp. 202- 3.
  • Concepto de traslado con cambio de residencia p. 453.
  • Concepto del principio de proporcionalidad, p. 290.
  • Concepto ejercicio de oficio o cargo, pp. 150, 151.
  • Concepto de error vencible, p. 185. Concepto sociológico, p. 379.
  • Concepto y efectos del apercibimiento, p. 455.
  • Conceptos jurídicos indeterminados, p. 531.
  • Conceptos jurídicos indeterminados, necesitados de institutos jurídicos integrativos, p. 267.
  • Concreción de los ilícitos disciplinarios y las sanciones, p. 238.
  • Concreción de los ilícitos e infracciones disciplinarias, pp. 267-8.
  • Condiciones de la eximente, pp. 175-6.
  • Conducta dentro de la organización, p.
  • 374.
  • Confianza legítima y causa de exclusión de la antijuridicidad, p. 153.
  • Confianza legítima y causa de exclusión de la inculpabilidad, pp. 153, 154.
  • Confianza, fidelidad y lealtad, pp. 141-2.
  • Confianza, seguridad y transparencia, p. 195.
  • Conflictos originados por la prohibición del bis in idem, pp. 277-8.
  • Consecuencias del art. 24 CE, p. 48. Consecuencias del error invencible, pp.
  • 187-8.
  • Consecuencias jurídicas de la prohibición del bis in idem, p. 282.
  • Consideración del medio empleado para ello con afectación al principio de jerarquía, p. 380.
  • Constancia de la información reservada en la resolución de incoación, p. 471.
  • Contenido del pliego de cargos, p. 489.
  • Contradicción entre una norma y un objeto, hecho o acontecimiento cualquiera, p. 125.
  • Contratación prescindiendo del procedimiento, p. 371.
  • Control judicial pp. 46-7.
  • Convencimiento del órgano administrativo rechazando la verdad material, p. 203.
  • Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Roma 4 de noviembre de 1950, pp. 193-4.
  • Convenios Internacionales, p. 250.
  • Conversión sanción penal a sanción disciplinaria y v/v, p. 89.
  • Convocatoria de concursos, p. 444.
  • Corporación Local y suspensión de funciones de funcionario de la AGE, p. 451.
  • Creación de otro Derecho disciplinario: uso amoral del mismo, p. 113.
  • Criterio amplio en la admisión de la prueba, p. 213.
  • Crítica mediante prensa, pp. 398-9.
  • Críticas del procedimiento disciplinario, 37.
  • Culpabilidad de la voluntad, p. 166. Culpabilidad y Derecho disciplinario, p.
  • 167.

D

  • Dañar el honor y la imagen, p. 382. Daños de imposible o difícil reparación,
  • p. 527.
  • De las normas sancionadoras desfavorables, p. 92.
  • De minimis non curat praetor y derechos fundamentales, p. 122.
  • Deber de obediencia a las autoridades, p. 364.
  • Deber de obediencia y legítima defensa, p. 145.
  • Deber de trato igual, p. 306.
  • Deberes constitucionales de obligada observancia por el funcionario, p. 299.
  • Deberes profesionales, p. 140.
  • Decreto-Ley y reserva de ley en el Derecho disciplinario, p. 102.
  • Decretos leyes y Derecho disciplinario, p. 96.
  • Deducción proporcional de haberes, p. 480.
  • Defectos en la redacción de los hechos, p. 507.
  • Defensa frente a actos administrativos dictados en ejercicio de potestades sancionadoras, p. 192.
  • Deficiencias psíquicas y alteraciones de la percepción, pp. 179-80.
  • Deficiente magistratu, populus est magistratu, p. 135.
  • Definición de los tipos, p. 119.
  • Definición del principio non bis in idem, p. 275.
  • Definición, p. 397.
  • Dejación total del puesto de trabajo encomendado al funcionario, p. 309.
  • Delimitación de la falta grave de la leve del art. 8.c) RRDFP de 1986, pp. 408-9.
  • Delito de desobediencia, p. 377. Delito de hurto, p. 302.
  • Delito doloso relacionado con el servicio, p. 372.
  • Delitos naturales y legales, p. 38.
  • Delitos y sanciones: confrontación, p. 112.
  • Denegación del tribunal a practicar prueba, p. 211.
  • Denuncia y acción a los denunciantes, p. 462.
  • Denunciante carece de competencia para iniciar el procedimiento disciplinario, pp. 461-2.
  • Departamentalización, p. 80.
  • Dependencia de otro Departamento, p. 480.
  • Dependencia jerárquica, p. 471.
  • Derecho a la prueba y litisconsorcio, p. 216.
  • Derecho a la prueba, pp. 212, 215, 216.
  • Derecho a la tutela judicial efectiva, p. 213.
  • Derecho a no declarar contra sí mismo y proceso judicial y administrativo, p. 256.
  • Derecho a ser informado de la acusación, p. 495.
  • Derecho a ser informado y derecho a la información, p. 237.
  • Derecho a ser informado y la no modificación esencial de los hechos imputados, p. 241.
  • Derecho al proceso, p. 212. Derecho de corrección, p. 148.
  • Derecho de defensa comprensivo del derecho de igualdad y de contradicción, p. 200.
  • Derecho de defensa no reconocido en Tratados de la UE, pp. 196-7.
  • Derecho de defensa y procedimiento administrativo, p. 233.
  • Derecho de los funcionarios a exigir un comportamiento, p. 158.
  • Derecho del expedientado a utilizar no todas las pruebas sino aquellas pruebas pertinentes y necesarias para su defensa, p. 210.
  • Derecho disciplinario y responsabilidad administrativa, p. 30.
  • Derecho disciplinario, e infracción de buena fe, p. 142.
  • Derecho penal administrativo y Derecho penal disciplinario, p. 37.
  • Derecho Penal y Gobernanza, p. 120.
  • Derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable se derivan del derecho a la presunción de inocencia, p. 258.
  • Derechos cívicos, p. 301.
  • Derechos derivados del derecho de defensa, p. 197.
  • Derechos económicos del suspendido provisionalmente, p. 440.
  • Derechos fundamentales en la potestad disciplinaria de la UE, p. 66.
  • Derechos fundamentales y derechos de los funcionarios, p. 64.
  • Derechos fundamentales y derechos subjetivos, p. 196.
  • Derechos fundamentales y relaciones de especial sujeción, p. 191.
  • Derechos fundamentales no sometidos a otros que no lo son, p. 104.
  • Derogación de la separación discrecional o del sistema spoil system, p 43.
  • Desapoderamiento de bienes privados de funcionarios, p. 137.
  • Desarrollo del poder punitivo de la Administración, p. 40.
  • Desconocimiento por el sujeto sobre el objeto de una agresión, p. 136.
  • Descripción abierta de los tipos, p. 271.
  • Descripción del tipo, p. 333.
  • Desempeño dos puestos de trabajo incompatibles en el sector público, p. 342.
  • Desentendimiento unilateral de todos los deberes de actividad profesional, p. 311.
  • Desobediencia al superior como falta grave, p. 378.
  • Destierro administrativo, p. 454.
  • Desviación de poder e ilícitos presuntos con actuación inspectora, p. 138.
  • Desviación de poder en la información reservada, p. 471.
  • Desviación de poder, p. 150.
  • Devaluación del liderazgo en la Administración Pública, p. 66.
  • Devaluación del mínimo normativo en la regulación del Derecho disciplinario, pp. 107, 108.
  • Devengo económico del funcionario en huelga, pp. 354-6.
  • Día de inicio de la sanción, p. 414.
  • Diferencia entre falta grave y leve del art. 7.1.o) RRDFP de 1986, p. 401.
  • Dificultad de constatar el ilícito, p. 396.
  • Dificultad probatoria, p. 340.
  • Dificultades en la concreción del tipo, p. 386.
  • Dignidad del ciudadano y Estado Social, p. 26.
  • Dignidad y honor de los funcionarios, p. 41.
  • Dignidad, 142.
  • Dilaciones indebidas y concepto jurídico indeterminado, p. 251.
  • Dilaciones indebidas y doctrina judicial, pp. 248, 249-50.
  • Dimensión pública del procedimiento administrativo, p. 233.
  • Discapacitados y función pública, p. 179.
  • Discrecionalidad administrativa y control judicial, pp. 260, 261.
  • Discrecionalidad y desviación de poder, p. 84.
  • Discrepancia técnica en relación con órdenes dadas, p. 45.
  • Discriminación odiosa, p. 306.
  • Discriminación razonable, p. 306. Discriminación y celeridad en la tramita-
  • ción del procedimiento, pp. 306-7.
  • Discriminación, p. 142. Disgregación normativa, p. 120.
  • Distinción con la falta muy grave, p. 386.
  • Distinción entre ilícitos graves o muy graves del art. 31.1º.e) LMRFP de 1984, p. 330
  • Distinciones entre el derecho sancionador y disciplinario, p. 112.
  • Distinta aplicación de Derechos a la potestad disciplinaria y Derecho penal, p. 113.
  • Distribución o reparto de tareas, p. 80. División de poderes, p. 260.
  • Doble enjuiciamiento, p. 275.
  • Doble punibilidad en atención a la diferente relación jurídica, p. 373.
  • Documentos esenciales e imprescindibles, p. 383.
  • Dos fases en el procedimiento disciplinario, pp. 483-4.
  • DSM IV, p. 175.
  • Dualidad de sanciones cuando concurra relación jurídica diferente entre sancionador y sancionado, p. 287.
  • Dualidad de sanciones con dualidad de bienes jurídicos a proteger, p. 284.
  • Dualidad sancionadora sobre un funcionario e infracción del principio de igualdad, pp. 285-6.
  • Duración de la sanción, pp. 436, 437.
  • Duración de la suspensión firme, p. 443.
  • Duración del procedimiento, p. 457.

E

  • Efectiva ofensa al bien jurídico tutelado por la norma sancionadora, p. 121.
  • Efecto psicológico como causa de inimputabilidad, p. 183.
  • Efectos jurídicos derivados de la situación de suspensión de funciones, pp. 447-8.
  • Eficacia como principio material de actuación, p. 77.
  • Eficacia de la obediencia debida, p. 375.
  • Eficacia del error invencible, pp. 188-9.
  • Eficacia y principio de organización, p. 77.
  • Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, p. 73.
  • EFQM (European Foundation for Quality Management), p. 71.
  • Ejecución de sentencia, p. 424.
  • Ejecución del principio de confianza legítima, p. 162.
  • Ejercicio legítimo de un derecho como excluyente de la antijuridicidad, p. 148.
  • Ejercicio legítimo de un derecho y derechos fundamentales, p. 148.
  • Ejercicio de un derecho y autorización administrativa, p. 147.
  • Ejercicio legítimo del cargo e interpretación lógica, p. 152.
  • Ejercicio privado de la medicina, p. 348.
  • El acto de incoación no implica lesión de derechos fundamentales, pp. 478-9.
  • El derecho al cargo junto al derecho al honor, p. 44.
  • El Derecho garantiza un mínimo de estabilidad para construir un proyecto personal o profesional, p. 156.
  • El ejercicio de oficio o cargo como exclusión de la antijuridicidad, pp. 151-2.
  • El fichaje como pobre y anodina fuente fiable de control horario del funcionario, p. 401.
  • El funcionario como instrumento del político, p. 30.
  • El hecho de fama pública, p. 206.
  • El instructor del expediente disciplinario como juez y parte, p. 167.
  • El procedimiento disciplinario no es un procedimiento judicial, p. 167.
  • Elemento finalista de lo disciplinario, p. 44.
  • Elementos de la eximente de ejercicio legítimo de un derecho, p. 149.
  • Elementos del abandono de servicio, pp. 310-1.
  • Embriaguez del funcionario, p. 398.
  • Embriaguez plena y embriaguez fortuita o casual, p. 177.
  • Embriaguez: Requisitos, p. 178.
  • Emisión de actos resolutorios de contenido positivo, p. 324.
  • Empleo medios de defensa por el funcionario público, p. 209.
  • Empleo medios materiales y personales para el ejercicio de actividades no relacionadas con el servicio, p. 369.
  • Enajenación mental, p. 174. Enumeración, pp. 361-2.
  • Equilibrio entre las medidas adaptadas y los fines perseguidos, p. 289.
  • Equipos de alto rendimiento, p. 48. Error de Derecho invencible, p. 184.
  • Error de derecho o el error de hecho como causa excluyente del dolo, p. 183.
  • Error de derecho vencible, p. 184. Error de hecho, p. 136.
  • Error de prohibición y carácter vencible del error, p. 187.
  • Error de prohibición, p. 184.
  • Error de prohibición: notas jurisprudenciales, pp. 186-7
  • Error de tipo y el error de prohibición, pp. 183-4.
  • Error invencible como excluyente de la culpabilidad, p. 185.
  • Error invencible como excluyente de la culpabilidad: elementos, pp. 185-6.
  • Error invencible y modificaciones no notificadas a los contribuyentes, p. 189.
  • Error protección de intereses generales, pp. 184-5.
  • Error tipo y error de prohibición, p. 185. Error vencible e invencible, p. 185.
  • Error y su aplicación al Derecho disciplinario, p. 184.
  • Escrito de descargo, garantizando el principio de contradicción y el principio de defensa, p. 501.
  • Estado de necesidad en el Derecho disciplinario, p. 139.
  • Estricta y concreta definición de la conducta, p. 116.
  • Ética pública, p. 71.
  • Evadir los sistemas de control del trabajo, p. 407.
  • Evolución del principio de subordinación a la autoridad judicial, p. 260.
  • Excedencia voluntaria por interés particular de funcionario sancionado, pp. 452- 3.
  • Excelencia gestora, p. 71.
  • Exceso de celo profesional, p. 66.
  • Exceso de los 12 meses y caducidad, p. 457.
  • Exceso en el ejercicio de potestades administrativas, p. 367.
  • Exceso en la crítica y en la desconsideración causada más allá del motivo que lo produce, p. 382.
  • Exclusión de conductas dolosas, p. 410.
  • Exclusión de la analogía peyorativa, pp. 268-9.
  • Exclusión de la antijuridicidad, p. 140. Exclusividad jurisdiccional, p. 42.
  • Exención de responsabilidad disciplinaria excluye la responsabilidad civil, p. 130.
  • Exigencias prácticas en la modulación normativa de Derecho disciplinario, p. 98.
  • Exigibilidad de otra conducta distinta, p. 183.
  • Expectativa razonable, p. 163.
  • Expediente disciplinario como prueba en procedimiento judicial, p. 245.
  • Expediente disciplinario de funcionario de la AGE en la Administración Local, p. 422.
  • Extender efectos negociables a su nombre con perjuicio a la Administración, p. 328.
  • Extensión a los estatutos de Autonomía, p. 298.
  • Extensión, p. 141.
  • Extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria, p. 443.

F

  • Facultad disciplinaria sobre los titulares y funcionarios de su órgano, p. 81.
  • Falta de asistencia hasta 10 horas al mes, p. 406.
  • Falta de asistencia injustificada de un día, p. 408.
  • Falta de colaboración con la inspección, p. 256.
  • Falta de justificación apropiada, p. 406.
  • Falta de legitimación del denunciante para intervenir en el procedimiento disciplinario, pp. 462, 463-5.
  • Falta de malicia e intencionalidad del funcionario en la comisión de la infracción, p. 343.
  • Falta de necesidad de la defensa y falta de proporcionalidad en los medios, p. 134.
  • Falta de probidad moral, p. 298.
  • Falta de rendimiento con afectación al servicio, p. 336.
  • Falta de rendimiento la comisión imperfecta del abandono de servicio, p. 387.
  • Falta de toma de posesión del puesto de trabajo y abandono de servicio, pp. 316- 8.
  • Falta de toma de posesión y excedencia forzosa por interés particular, p. 445.
  • Faltas graves cometidas atentan a bienes jurídicos semejantes o diferentes, pp. 359- 60.
  • Fases de instrucción y resolución, p. 457. Fidelidad a la CE, p. 300.
  • Figuras jurídicas paralegales en la regulación del Derecho disciplinario, p. 99.
  • Fijación de los hechos en el acto de incoación, p. 488.
  • Fijación de servicios mínimos, p. 352.
  • Finalidad del Derecho disciplinario, p. 31.
  • Finalidad del precepto, p. 351.
  • Firmeza de la sanción y suspensión de funciones, p. 433.
  • Flexibilidad en la exigencia del principio de reserva de ley, p. 95.
  • Flexibilidad horaria, p. 393.
  • Frustración de las políticas públicas de gestión de personal, p. 71.
  • Fuentes normativas de las órdenes de servicio, pp. 109, 111.
  • Fuerza obligatoria del principio de confianza legítima, p. 155.
  • Fumus boni iuris, p. 518.
  • Funcionario que no pertenezca al Ministerio en donde se incoe el expediente, p. 503.
  • Funcionario de Cuerpo de Veterinaria ejerciendo dos puestos de trabajo, p. 348.
  • Funcionario imposibilitado de cumplir las obligaciones funcionariales, p. 307.
  • Funcionario público y restricción de derechos fundamentales, p. 63.
  • Funcionario público que con prevalecimiento de su cargo obtiene un beneficio para sí o para terceros, p. 368.
  • Funcionario público sancionado en Comunidad Autónoma, pp. 427-8.
  • Funcionario que designado para los servicios mínimos no los realizara, p. 353.
  • Funcionario que es titular de farmacia, p. 345.
  • Funcionario que no haga sus tareas y deban ser realizadas por otros, p. 338.
  • Funcionario que se ha quedado dormido en su puesto de trabajo, p. 388.
  • Funcionario sometido al interés general y libertad de expresión, p. 382.
  • Funcionario suspenso que insta el reingreso, pp. 451-2.
  • Funcionario titular de farmacia, p. 390.
  • Funcionarios docentes universitarios y se-
  • paración del servicio, p. 429.
  • Funciones del empleado determinadas en la RPT, p. 409.
  • Fundamento de los tribunales, pp. 276-7.
  • Fundamento de la sanción disciplinaria, p. 192.
  • Fundamento del principio de confianza legítima, p. 156.
  • Fundamento, p. 141.

G

  • Garantías constitucionales y potestad disciplinaria, pp. 90-1.
  • Garantías penales a funcionarios, p. 47.
  • Garantías procesales específicas, p. 212.
  • Gestión de la potestad disciplinaria por la Administración Pública, p. 46.
  • Gestión deficiente de los servicios públicos, p. 48.
  • Gestión objetiva, p. 66.
  • Gestiones independientes en unidades similares, p. 82.
  • Graduación de la sanción: circunstancias, p. 384.
  • Graduación del ius puniendi, p. 64.

H

  • Hechos alegados por las partes, tanto del mundo exterior como interior, p. 204.
  • Hechos diferentes a los originales, p. 236.
  • Hechos realizados por un mismo sujeto ya sancionados previamente, p. 358.
  • Hoja de servicios, p. 455.
  • Honor, personalidad y dignidad, pp. 43, 45.
  • Horas perdidas, p. 392.
  • Hurto funcionarial sobre instrumentos ajenos a su trabajo, p. 398.

I

  • Identidad de los hechos a efecto de cómputo de sanciones, p. 357.
  • Identidad ilícito penal y administrativo, pp. 40, 41.
  • Identificación de los hechos imputables, p. 490.
  • Igualdad ante la ley e igualdad en la aplicación de la ley, p. 143.
  • Igualdad de trato, p. 144. Igualdad, p. 143.
  • Ilicitud de la orden, p. 146.
  • Imparcialidad a la actuación debida por los funcionarios públicos, p. 253.
  • Impedir el ejercicio de huelga, p. 354.
  • Implica una eficaz y positiva infidelidad a la CE, p. 300.
  • Importancia de los bienes jurídicos y ejercicio de la potestad punitiva, p. 124.
  • Imposibilidad que unos mismos hechos existan y dejen de existir para la Administración, p. 279.
  • Imposibilidad de interpretación extensiva, p. 116.
  • Imposibilidad que la Administración condene sin pruebas, pp. 243-4.
  • Imposible o difícil reparación, p. 529.
  • Imprecisión y falta de perspicuidad causan nulidad de actuaciones, p. 490.
  • Impugnabilidad a través del cauce de derechos fundamentales, p. 474.
  • Impugnabilidad del acto de incoación, p. 474.
  • Impulso de oficio en todos sus trámites, p. 457.
  • Inalterabilidad de los hechos cuando sea notificada la incoación, p. 240.
  • Inasistencia por presentación del parte médico, p. 391.
  • Incapacidad temporal como servicio activo, p. 350.
  • Incapacidad temporal excluye el abandono de servicio, pp. 311-2.
  • Incoación del procedimiento disciplinario por unos hechos que no resultaron probados, p. 465.
  • Incomparecencia del funcionario en expediente disciplinario, p. 321.
  • Incompatibilidad de caracteres con el superior y abandono de servicio, p. 312.
  • Incompatibilidad del funcionario en otras actividades ajenas a la pública, p. 342.
  • Inconstitucionalidad del ilícito, p. 360. Incorrección con el público, superiores,
  • compañeros o subordinados, p. 408.
  • Incorrección, p. 378.
  • Incumplimiento de edicto de la Alcaldía, p. 410.
  • Incumplimiento de las tareas de informar al Director Provincial, p. 335.
  • Incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución, p. 398.
  • Incumplimiento del procedimiento de incompatibilidad, p. 390.
  • Incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave, pp. 405.
  • Indefensión en la notificación mediante edictos, p. 199.
  • Indefensión formal y material, pp. 221-2.
  • Indemnizaciones, p. 454.
  • Independencia del Derecho penal administrativo, pp. 38, 39.
  • Indeterminación de los hechos, p. 235. Indiferenciación entre derecho penal y
  • Derecho disciplinario, p. 91.
  • Indiferenciación entre el Derecho Penal y el Derecho Penal de la Administración, p. 40.
  • Ineficacia jurídica absoluta de las pruebas obtenidas infringiendo aquellos derechos y libertades, p. 222.
  • Ineficacia probatoria de la información reservada, pp. 225, 226.
  • Inejecución de la sanción: órgano competente, p. 513.
  • Infidelidad y contenido político, p. 300.
  • Inflexión de los principios de legalidad y reserva de ley, p. 62.
  • Información reservada, p. 225.
  • Información reservada e indefensión, pp. 226-7.
  • Información reservada no forma parte del procedimiento disciplinario, p. 472.
  • Información reservada podrá realizarse o verbalmente o por escrito, p. 471.
  • Información reservada y acto de trámite, p. 472.
  • Información reservada y dignidad del funcionario, p. 66.
  • Información reservada y manipulación, pp. 228-9.
  • Información reservada y protección de datos reservados, pp. 227, 228.
  • Informes no ratificados, p. 500. Infracción a la ética profesional, p. 325.
  • Infracción del derecho de defensa cuando se rechacen pruebas de hechos decisivos, p. 210.
  • Infracción de derechos fundamentales, p. 299.
  • Infracción del derecho al cargo del art. 23.2º CE, p. 69.
  • Infracción y sanción no es facultad discrecional de la autoridad sancionadora, p. 493.
  • Ingreso en cuenta corriente de dinero público, p. 399.
  • Inhabilitación especial, p. 443.
  • Inicio del cómputo cumplimiento condena, p. 423.
  • Inicio del procedimiento disciplinario, p. 461.
  • Injusto disciplinario específico, 125. Injusto penal específico, p. 125.
  • Inspecciones de servicios y dependencia jerárquica, p. 73.
  • Instrucción, p. 487.
  • Instrucciones y Reglamentos, p. 109.
  • Integridad moral y dignidad, p. 289.
  • Integridad moral y física y derecho a la salud, pp. 289-90.
  • Intención de minusvaloración personal, p. 379.
  • Intencionalidad frustrada del funcionario, p. 380.
  • Interés de la Administración Pública e interés general de la sociedad, p. 416.
  • Interés legítimo, p. 467.
  • Interés social de los ciudadanos, p. 75.
  • Interposición de recurso contencioso-ad-ministrativo y efecto suspensivo, p. 427.
  • Interpretación extensiva, pp. 268, 270. Interrupción de las faltas, p. 296.
  • Intervención de abogado, p. 224.
  • Intervención de funcionarios en procesos electorales, p. 339.
  • Intervención del instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas, p. 501.
  • Intervencionismo de la Administración en detrimento de los derechos fundamentales, p. 259.
  • Intoxicación por drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, p. 177.
  • Intoxicación fortuita, p. 177.
  • Intoxicación y síndrome de abstinencia, p. 176.
  • Irrevocabilidad de las situaciones subjetivas consentidas, p. 160.
  • Ius puniendi y potestad sancionadora, p. 111.

J

  • Jerarquía como principio de organización, p. 80.
  • Jerarquía derivada del Derecho Canónico, p. 80.
  • Jornada de verano, p. 395. Jornada laboral, pp. 394-6.
  • Judicialización de la potestad disciplinaria, p. 45.
  • Juicio de valor sobre la proporcionalidad entre elementos concurrentes p. 134.
  • Juicio justo, p. 193.
  • Junta de Personal: Faltas muy graves y deber de ser oída, p. 533.
  • Juramento o promesa de acatamiento a la CE, p. 302.
  • Justificación de ausencias, p. 396. Justificación de la ausencia, p. 407.
  • Justificar inexistencia de notificación, p. 482.

L

  • La abstención y recusación se interpondrán ante la autoridad que acordó el nombramiento, p. 481.
  • La Administración debe facilitar copia de documentos contenidos en los procedimientos que les afecten, p. 486.
  • La denuncia como acto de información o de excitación de potestades de oficio, p. 462.
  • La desidia o falta de autoridad de los superiores, p. 374.
  • La falta de rendimiento no debe ser notorio, p. 387.
  • La notoriedad, pp. 205, 206-7.
  • La obediencia debida como causa de exclusión de la antijuridicidad, p. 145.
  • La pena no debe sobrepasar la medida de la culpabilidad, p. 166.
  • La potestad disciplinaria como pretexto de una represión política, p. 30 .
  • La propuesta de resolución determina los ilícitos y las sanciones a imponer, p. 502.
  • La resolución deberá resolver todas las cuestiones planteadas, p. 505.
  • La suspensión firme como situación administrativa, pp. 442-3.
  • La tipicidad vincula a la Administración Pública, p. 116.
  • Las infracciones y sanciones disciplinarias deben estar perfectamente descritas y predeterminadas, p. 116-7.
  • Las presunciones legales no son reglas especiales sobre la carga de la prueba, p. 205.
  • Lealtad y compromiso dentro de la organización pública, pp. 392, 393.
  • Legalidad del acto administrativo no altera la carga de la prueba, pp. 244-5.
  • Legislación vigente en el art. 25.1º CE, p. 97.
  • Legítima defensa y conducta intempestiva, p. 131.
  • Legítima defensa y causas de exclusión de la culpabilidad, p. 129.
  • Legítima defensa y estado de necesidad, p. 135.
  • Legítima defensa y génesis de la agresión, p. 132.
  • Legitimación en la acción tipificadora, p. 44.
  • Lesión a la dignidad del funcionario público, p. 398.
  • Lesión a la integridad moral del art. 15 CE, p. 68.
  • Lesión a los derechos al honor, intimidad y dignidad, p. 228.
  • Lesión del art. 14 CE que instaura la igualdad y la prohibición de sufrir discriminación, p. 67.
  • Lesión a principios de legalidad y tipicidad de las sanciones, p. 282.
  • Lesiones ínfimas, de muy pequeña repercusión, de ninguna o excesivamente escasa potencialidad ofensiva, p. 121.
  • Ley anterior a la infracción, p. 266. Ley de Incompatibilidades, p. 389. Ley formal, p. 99.
  • Ley ordinaria, p. 102.
  • Ley orgánica en la regulación del Derecho disciplinario, pp. 99, 101.
  • Ley orgánica y Derecho disciplinario, p. 96.
  • Ley orgánica, p. 101.
  • Ley y Reglamento y su distinta funcionalidad en el Derecho disciplinario, p. 103.
  • Ley y remisión reglamentaria, p. 101. Leyes penales en blanco, p. 263.
  • Libertad de expresión y Tratados internacionales, p. 381.
  • Libertad de expresión, p. 381.
  • Libre separación del servicio y la cesantía, p. 43.
  • Limitación del plus de protección, p. 271. Limitaciones al derecho a no declarar con-
  • tra sí mismos, p. 259.
  • Límites a la potestad sancionadora y disciplinaria, p. 260.
  • Logística para el ejercicio de las funciones, p. 71.
  • Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba, p. 496.
  • Los medios dañados deben tener titularidad pública del órgano administrativo, p. 384.

M

  • Management directivo, p. 363. Mandatos jurídicos obligatorios, p. 144.
  • Mantenimiento de instrucciones y órdenes contrarias a la buena marcha del servicio, p. 369.
  • Materializa el principio acusatorio en la órbita administrativa, p. 488.
  • Máxima libertad del individuo y el mínimo de intervención del Estado, p. 124.
  • Máximas de experiencia y falta de alteridad en el procedimiento disciplinario, p. 207.
  • Máximas de experiencia y exención de su prueba, p. 208.
  • Mecánica y actuación de la prohibición del bis in idem, pp. 280-1.
  • Medidas cautelares innominadas, pp. 520- 2.
  • Medidas cautelares, pp. 516-8. Medidas de control horario, p. 403. Medios de prueba, pp. 496-8.
  • Medios jurídicos y materiales, p. 76. Medios probatorios, pp. 237, 238.
  • Medios que puedan ser obtenidos por otros procedimientos, p. 383
  • Miedo insuperable como causa de exclusión de la inculpabilidad, p. 181.
  • Miedo insuperable y anulación de la voluntad del agente, p. 182.
  • Mínimo normativo para su regulación, p. 352.
  • Mínimos derechos del acusado, p. 193.
  • Mínimos posibilitadores de la defensa del acusado, p. 193.
  • Ministro y titular de la potestad disciplinaria conforme LOFAGE, pp. 460-1.
  • Moción razonada de los subordinados y la denuncia, p. 461.
  • Modificación en la calificación de los hechos, p. 241.
  • Modulación de los principios penales al Derecho disciplinario, p. 103.
  • Motivación in aliunde, p. 506.
  • Motivación de la suspensión provisional, pp. 435-6, 441.
  • Motivación de la no incoación del expediente sancionador, p. 479.
  • Motivación de la resolución, pp. 338, 506. Motivación de la suspensión de funciones,
  • p. 439.

N

  • Naturaleza cautelar, p. 438.
  • Necesidad de probar los hechos, p. 205.
  • Necesidades organizativas y restricción de derechos fundamentales, p. 31.
  • Negativa del centro de registrar documentos presentados por los ciudadanos, pp. 400-1.
  • Non bis in idem y teorías de especial sujeción, p. 283.
  • No descripción suficiente del tipo y consecuencia de esa negligencia, p. 119.
  • No hay pena sin culpabilidad, p. 166.
  • No justificar todas las ausencias, p. 391.
  • No podrán ponderarse hechos diferentes de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, p. 506.
  • No se castiga a quien se halle en una situación de incompatibilidad, solo el incumplimiento de los plazos, p. 389.
  • Nombramiento de instructor y eventualmente secretario, p. 473.
  • Nombramiento de Instructor por el Subsecretario, p. 480.
  • Nombramiento del Secretario, p. 481. Normativa de las faltas, pp. 293-5.
  • Normativa del derecho a no declarar contra sí mismo, pp. 255-6.
  • Normativa reguladora de la potestad disciplinaria, p. 49.
  • Notificación al inculpado concediéndole un plazo de 10 días para su contestación, pp. 493, 494.
  • Notificación conforme a Derecho, p. 198.
  • Notificación de la propuesta de resolución, pp. 239, 503.
  • Notificación de las faltas, p. 296.
  • Notificación del nombramiento de Instructor y Secretario, p. 481.
  • Notoria inhibición de las tareas encomendadas, art. 31.1º.f) LMRFP de 1984, p. 332.
  • Notoriedad y conocimiento público de la segunda actividad, p. 344.
  • Nulidad absoluta, p. 235.
  • Nulidad del procedimiento por faltar la propuesta de resolución, p. 235.
  • Nulla poena sine crimine, nullum crimen sine lege y nulla poena et nulum crimen sine iudicio, p. 232.
  • Nulla poena sine lege, p. 87.
  • Nulo riesgo para el bien jurídico protegido, p. 121.

O

  • Obediencia debida solo a la Ley, p. 376. Obediencia jerárquica y principio de lega-
  • lidad, p. 376.
  • Obediencia y respeto, p. 375. Objetividad y ética pública, pp. 253-4.
  • Objetividad e imparcialidad en la tramitación del expediente disciplinario, pp. 252-3, 255.
  • Objetividad exigible a la actuación de la Administración Pública, p. 253.
  • Objeto de la prueba, p. 204.
  • Omisión de trámite esencial, p. 234.
  • Opción por los tribunales, p. 113.
  • Oportunidad y Reserva de ley, p. 97.
  • Orden conminatoria del superior, p. 146. Orden del superior como un acto adminis-
  • trativo, p. 365.
  • Orden en ejercicio de competencia legalmente reconocida, p. 146.
  • Orden injusta y su nula vinculación, p. 147.
  • Órdenes de servicio e instrucciones, pp. 108-11.
  • Organización administrativa y acomodación a las necesidades de los ciudadanos, p. 76.
  • Órgano ad hoc encargado de fiscalizar las infracciones disciplinarias, p. 36.
  • Órgano competente para la información reservada, p. 470.
  • Órganos competentes para la imposición de sanción, p. 510.
  • Órganos directivos, p. 73.
  • Órganos superiores de la Administración Pública, p. 73.
  • Origen del principio de legalidad, 85.

P

  • Paralización forzada en el centro de trabajo, p. 397.
  • Parcialidad del instructor, pp. 483, 484-5.
  • Penas humillantes, sufrimiento, envilecimiento o infracciones del art. 15 CE, p. 289.
  • Pérdida de la condición de funcionario público, pp. 423, 424.
  • Pérdida del puesto de trabajo, p. 443.
  • Pérdida o devaluación del estatus dentro de la organización, p. 363.
  • Perjuicio a la Administración Pública o provecho propio, p. 389.
  • Perjuicio grave a la Administración, pp. 326, 327.
  • Perjuicio irreparable y suspensión de funciones, pp. 448-9.
  • Personal sanitario no jerarquizado de la Seguridad Social que realiza segunda actividad, p. 346.
  • Pertinencia de las pruebas, pp. 210-11.
  • Pertinencia y relevancia de las pruebas propuestas, pp. 220, 221.
  • Perturbación anímica, pp. 181-2. Petición de reingreso, pp. 446-7.
  • Plazo para la ejecución de la sanción, p. 513.
  • Pliego de cargos e imposibilidad de acusación implícita ni tácita, p. 490.
  • Pliego de cargos sustitutivo del trámite de audiencia, pp. 199-200.
  • Pliego de cargos sustituye el trámite de audiencia, p. 488.
  • Pliego de cargos y acotación de los ilícitos, p. 489.
  • Pliego de cargos y contenido, p. 237. Pliego de cargos y denuncia, pp. 235-6. Pliego de cargos y denuncia, pp. 492-3.
  • Pliego de cargos y descripción vaga de los hechos, pp. 491-2.
  • Pliego de cargos y materialización del principio inquisitivo, p. 489.
  • Pliego de cargos y plazo de emisión, p. 489.
  • Pliego de cargos y su contestación, 495.
  • Pliego de cargos y subsanación, p. 490.
  • Poder de control sobre la actuación de los órganos inferiores, p. 81.
  • Poder de impulso de la actividad, p. 80.
  • Poder de inspección y de vigilancia sobre la actividad de los inferiores, p. 80.
  • Poder de operar transferencias a los órganos inferiores, p. 81.
  • Poder de resolución sobre conflictos de atribuciones de los órganos inferiores, p. 81.
  • Poder de suplir a los titulares de los órganos inferiores, p. 81.
  • Polémica doctrinal sobre el cambio de residencia, pp. 445-3.
  • Politización patente en la organización pública, p. 471.
  • Ponderación de los intereses en conflicto, pp. 531, 532
  • Potestad administrativa de organización, p. 83.
  • Potestad disciplinaria en Alemania, Bélgica e Italia, p. 34.
  • Potestad disciplinaria y reserva de ley, p. 94.
  • Potestad disciplinaria como potestad de segundo plano de protección, p. 113.
  • Potestad disciplinaria como potestad devaluada, p. 66.
  • Potestad disciplinaria en Italia, pp. 35-6.
  • Potestad disciplinaria y derecho subjetivo, p. 88.
  • Potestad disciplinaria y estrategias gestoras, p. 47.
  • Potestad disciplinaria y organización de los servicios, p. 62
  • Potestad disciplinaria y potestad administrativa, p. 111.
  • Potestad doméstica y evolución doctrinal, 106.
  • Potestad organizativa y eficacia, p. 79. Potestad reglamentaria y Derecho disciplinario, p. 97.
  • Potestad sancionadora como instrumento represor en beneficio de intereses partidistas, p. 29.
  • Potestad sancionadora en los órganos jurisdiccionales, p. 92.
  • Potestad sancionadora e ius puniendi del Estado, pp. 168, 171-2.
  • Práctica de prueba sin notificación al expedientado, p. 499.
  • Precisión normativa en el reglamento disciplinario, p. 107.
  • Predeterminación de las conductas, p. 94. Predeterminación normativa, p. 94.
  • Predicción razonable de las consecuencias jurídicas de la conducta, p. 117.
  • Preeminencia del principio de legalidad, p. 91.
  • Prescindir total y absolutamente del procedimiento, p. 234.
  • Prescripción del procedimiento disciplinario, pp. 248, 249.
  • Presencia del inculpado en todas las pruebas ordenadas por el instructor con anterioridad a la emisión del pliego de cargos, p. 487.
  • Prestación de servicios de carácter no permanente durante suspensión de funciones, pp. 450-1.
  • Prestación de servicios en otra Administración o trabajo no supone abandono de servicio, p. 312.
  • Presunción de actos dictados conforme al ordenamiento jurídico no supone una presunción de oportunidad, racionalidad y buena gestión del servicio, p. 79.
  • Presunción de inocencia como presunción y no como derecho subjetivo, pp. 242-3.
  • Presunción de inocencia y negligencia, p. 248.
  • Presunción de inocencia, p. 165.
  • Presunción de inocencia y prohibición del
  • bis in idem, p. 273. Presupuestos de la jerarquía, 80.
  • Presupuestos para la presunción de inocencia, p. 242.
  • Previo requerimiento de la Administración a funcionario para su reincorporación, pp. 313-4.
  • Previsibilidad de las consecuencias jurídicas, p. 116.
  • Previsibilidad y evitabilidad, p. 167.
  • Principio a un proceso justo, p. 89.
  • Principio de confianza legítima, p. 224.
  • Principio de confianza legítima en relación con la buena fe y la creencia, p. 157.
  • Principio de confianza legítima y cambios normativos, p. 162.
  • Principio de confianza legítima y principio de seguridad jurídica, p. 161.
  • Principio de confianza legítima y salvaguarda de derechos, p. 163.
  • Principio de confianza legítima y su aplicación, p. 160.
  • Principio de culpabilidad y Derecho disciplinario, pp. 170-1.
  • Principio de economía procedimental, p. 225.
  • Principio de eficacia como sustrato normativo de la decisión, p. 78.
  • Principio de eficacia, p. 74.
  • Principio de eficiencia y principio de intervención mínima, p. 123.
  • Principio de eficiencia, pp. 74-5. Principio de igualdad, pp. 304, 305.
  • Principio de intervención mínima y gestión pública, p. 123.
  • Principio de jerarquía y su devaluación, p. 81.
  • Principio de jerarquía, pp. 362, 263. Principio de lealtad, p. 55.
  • Principio de legalidad y Estado de Derecho, p. 85.
  • Principio de legalidad y Tratados internacionales, p. 87.
  • Principio de legalidad y ámbito de actuación de la organización pública, p. 88.
  • Principio de legalidad y derecho al libre desarrollo de la personalidad, p. 165.
  • Principio de legalidad y garantía criminal, p. 86
  • Principio de legalidad y garantía disciplinaria, p. 86
  • Principio de legalidad y garantía judicial, p. 86.
  • Principio de legalidad y potestad doméstica, p. 106.
  • Principio de legalidad y principio de tipicidad, pp. 116-7.
  • Principio de legalidad y procedimiento disciplinario, p. 232.
  • Principio de legalidad y su atenuación, p. 62.
  • Principio de legalidad y valores constitucionales, p. 86.
  • Principio de legalidad, reserva de ley, tipificación, non bis in idem e irretroactividad, p. 92
  • Principio de legalidad, y su entidad jurídica superior a los principios de eficiencia y eficacia, p. 77.
  • Principio de organización, p. 363. Principio de proporcionalidad y corres-
  • pondencia entre hechos imputados y sanción, p. 288.
  • Principio de proporcionalidad y principio de prohibición del exceso, p. 289.
  • Principio de proporcionalidad y Principio general del derecho, p. 288.
  • Principio de proporcionalidad y Tratado de Roma, p. 288.
  • Principio de publicidad en la acción del Estado, p. 329.
  • Principio de responsabilidad objetiva o sin culpa, p. 169.
  • Principio de seguridad jurídica del art. 9.3º CE, p. 225.
  • Principio de seguridad jurídica, p. 191.
  • Principio de separación de poderes y Principio de reserva de ley, p. 97.
  • Principio de tipicidad y seguridad jurídica, p. 117.
  • Principio de tipicidad y vinculación a los órganos jurisdiccionales, p. 118.
  • Principio del mal menor, p. 30. Principio fiat ius, pereat vita, p. 37.
  • Principio general de la carga de la prueba, p. 243.
  • Principio general del derecho como fundamento de la prohibición del bis in idem, p. 272.
  • Principio general del derecho confianza legítima, p. 155.
  • Principio non bis in idem y delitos dolosos, p. 373.
  • Principios de autoridad y jerarquía, p. 31.
  • Principios de eficacia como el de autoorganización no poseen entidad superior al de legalidad ex art. 25.1º CE, p. 79.
  • Principios de eficacia y celeridad y potestad disciplinaria, p. 248.
  • Principios de legalidad y de reserva material de ley, p. 31.
  • Principios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en los ilícitos administrativos, pp. 168-9.
  • Principios esenciales y reglas conformadoras en el Derecho disciplinario, pp. 92, 93.
  • Privación de libertad, p. 191.
  • Privación de todos los honores, empleos y cargos públicos, p. 416.
  • Procedimiento administrativo de la separación del servicio, p. 420.
  • Procedimiento disciplinario y legitimación del denunciante, p. 466-7.
  • Procedimiento disciplinario y órgano jerárquico superior, p. 458.
  • Procedimiento disciplinario y recepción de los principios del derecho penal, p. 42.
  • Procedimiento especial disciplinaria ante la jurisdicción contencioso-administrativa, p. 114.
  • Procedimiento garantista con el derecho al cargo, 43.
  • Procesamiento penal y suspensión de funciones, p. 423.
  • Proceso formativo de las máximas de experiencia, p. 207-8.
  • Prohibición atinente a los métodos de investigación y a los medios probatorios, p. 223.
  • Prohibición de remisiones a reglamentos independientes y no subordinados a la Ley, p. 103.
  • Prohibición de la analogía en malam partem, p. 266.
  • Prohibición de la duplicidad de sanciones administrativas y penales, p. 279.
  • Prohibición de utilizar pruebas con vulneración de derechos fundamentales, p. 242.
  • Prohibición del bis in idem y triple identidad de sujeto, objeto y fundamento, pp. 281-2.
  • Prohibición del bis in idem, principio de proporcionalidad y cosa juzgada, p. 275.
  • Prohibición del bis in idem en ámbito penal y disciplinario, p. 284.
  • Prohibición del bis in idem y cosa juzgada, p. 273.
  • Prohibición del bis in idem y dignidad del funcionario, p. 274.
  • Prohibición del bis in idem y diversos procedimientos disciplinarios, p. 280.
  • Prohibición del bis in idem y principio de proporcionalidad, p. 274.
  • Prohibición del TC de crear un tipo autónomo y no analizarlo como reincidencia, pp. 358-9.
  • Prohibición extensión analógica de las infracciones, p. 267.
  • Prohibiciones probatorias y relaciones de especial sujeción, p. 224.
  • Prohibiciones probatorias, pp. 222, 223. Proporción hechos y sanción, p. 152.
  • Propuesta de resolución en plazo 10 días, p. 502.
  • Propuesta de resolución es un acto administrativo de trámite, p. 502.
  • Propuesta de resolución, p. 238. Propuesta de separación del servicio al
  • Consejo de Ministros, p. 421.
  • Propuesta de separación del servicio al MAP, p. 421.
  • Propuesta del instructor no carácter vinculante, pp. 507-9.
  • Proscripción dilaciones indebidas, p. 219.
  • Protección de derechos fundamentales, p. 453.
  • Protección de la apariencia del acto irregular, p. 163.
  • Protección de la apariencia jurídica, p. 163.
  • Protección de la confianza legítima, p. 160.
  • Protección de los medios que dispone la administración, p. 383.
  • Protección del ejercicio legítimo de la autoridad, p. 376.
  • Protección individual y la defensa del orden público, p. 135.
  • Protección penal de la integridad moral, p. 290.
  • Protección penal y administrativa de datos de carácter disciplinario, pp. 229-30.
  • Provecho propio como elemento de la infracción, p. 368.
  • Provisión en comisión de servicios cuyo titular está en suspensión provisional, pp. 445-6.
  • Prueba indiciaria, pp. 246-7.
  • Prueba material y prueba procesal, p. 204. Prueba y datos, p. 205.
  • Prueba y derechos fundamentales, p. 128.
  • Prueba y motivación de la Sentencia, p. 200.
  • Prueba y silogismo judicial, p. 200. Publicidad, p. 379.

Q

  • Quiebra de la teoría de las relaciones de especial sujeción, p. 32.

R

  • Reacción punitiva desproporcional, p. 277.
  • Realización de las pruebas, p. 487.
  • Régimen estatutario de la función pública y limitación a la discrecionalidad, p. 85.
  • Régimen disciplinario militar, p. 191.
  • Registro Central de Personal, p. 533.
  • Reglamento y Derecho disciplinario, p. 100.
  • Reglamento y determinación de las infracciones disciplinarias, p. 62.
  • Reglamento y habilitación legal, p. 62.
  • Reglamentos independientes, p. 98.
  • Reglas conformadoras, p. 93.
  • Regulación de las faltas leves, p. 405.
  • Rehabilitación a funcionarios locales, pp. 432-3.
  • Reincorporación del funcionario castigado con cambio de residencia, p. 453.
  • Reingreso y excedencia forzosa, pp. 443, 444.
  • Reingreso y excedencia voluntaria, p. 443.
  • Reiteración continuada en actos que supongan abandono de servicio, p. 313.
  • Relación de especial sujeción, p. 362.
  • Relación de Puestos de Trabajo, p. 71.
  • Relación directa entre la acción realizada y la norma sancionadora, p. 127.
  • Relación entre la prueba y la resolución del procedimiento disciplinario, p. 201.
  • Relaciones de autonomía-responsabilidad, p. 80.
  • Relaciones de especial sujeción y principio de legalidad penal, 104.
  • Relevancia, p. 236.
  • Remisión expediente disciplinario al órgano decisor, pp. 504-5.
  • Remoción de puesto de trabajo, p. 333.
  • Renuncia a su puesto de trabajo como causa de archivo de actuaciones disciplinarias, p. 321.
  • Renuncia de derechos y ámbito doméstico de la relación estatutaria, p. 64.
  • Renuncia de funcionario público, pp. 426- 7.
  • Represión banal, p. 123. Requiere desidia, dejadez, p. 409.
  • Requisito de causar grave daño a la función pública, p. 325.
  • Requisitos de la intoxicación plena, pp. 176-7.
  • Requisitos de la pertinencia de la prueba, p. 211.
  • Requisitos, pp. 141, 180-1, 324, 366-7. Reserva de ley en la UE, p. 65.
  • Reserva de ley tributaria, p. 103.
  • Reserva de ley y Derecho disciplinario, p. 96.
  • Resocialización del condenado, p. 192.
  • Resolución judicial motivada sobre la denegación de la prueba, p. 219.
  • Resolución administrativa arbitraria y lesión al derecho de defensa, p. 198.
  • Resolución administrativa y presunción de inocencia, p. 509.
  • Resolución de 2 de septiembre de 2002 sobre modelos de anotación en el Registro de Personal, p. 53.
  • Resolución de la Secretaría General del MAP de 20 de diciembre de 2005, p. 391.
  • Resolución final dictada en plazo 10 días, p. 505.
  • Resolución que ordena la apertura de un expediente sancionador es un mero acto de trámite, p. 481.
  • Responsabilidad disciplinaria y Derecho penal, p. 34.
  • Responsabilidad disciplinaria y management «burocrático», p. 34.
  • Responsabilidad disciplinaria y responsabilidad penal, p. 32.
  • Responsabilidad disciplinaria y sujeción especial, p. 31.
  • Responsabilidad disciplinaria y sus definiciones, p. 33.
  • Responsabilidad disciplinaria, derechos constitucionales y principios de derecho Penal, p. 34.
  • Responsabilidad penal y civil, pp. 284-5.
  • Retroacción de actuaciones para imputar al funcionario público, p. 258.
  • Riña obligada o impuesta, en la que se aprecia la existencia de agresor y víctima, p. 131.

S

  • Sanción degradante, p. 289.
  • Sanción sin informar de la acusación, p. 237.
  • Sanciones graves y operación reglada, p. 291.
  • Secretario de Ayuntamiento, pp. 430, 431.
  • Secretismo administrativo, pp. 329, 330. Secretos oficiales, p. 331.
  • Segunda sanción administrativa sobre lesión del prestigio de la Administración Pública, p. 288.
  • Seguridad jurídica, p. 160.
  • Separación del servicio e inhabilitación absoluta, p. 422.
  • Separación del servicio en Corporación Local, pp. 430-1.
  • Separación del servicio y modificación normativa, p. 419.
  • Separación del servicio y procedimiento administrativo, p. 419.
  • Significado equívoco de la culpabilidad en el Derecho disciplinario, p. 171.
  • Silencio de la Administración Pública, p. 155.
  • Silencios del miedo en la Administración, p. 471.
  • Sistema de incompatibilidades, pp. 341-2.
  • Situación administrativa y cumplimiento de la sanción, pp. 414-5.
  • Sordomudo, p. 179.
  • Subdelegados del gobierno y potestad disciplinaria, p. 460.
  • Subordinación a la autoridad judicial, p. 260.
  • Subordinación de la Administración al Poder judicial: características, p. 261.
  • Subsecretaría del Ministerio como órgano titular de la potestad disciplinaria, p. 459.
  • Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario, p. 459.
  • Subsunción per legem subsequentem, p. 127
  • Sujeción especial de la Administración, p. 224.
  • Sumisión de la potestad disciplinaria al principio de legalidad, p. 46.
  • Suspensión de la sanción e incapacidad temporal, p. 516.
  • Suspensión por tiempo inferior a la prescripción de la sanción, p. 516.
  • Suspensión de funciones y constitucionalidad de la medida, pp. 440-1.
  • Suspensión de la suspensión provisional, pp. 449-50.
  • Suspensión del acto entre la solicitud de suspensión y decisión del órgano jurisdiccional, p. 519.
  • Suspensión del procedimiento cuando concurre letrado, p. 231.
  • Suspensión del procedimiento disciplinario, p. 285.
  • Suspensión provisional y excedencia voluntaria, p. 450.
  • Suspensión temporal de la sanción, pp. 513-5.
  • Sustracción de la responsabilidad disciplinaria a la autoridad administrativa, p. 35.

T

  • Talento: detección y la retención, p. 392.
  • Taxatividad, concreción y precisión en la definición del ilícito disciplinario, p. 272.
  • Técnicas directivas que potencian el elemento humano, p. 123.
  • TEDH, p. 305.
  • Teoría de la insignificancia jurídica, p. 121. Teorías sobre el término legislación vi-
  • gente, p. 98.
  • Término «acuerdos», p. 324. Término «manifiesta», p. 325. Término «ostensible», p. 333.
  • Término para solicitar el reingreso al servicio activo, p. 443.
  • Thema probandum, p. 204.
  • Tiempos medios de productividad de la unidad, p. 387.
  • Tipicidad como garantía material, pp. 116, 117.
  • Tipicidad y garantía formal, p. 117. Tipicidad y garantía que los ciudadanos ac-
  • túen sin temor a represalias, pp. 117, 119
  • Tipicidad: art. 25.1º, p. 116. Tipo in rigor exhaustivo, p. 126. Tipos de sanciones, pp. 413-4.
  • Tipos genéricos e infracciones difusas o indeterminadas de deberes, p. 118.
  • Titularidad de la potestad disciplinaria, p. 29.
  • Tolerancia o actitud pasiva ante el comportamiento irregular de sus subordinados, p. 374.
  • Toma de declaración del imputado, p. 237.
  • Toma de posesión de puesto asignado provisionalmente, pp. 444-5.
  • Toma de posesión y renuncia de derechos, p. 64.
  • Tortura, p. 304.
  • Trabajo como expresión de existencia, p. 66.
  • Trabajo y dignidad del hombre, p. 66. Trámites propuestos para preservar el de-
  • recho de defensa, p. 199.
  • Transformación del derecho al puesto de trabajo por el deber al puesto de trabajo, p. 44.
  • Transparencia administrativa, p. 329. Trastorno mental transitorio, p. 174.
  • Tratados internacionales de la presunción de inocencia, p. 241.
  • Tratados internacionales y derecho a la defensa, p. 193.
  • Tribunales de honor, p. 41. Tutela de orden general, p. 38.
  • Tutela del orden interno de la administración, p. 38.

V

  • Vacaciones y suspensión firme de funciones, p. 446.
  • Valor constitucional de la dignidad, p. 398.
  • Vehículo oficial para usos particulares como abuso de autoridad, p. 369.
  • Vinculación de los hechos probados en otras jurisdicciones, p. 262.
  • Violación de la neutralidad o de la independencia política, p. 340.
  • Violación del principio de reserva de ley, p. 65.
  • Violencia moral, p. 181. Visado, p. 504.
  • Vista del expediente al inculpado para alegaciones, p. 501.
  • Voluntad de incumplimiento, p. 365.
  • Voluntad decidida y firme de no llevarla a cabo, p. 366.
  • Voluntad del funcionario de incorporarse a su puesto de trabajo, p. 313.

Para seguir leyendo

  • Lorenzo de Membiela, J. B.: «Régimen disciplinario de los empleados públicos» (reseña), Sucesos Contemporáneos. Disponible en: membielaguitian.blogspot.com.
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 93 a 98. Disponible en: www.boe.es.

Publicado en este blog en agosto de 2018.

Infografía de la entrada «Régimen disciplinario de los funcionarios»
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Cómo citar esta entrada

Lorenzo de Membiela, Juan B.: «Régimen disciplinario de los funcionarios de carrera: análisis de la obra», Sucesos Contemporáneos. Disponible en: https://membielaguitian.blogspot.com/2018/08/regimen-disciplinario-de-los.html

Sobre el autor

Juan B. Lorenzo de Membiela

Juan B. Lorenzo de Membiela

Emblema de la Universitat de ValènciaDoctor en Derecho · Universidad de Valencia

Escudo de EspañaLetrado de la Administración de la Seguridad Social

Especialista en Derecho administrativo, empleo público, Derecho del trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Investiga la historia naval de la Monarquía hispánica —de la Gran Armada a Trafalgar—. Es autor de Estudios sobre Trafalgar: tempestad, marinos e imperio (Sevilla, 2019) y de una veintena de libros y 169 artículos científicos de Derecho público y del trabajo. Colabora en El Confidencial Digital y El Español. Desde este blog publica microensayos que contrastan los hechos con fuentes académicas y autorizadas.

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